A raíz de 14 detenciones efectuadas el pasado martes por la Guardia Civil, se ha revelado la existencia de una presunta trama de corrupción relacionada con altas instancias del Gobierno que operó en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Las informaciones sobre esta corruptela han supuesto un auténtico terremoto para el PSOE y, en concreto, para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo hombre todopoderoso del partido, dado que su antiguo asesor, Koldo García, cumplió un papel central en el caso que ya instruye la Audiencia Nacional. 

Según se conoció este viernes, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por la trama en septiembre de 2023 después de un año y medio de investigación secreta, información que fue publicada en exclusiva en el año 2021 y 2022 por Impacto España Noticias.

El documento recoge minuciosamente los descubrimientos de una investigación coordinada con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y surgida a raíz de una denuncia que presentó el Partido Popular en marzo de 2022. 

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El escrito muestra que Koldo fue el responsable de intermediar entre las instituciones públicas y la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L para conseguir a esta ocho adjudicaciones de venta de mascarillas por valor de 54 millones de euros. Los entes adjudicadores habrían sido dependientes del Ministerio de Transportes y el de Interior, pero también de los gobiernos de Canarias y Baleares.

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A cambio de la mediación, García logró un importante aumento patrimonial que trató de ocultar con ayuda de su familia. Pese a que la investigación judicial acaba de comenzar, el documento firmado por el fiscal Luis Pastor aporta muchos datos sobre el funcionamiento del entramado: contratos, entidades públicas, implicados y la estructura de una empresa que se benefició de todo. 

La empresa
En 2020, Juan Carlos Cueto gestionaba en la sombra un conglomerado de empresas controladas por su familia -el Grupo Cueto-, dado que había tenido que ceder la titularidad de estas al verse inmerso en una investigación policial. Entre estas empresas está Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., que ese año firmaría ocho contratos de venta de mascarillas a las administraciones públicas por valor de 54 millones de euros. 

Tal y como relata la querella de Anticorrupción, Soluciones de Gestión se fundó en 2017 como una empresa dedicada a ofrecer servicios de ayuda a empresa, y en concreto a los "sistemas generadores de electricidad". No tuvo actividad durante 2018 y 2019 (facturando 0 euros) y, tras los más de 54 millones obtenidos en 2020, en 2021 decayó de nuevo a 845.670 euros. 

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 Durante la etapa de las adjudicaciones, la mercantil contrató a otras empresas que "probablemente" se dedicaran a suministrar mascarillas que finalmente acabarían en las instituciones públicas, y a su vez pagó a varias empresas de transportes en propiedad de Víctor Aldama, el presidente del Zamora CF e investigado en la Audiencia Nacional. 

Según relata la Fiscalía, fue Aldama quien, al conocer la necesidad de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, avisó a Cueto y llegó a un acuerdo con él para aprovechar la situación. Los dos habían mantenido relaciones de negocios a lo largo del tiempo, eran "colaboradores habituales", según un informe de la Guardia Civil al que hace referencia el Ministerio Público. 

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Las adjudicaciones
¿Cómo se enteró Aldama de las necesidades del ministerio? A través de Koldo García, la sombra del ministro José Luis Ábalos, quien por la situación de emergencia tenía el poder de firmar contratos "de carácter urgente" para adquirir material sanitario. En las contrataciones, apunta la Fiscalía, participó también por parte de Soluciones de Gestión el empresario vasco Íñigo Rotaeche, que el jueves se sentó ante el juez en la Audiencia Nacional y salió en libertad sin cautelares mientras prosigue la investigación. 

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"En lo que respecta a parte de los contratos investigados, en particular a los adjudicados por el Ministerio de Transportes y el Ministerio del Interior, la preselección de la sociedad Soluciones de Gestión partiría indiciariamente del primer ministerio", explica la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Es decir, que "parece evidenciarse" que hubo un acuerdo previo entre la empresa y la Administración Pública: cuando aún solo se había firmado un contrato con la entidad Puertos del Estado (dependiente de Transportes), las empresa Soluciones de Gestión había firmado documentos en los que se anticipaba la adjudicación de varios contratos con el Gobierno. 

 Fue Koldo García, cargo público en el ministerio desde 2018, quien habría informado a Aldama de la apertura inmediata varios procesos de adjudicación. Aldama y García, cuenta la querella, "habían coincidido en un contexto laboral desde al menos diciembre de 2018". Según recoge el escrito de Anticorrupción, Koldo García mantenía relaciones de Soluciones de Gestión desde años antes de 2020 y hasta la actualidad. 

Por otro lado, el propio García formaba parte del Consejo Rector de Puertos del Estado, la entidad que firmó el primero de los contratos. También asesoraba a ADIF, firmante de otra adjudicación. "Posteriormente, fue el Ministerio del Interior quien adjudicó los siguientes contratos como consecuencia de las decisiones del Ministerio Transporte". 

Uno de los datos "a resaltar", afirma la Fiscalía, es el incremento en el patrimonio de Koldo García entre 2020 y 2022. Unas ganancias que "no se corresponden con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales". Entre otros datos, el Ministerio Público subraya que el exasesor de Ábalos y su entorno pasaron a ser titulares de "bienes muebles e inmuebles cuyo valor ascendería a una cantidad que podría alcanzar 1,5 millones de euros".

Gran parte de los inmuebles comprados por la familia estaban a nombre de la mujer de Koldo García, Patricia Uriz. Entre 2017 y 2022, ambos ingresaron en sus cuentas bancarias 1,4 millones de euros, aumentando "notablemente" sus ingresos en efectivo en el año 2020. Según destaca el fiscal, García y Uriz se embolsaron 138.000 euros en efectivo que no están justificados. 

 Y el dinero lo gastaron en inmuebles. El 4 de septiembre de 2020, pagaron 170.000 euros por un piso en Benidorm. El 3 de diciembre de ese año compraron otro en la misma ciudad por valor de 150.000 euros. Finalmente, en marzo de 2022 gastaron 115.000 euros por un tercer inmueble en Benidorm, a nombre de su hija, que por entonces tenía dos años. 

A la par que se realizaban estas compras, Koldo utilizaba a su hermano Joseba García para "ocultar su titularidad sobre algunos inmuebles". Entre 2017 y 2022, Joseba García y su exmujer ingresaron 1,57 millones de euros, con un "notable incremento en el año 2020". El hermano de Koldo García también estuvo vinculado con organismos dependientes del Ministerio de Transportes desde 2019, y también guardaba vinculación con De Aldama, a quien le compró un coche. 

Por su parte, la empresa que "controlaba" Cueto transfirió parte de sus beneficios a la compañía Suro Capital Brasil Paricipacioes, con sede en Sao Paolo, para "dificultar" su seguimiento y trazabilidad, tal y como detalla la Fiscalía. Otra parte del dinero de la trama acabó en una sociedad de Luxemburgo, Stronghold Credit", llegando a transferirse 1,6 millones de euros que pertenecerían a Aldama y Cueto. 

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