
Seis años de cárcel para el dirigente del PSOE que se gastó 32.566 euros en puticlubs
Impacto España Noticias
La Audiencia de Sevilla ha condenado al ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén a seis años de cárcel por los pagos en prostíbulos con tarjetas bancarias de la entidad, perteneciente entonces de la Junta socialista de Andalucía.
Villén, que en el año 2008 entró en la Ejecutiva del PSOE andaluz, dilapidó 32.566 euros en una docena de orgías en clubes de alterne. La ex directora económica financiera de la Faffe Ana Valls ha sido condenada a cinco años y tres meses de cárcel por su inestimable ayuda en el desvío de fondos públicos. El tribunal considera a ambos autores de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor.
Así figura en una sentencia emitida el 19 de septiembre por la Audiencia de Sevilla y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ambos fueron juzgados meses atrás por un jurado popular en un juicio en cuya primera jornada Villén reconoció haber pagado en clubes de alterne con su tarjeta de empresa, aunque aquello sólo ocurrió en «diez ocasiones» durante los siete años que estuvo al frente de la Faffe, según defendió.
Añadió además que «cuando uno está en un local de esos, uno toma copas y eso afecta a las facultades». El tribunal señala que realizó un total 40 pagos en prostíbulos con la tarjeta black de la entidad, nueve de ellos en un mismo día. «El acusado tenía una afición descontrolada por este tipo de establecimientos», remarca la sentencia.
La citada instancia judicial condena además a Villén a una multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público durante seis años, y a indemnizar a la Junta de Andalucía con 24.129 euros, resultado de restar al importe total de los gastos (32.566 euros) la devolución por parte del acusado de 8.437 euros el 25 de marzo de 2010.
Además, y de manera solidaria con la acusada, deberá indemnizar igualmente a la Administración autonómica con 6.300 euros. Ana Valls es condenada a una multa de 5.840 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público durante cinco años.
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No obstante, Villén aseguró en el juicio que siempre fue consciente de que debía «devolver» a la Faffe el dinero de todos aquellos usos «indebidos» de la tarjeta para gastos «injustificables» en prostíbulos. Según sus palabras, repuso el gasto de la tarjeta de su propio bolsillo. El socialista encuadró estas prácticas en la necesidad de «no alarmar» a su familia, para «evitar una situación complicada en casa».
Villén también mostró su «grado de arrepentimiento» por estos hechos. «He pedido disculpas en varias ocasiones. Arrastro un deterioro de mis relaciones personales, sociales y familiares y toda una depresión. Siento un arrepentimiento muy grande».
De su lado, la ex directora financiera de la entidad Ana Valls manifestó que antes de que estos gastos trascendiesen a los medios de comunicación, no sabía «nada», y cuando salieron a la luz sintió «un gran bochorno», al igual que el resto de la plantilla de la Faffe.
No obstante, según el fiscal Fernando Soto, delegado en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, durante el juicio quedó probado que el ex director de la Faffe «no ha devuelto esas cantidades». Soto le reprochó además que no dijese «con quién gastó» esos 32.566 euros de dinero público en clubes de alterne, callando qué «alto, medio o bajo cargo (de la Administración) o empresarios» le acompañaron en aquellas visitas a locales de citas como Don Ángelo, Top Show Girls, La Casita o la Sala Delux.
Cabe recordar que Villén figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del ex alcalde socialista de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García, de manera «injusta y arbitraria» y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre ambos.
También está investigado por la «contratación irregular, injusta y arbitraria» del concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.
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