Las empresas e inversores que pleitean contra el Gobierno de Sanchez para que les pague las primas, retroactivamente revocadas, por las energías renovables han entrado, hace algunos meses, en la fase de embargo de los bienes del Estado español en el extranjero.
Las sentencias dictadas por tribunales de Reino Unido, Australia o EE.UU, en reconocimiento de los laudos emitidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, han abierto la puerta a incautar propiedades españolas por esto motivo y ningún bien está a salvo, incluido el Falcon.
No sería la primera vez que una aeronave de un país se pone bajo la lupa de los fondos de inversión perjudicados por la retirada retroactiva de los incentivos a la energía verde en nuestro país. De hecho, Argentina se vio obligada a enviar a su presidente Mauricio Macri a EE.UU. en vuelos regulares para evitar que un tribunal se hiciese con la aeronave oficial.
También hay un precedente del año 2011 que resulta de interés para determinar si, en el marco de los embargos que ya han comenzado al Gobierno de España, por parte de diferentes tribunales extranjeros, por los impagos de las primas a las renovables, el Falcon que utiliza el presidente Pedro Sánchez para sus desplazamientos puede quedar comprometido.
No en vano, «en julio de dicho año se desembocó en la incautación del avión oficial que empleaba el príncipe de Tailandia en sus traslados internacionales», apunta a El Debate el profesor, jurista y economista Niko Lavranos, autor del índice anual sobre incumplimiento de laudos arbitrales en materia de inversiones, en el que nuestro país comparte la primera posición junto con el régimen chavista de Venezuela.
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Teniendo en cuenta el nivel de incumplimiento de España en materia de laudos arbitrales, en nuestro país «están comprometidos los bienes del Estado» que, si alguno de los inversores interesa «podrían verse extendidos incluso, llegado el caso, a alguna de las aeronaves que el presidente del Gobierno utiliza en sus desplazamientos». Como, por ejemplo, el Falcon.
Y es que, a salvo de aquellos activos protegidos por inmunidad diplomática, como las embajadas, consulados u oficinas consulares y los vehículos de dicha naturaleza, que son a todos los efectos territorio español, los inversores lo tienen claro: «Cualquier bien es susceptible de ser embargable».
Por el mismo principio que compromete la posibilidad de exigir alguno de los Falcon o aeronaves que utiliza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como caución ante los tribunales por el impago de las renovables.
Podrían verse afectados otros tipo de naves como fragatas o buques de la armada, si están en aguas internacionales o, bien, si se están reparando en el extranjero. Y aquí cabe recordar que el Tribunal Supremo de Sidney (Australia) ya se ha dirigido contra la sucursal de Navantia en las antípodas. por la deudas del Estado.
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