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El Pleno del Parlamento Europeo ha rechazado la decisión de la Comisión Europea de excluir a Gibraltar, junto a Barbados, Panamá, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, de la lista de territorios que representan una amenaza para el sistema financiero de la Unión por sus deficiencias normativas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La objeción aprobada este martes en el pleno por 490 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones señala que “Gibraltar y Panamá carecen de esfuerzos para abordar o incluso facilitar la elusión de las sanciones impuestas a Rusia” y alerta de que estos países “pueden actuar como plataformas para eludir las sanciones para las entidades de la Unión, directa o indirectamente, socavando así los esfuerzos de la Unión por detener la máquina bélica rusa”.
El texto también incide en que “aún no se ha celebrado el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido relativo a la colonia de Gibraltar después del Brexit, que el acuerdo se encuentra actualmente en fase de desarrollo y que no se ha divulgado ningún contenido”. En este sentido, los eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea que presente un nuevo acto delegado que tenga en cuenta las reservas mencionadas.
Por su lado, el Gobierno de Gibraltar ha asegurado recibir esta noticia con “decepción” y critica en un comunicado que “está claro que la opinión del Parlamento Europeo no es el resultado de ninguna evaluación técnica. Tampoco es producto de ninguna evaluación o análisis detallado de la labor de las autoridades gibraltareñas.
Más bien, se trata de una postura envenenada por la política, promulgada por actores hostiles del Partido Popular, Vox y Ciudadanos dentro del Parlamento Europeo, incluido el eurodiputado José Manuel García-Margallo”. “Esto no ha sido ninguna sorpresa”, apostilla el comunicado de las autoridades gibraltareñas, que se ha mostrado “gravemente preocupado” por la mención que sugiere que Gibraltar ha facilitado la evasión de las sanciones impuestas a Rusia. “Esta ficción no podría estar más lejos de la realidad. […]
Esta acusación sin fundamento, totalmente infundada y gratuita, refleja por sí misma el valor que debe darse a la decisión del Parlamento Europeo”, agrega el comunicado, al tiempo que defienden que tanto el régimen de sanciones del Reino Unido como en el de la UE se han aplicado “enérgicamente” en el territorio, este último, además, con carácter voluntario.
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