Nacional Por: Impacto España Noticias20 de noviembre de 2026

La Comisión Europea avisa a España por trasponer mal la directiva sobre fraude

Bruselas ha enviado a España una carta de emplazamiento por no adaptar correctamente la directiva de 2017 que endurece las penas por malversar fondos europeos

La comunicación de la Comisión Europea llegó a España. La carta de emplazamiento es el último paso antes del dictamen motivado, que es la fase previa a la vía judicial. Madrid tiene ahora dos meses para corregir la trasposición de la norma comunitaria.

Bruselas ya abrió en 2021 un procedimiento de infracción contra España y otros siete países por la trasposición defectuosa de esta directiva, aprobada dos años antes. Según la Comisión, a los fallos detectados entonces se suman ahora una delimitación inadecuada del delito de malversación de fondos de la UE y unas penas de prisión inferiores a las que exige la legislación comunitaria.

La directiva obliga a los Estados miembros a fijar una pena máxima de al menos cuatro años de cárcel cuando haya «daños y perjuicios o ventajas considerables». La propia norma sitúa ese umbral por encima de los 100.000 euros malversados. El Código Penal español incluye supuestos, según la cantidad defraudada, que dejan los castigos muy por debajo de esa pena en algunos casos. Incluso podría ocurrir que el ingreso en prisión no llegara a hacerse efectivo por la aplicación de la suspensión de penas.

Otra diferencia está en la definición del delito. Europa exige fijar las penas sin distinguir el interés de quien comete la infracción, mientras que el Código Penal separa al que pretende quedarse con los fondos del resto de casos.

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La cuestión afecta a la investigación de la Fiscalía Europea sobre el destino del dinero empleado en renovar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El organismo informó el 6 de noviembre de que sus pesquisas se centran en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas. Los investigadores europeos registraron sus sedes en busca de pruebas de un «posible» delito.

Hay además una segunda investigación abierta. En marzo, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), la Fiscalía Europea anunció que rastrearía el dinero destinado al tramo donde ocurrió el siniestro.

Está por ver si estas investigaciones desembocan en un caso. De haber responsables, serían juzgados por tribunales españoles y con la ley española, ya que la UE carece de Código Penal propio. Por eso la trasposición de las normas comunitarias resulta determinante.

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