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Las Cortes de Castilla y León han derogado con los votos del PP y de VOX la ley de memoria histórica, una norma que el vicepresidente, Alejandro Nolasco (VOX), tildó de «sectaria» y «sesgada», y que iba incorporada en el acuerdo para el Gobierno de coalición.
«Hoy por fin derogamos la sectaria y liberticida ley de memoria democrática de Aragón. Es un gran día para los amantes de la libertad», ha señalado el propio Nolasco en la red social X. La izquierda ha denunciado que el Ejecutivo «sigue la agenda de VOX».
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Ya en el Parlamento Nolasco afirmó que era «una ley totalitaria que impone un deber de opinión (…) sobre un determinado periodo de la historia de España».
«Conculca la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de cátedra. La memoria es subjetiva y personal; la historia es objetiva (…), y se basa en los hechos del pasado«, manifestó.
La bronca en el regreso de la actividad a las Cortes de Aragón estaba asegurada y la previsión no ha fallado. Derechas e izquierdas elevan el tono en el debate de derogación de la ley de memoria democratíca de la comunidad, primer paso tomado por PP y Vox para cumplir uno de sus acuerdos más polémicos de Gobierno. La derecha se atrinchera en la “igualdad” de las víctimas y en el respeto a la Constitución, mientras que la oposición adiverte de “la mimetización” de los populares con la ultraderecha y defiende la memoria con la ley nacional.
La diputada del Partido Popular, Ana Marín, fue la encargada de presentar la derogación, defendiendo la Constitución de 1978, que fue capaz de “servir a los españoles que vivieron el pasado, en una España convulsa, y para los del futuro, para que fuera mejor y vivir en libertad”. Marín ha afirmado que el PP denunciaba “una ley de memoria que discrimina a unas víctimas frente a otras, razón para ser derogada”.
“Si realmente la ley fuera igual para todas las victimas, habría sido mas correcto haber hecho un articulo único que considerase como victimas a todas las personas que fueron asesinadas o sufrieron daños sobre la guerra civil o la dictadura franquista”, ha defendido Marín, que también ha insistido en que el Ejecutivo creará “un plan para preservar la concordia, que aunará el pasado y futuro”.
Un proyecto que “recuerda a todas las víctimas del terrorismo y aquellos que en tiempo democrático dieron su vida por la libertad”, ha insistido la popular, que ha asegurado que el plan “favorecerá el acceso a los restos de todas las personas y la exhumación de las víctimas”. La oposición en bloque afeó que ese plan de concordia todavía no ha sido presentado, más allá de la ponencia de la consejera Tomasa Hernández en noviembre del año pasado
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