El Gobierno pide permiso a Marruecos para entregar al juez las respuestas de Rabat sobre Ceuta
El Gobierno ha tenido que solicitar autorización a los servicios secretos de Marruecos para poder entregar a la Justicia española las comunicaciones que mantuvieron con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio. Así lo ha revelado El Español.
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de Félix Bolaños y Margarita Robles, la desclasificación de ocho informes del CNI y de cinco comunicaciones remitidas a la inteligencia marroquí. Las respuestas de Rabat, en cambio, quedan por ahora fuera del alcance de la magistrada María Tardón, que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de inmigrantes en territorio español.
El Ejecutivo ha levantado las partes ocultas de una comunicación enviada por el CNI el 29 de julio, en la que los agentes españoles alertaban de las convocatorias difundidas para entrar de forma masiva en Ceuta. También ha desclasificado otras cuatro notas remitidas a Marruecos durante agosto y septiembre. Los intercambios afectan a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) y a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), los dos principales organismos de inteligencia marroquíes.
El Gobierno justifica la limitación con la llamada «third party rule», una norma de cooperación entre servicios de inteligencia que impide transmitir información confidencial a terceros sin el permiso de quien la proporcionó. El CNI pidió formalmente esa autorización a Marruecos el 30 de octubre. En el acuerdo del Consejo de Ministros no consta que las autoridades marroquíes hayan respondido.
El Ejecutivo también ha autorizado a dos agentes del CNI a declarar como testigos ante la jueza, aunque sus comparecencias tendrán restricciones para proteger información sensible para la seguridad nacional. Además, entregará a la magistrada la relación de autoridades españolas que recibieron las alertas del CNI antes del 30 de julio.
Tardón había considerado insuficiente la documentación inicial y reclamó el 27 de octubre nuevos informes para determinar qué autoridades españolas fueron advertidas y qué decisiones adoptaron antes de los hechos. La investigación pretende esclarecer además la actuación de las autoridades marroquíes durante la crisis, un asunto en el que cuatro testigos han señalado a más de diez mandos marroquíes.
La desclasificación será parcial. El Gobierno ha rechazado publicar íntegramente un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), elaborado el 4 de agosto, porque contiene datos sobre herramientas operativas y procedimientos de ciberinteligencia cuya divulgación, según el Ejecutivo, podría comprometer la defensa nacional.
La causa sigue abierta para determinar si hubo responsabilidades en una crisis que el propio Pedro Sánchez calificó como una «violación de la integridad territorial de España».
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