Perseguir y eliminar al disidente es la práctica más común por parte de todo régimen dictatorial que ha existido y existe. Esta situación se vuelve más siniestra cuando los perseguidos son jóvenes y eso es lo que pasó en la madrugada del 16 de septiembre de 1976 en Argentina, en la que fue llamada, la Noche de los Lápices.

 El Proceso
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas, apoyadas por parte del empresariado y de la Iglesia católica del país, perpetraron un golpe cívico-militar para derrocar al gobierno. Tras el golpe, los militares instalaron una Junta Militar compuesta por tres altos cargos militares, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla, que sería perseguido años después por la justicia internacional por todos los actos criminales que llevó a cabo su régimen, como el robo de bebés o el caso que nos ocupa.

La dictadura había llegado al país a causa de una crisis social que azotaba a Argentina. El Proceso de Reorganización Nacional, o comúnmente conocido como El Proceso, buscaba solucionar esa crisis que existía y empezaron por la crisis de los estudiantes.

 El año anterior, los estudiantes de Buenos Aires llevaron a cabo una serie de protestas, organizadas por la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), para reclamar que los estudiantes de secundaria pudieran disfrutar de descuentos en el transporte público en la capital argentina. El nuevo gobierno militar no olvidó esas protestas y las quiso hacer pagar.

 Terrorismo de Estado
Entre las noches del 16 y el 17 de septiembre de 1976, el gobierno de Videla ordenó al Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército argentino que organizara una operación para encontrar, detener y eliminar a los responsables de los desórdenes públicos que se habían vivido el año anterior por parte del movimiento estudiantil.

La policía de Buenos Aires secuestró, con completa impunidad, a Horacio Ungaro y a su amigo Daniel Alberto Racero, a Emilice Moler, a Claudio de Ancha, a Patricia Miranda, a Francisco López Muntaner, a María Clara Ciocchini y a María Claudia Falcone. En los días sucesivos, en la ciudad de La Plata se llevaron a cabo detenciones como la de Pablo Díaz o la de Gustavo Calotti. De todos estos estudiantes retenidos, solo Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilice Moler pudieron volver a sus casas, los demás no tuvieron la misma suerte.

 En 1985, tras la caída de la dictadura, el nuevo gobierno democrático inició una serie de juicios para esclarecer las atrocidades de la dictadura. El juicio que trataba la desaparición de los jóvenes estudiantes se llamó el Juicio de las Juntas. En ese Juicio, los estudiantes supervivientes dieron su versión de todo lo que fueron aquellos días en los que la policía los retuvo de manera injustificada.

Durante el juicio, también, salió a la luz un documento firmado por el comisario de policía de Buenos Aires del momento, y del coronel Ricardo Eugenio Campoamor. Ese documento se titulaba La Noche de los Lápices y relataba las acciones que debían llevar a cabo los agentes contra los estudiantes, tachados de “integrantes de un potencial semillero subversivo”.

Gracias al trabajo de investigación y a las pruebas recogidas, se determinó que los estudiantes desaparecidos habían sufrido una semana de torturas en lugares de detención ilegales y secretos y que, tras esas torturas, fueron llevados a lugares desconocidos donde fueron ejecutados.

 El 9 de diciembre de 1986, el juez condenó a los principales responsables del operativo, asesinó a amplias penas de prisión por varios delitos. Sin embargo, a día de hoy, los cuerpos de los estudiantes asesinados por el terrorismo de estado del El Proceso siguen en paradero desconocido. Muchos de ellos no tenían ni 18 años.

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