Las páginas pornográficas, las grandes plataformas y los buscadores serán sancionados si se niegan a establecer mecanismos efectivos para verificar la edad de sus usuarios con el fin de impedir el acceso de los menores de 18 años a los contenidos para adultos y vetar la entrada a las redes sociales de los que tienen menos de 14 años.

Todas las tecnológicas estarán obligadas a implantar sistemas como el que ha desarrollado la Agencia Española de Protección de Datos y ha hecho suyo el Gobierno o a poner en marcha otras aplicaciones alternativas siempre y cuando sean eficaces en su cometido, no como las que existen ahora, que son muy fáciles de burlar por niños y adolescentes. El Gobierno confía en convencer a las compañías digitales para que colaboren en su proyecto antiporno de forma «voluntaria», pero no descarta adoptar «otro tipo de acciones» si se resisten.

Fuentes de Protección de Datos recuerdan que este organismo tiene «potestad sancionadora» ante un posible incumplimiento. De hecho, ya ha tomado medidas basándose en los poderes que le da el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, una normativa que contempla, desde su puesta en marcha en 2018, multas de hasta el 4% de la facturación anual de la empresa en todo el mundo.

 También el Reglamento de Servicios Digitales de la UE obliga a las grandes plataformas y motores de búsqueda a adoptar medidas para salvaguardar los derechos de los menores. Mientras que la Ley General de Comunicación Audiovisual, de 2022, establece que los prestadores del servicio de intercambio de vídeos deberán establecer «sistemas de verificación de edad» para «protegerlos».

La entidad dirigida por Mar España ha llevado a cabo tres procedimientos sancionadores contra tres empresas titulares de pornografía por «la falta de exactitud en la verificación de la edad y de privacidad desde el diseño». Dos de ellos concluyeron en 2021 con la imposición de una multa total de 525.000 euros a la empresa titular de Cumlouder.com, Serviporno.com, Soloporno.xxx, Porn300.com y Diverporno.com, así como con otra sanción de 75.000 euros en total a la responsable de Muyzorras.com.

En ambos casos, Protección de Datos vio «riesgo» de que los menores accedieran «directamente y sin limitaciones a un contenido perjudicial para ellos» porque «había mecanismos para declarar la edad, pero no para verificarla». En el tercer expediente, de 2022, sancionó a otra empresa con 193.600 euros porque, entre otras irregularidades, quedó «constatado que los mecanismos de declaración de la edad de los usuarios» se podían «eludir con facilidad».

Si ya se establecían sanciones, ¿para qué servirá el proyecto antiporno del Gobierno? Fuentes de Protección de Datos responden que, aunque existía la obligación legal, las empresas se escudaban en que no tenían otra forma de comprobar la veracidad de lo que autodeclaraban los usuarios respondiendo a la pregunta: «¿Eres mayor de edad?».

Pero ahora se les brinda un mecanismo diferente, en línea con los modelos de Francia y Reino Unido, que, según Protección de Datos, van a tener más difícil rehuir. «En cuanto el sistema esté lanzado, no habrá excusa posible», señalan estas fuentes.

«El objetivo del Gobierno es hacer efectivo el marco legal que prohíbe el acceso de menores a contenidos pornográficos, fomentar el uso responsable de internet entre los niños, niñas y adolescentes y garantizar su protección frente a las consecuencias del acceso a contenidos inadecuados para su edad», resumía ayer la referencia del Consejo de Ministros donde se estudió el Informe sobre protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en internet, una hoja de ruta para el proyecto antiporno del Gobierno que coordina el Ministerio de la Presidencia y en el que están trabajando seis departamentos.

Ahora el sistema de comprobación, que estará listo para antes de verano, será más riguroso porque obligará a todos los usuarios a enseñar su DNI físico u otro documento identificativo, que tendrán que cargar en una aplicación tipo cartera digital. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre intervendrá como intermediario «de confianza» para enviar a la web una denegación o un permiso de acceso a la página sin revelar ni almacenar ningún dato, con el fin de mantener la privacidad de los usuarios.

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 Obviamente, sigue habiendo vías alternativas que pueden permitir a los menores eludir este filtro. También se ha creado un debate respecto a la libertad individual que ampara a los adultos cuando consumen este tipo de contenidos, pues pueden sentirse cohibidos por tener que enseñar su DNI al principio del proceso. Igualmente pueden ser controvertidos los criterios en los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se basará para etiquetar las páginas «inapropiadas» para los menores.

Y está también el problema de cómo se va a obligar a las webs a pedir esa acreditación teniendo en cuenta que la mayoría está fuera de España. La norma europea dice que la competencia la tiene la autoridad del país, pero Protección de Datos explica que, si llega una reclamación de un ciudadano español, «hay sistemas de coordinación entre los Estados», por ejemplo, con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, donde tiene su base de operaciones buena parte de las grandes tecnológicas.

El cierre de páginas webs -una medida que sólo es posible con una intervención judicial- no se contempla, por lo menos en una primera fase. Fuentes del Gobierno señalan que «no se busca prohibir, sino que las empresas sean cómplices voluntarias en estas cuestiones». «Hay muchos asuntos que se han analizado en los que, si no existe el acuerdo con los agentes, será imposible atajar. La prohibición no es la solución o, al menos, no la única solución».

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