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El presidente de Valores Región de Murcia, Mariano Galián, tras conocer la negativa de PP y Vox para que la Consejería de Servicios Sociales diera explicaciones sobre el escándalo de las dos menores tuteladas por la Comunidad Autónoma que han sido objeto de abusos sexuales, pide al Presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que se den las explicaciones oportunas ante un hecho muy grave y del que, extrañamente, todavía no se han producido ni ceses ni dimisiones.
“En los próximos días pediremos formalmente al gobierno de la Región de Murcia que haga público el nombre del Centro de Menores que era responsable de las dos niñas de trece y quince años que fueron agredidas sexualmente” ha comentado Galián a sus más allegados tras la reunión del Comité de Dirección Regional de Valores.
No es suficiente con lo que se filtró, intencionadamente, a los medios de comunicación para acallar rumores. Queremos saber lo que ocurrió y cómo ocurrió. Los mismos partidos políticos que pedían explicaciones a los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Baleares, están silenciando unos hechos similares pero con ellos en el gobierno regional. Los ciudadanos de la Región de Murcia quieren saber la verdad, están cansados de tanto compadreo político.
Para Galián, lo sucedido ayer en la Asamblea Regional de Murcia debe tener consecuencias políticas. Nunca en Democracia, en tan poco tiempo, un partido perdió la dignidad y el honor por dos sillones. Sabíamos que Cs en la Región de Murcia era una sucursal del PP y así lo demostró en los últimos años. Ahora, los murcianos empiezan a tener claro lo que, desde Valores, veníamos anunciando hace tiempo: que Vox es una franquicia del PP y que tapa lo que sus “amos” le ordenan.
En unos días, Valores comenzará a recoger firmas para poder presentarse a las elecciones europeas del próximo 9 de junio y la candidata número tres, la malagueña Toñi Moreno, portavoz de la Asociación Nacional del Menor Tutelado, tiene la firme intención, si los españoles quieren, de levantar las alfombras en toda España y poner al descubierto el verdadero negocio alrededor de los centros de menores y las injusticias que se están cometiendo. Situaciones como las vividas en Murcia, Valencia y Baleares podrían evitarse si la Administración trabajara con luz y taquígrafos.
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