"Cuando alguien destacaba por su liderazgo, capacidad de diálogo y de servicio y era querido por los ciudadanos, ETA se encargaba de liquidarlo. De esta forma, los ciudadanos constitucionalistas se fueron quedando sin referencias políticas"
Opinion 01 de mayo de 2024 Inma Castilla de Cortázar Larrea
Los resultados de las recientes elecciones vascas del domingo 22 de abril, no por esperados han sido menos demoledores, incluso, incomprensibles y… vomitivos. Soy una de los más de 200.000 ciudadanos vascos que tuvimos que abandonar nuestra patria chica. Mi caso no fue dramático, pero fue uno más.
Tras volver de mi estancia postdoctoral en Alemania, conversando con el director de Departamento en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en donde había defendido la tesis doctoral, con cierto tono esperanzador me preguntó: «¿Tú, quizá, podrías impartir docencia en euskera?».
Contesté que eso, en una disciplina como la Fisiología Médica, no era posible para nadie, si se quería hacer bien, «porque no tenemos los términos, ni la capacidad de encontrar los símiles a los que hay que recurrir para que el alumno entienda el mecanismo fisiológico, tan lógico como complejo».
Me miraba, transmitiendo un cierto asentimiento, y proseguí con la certeza de quien plantea una obviedad: «¿Cómo explicar que el corazón es un sincitio? … ¿“sincitua”, como “aireportua o unibertsitatea”?». Ante mi asombro, comentó afectuosamente: «Tú serías buena para la “Comisión de Normalización Lingüística”». No pude evitar balbucear:
«¿Para inventarnos todos los términos que no tenemos?». Estaba claro: no se crearía plaza alguna que no fuera en euskera. No era una sorpresa, pero una inmensa pesadumbre me invadió, consciente del empobrecimiento que semejante política lingüística provocaría. Pronto lo comprobamos en los amigos que, teniendo pendiente su tesis doctoral, dedicaban no menos de seis horas diarias a traducir –a duras penas– al euskera el Guyton, tradicional tratado del Fisiología Médica.
Además de este eficaz elemento de criba de la imposición lingüística, otros factores mucho más aberrantes (terrorismo, extorsión, adoctrinamiento escolar, señalamiento social, humillación, ...) promovieron una significativa modulación del censo electoral vasco en beneficio de ETA y del omnipresente nacionalismo étnico. No pocos miembros de este último, oficiales «bien-pensantes» de incluso piadosas costumbres, parecían ahogar su conciencia moral en un intento de evitar percatarse de tamañas injusticias.
Asesinatos como el de Velasco en Vitoria, el de Araluce en Donosti o el de Ibarra en Bilbao provocaron la salida inmediata, con nocturnidad, de familias enteras con siete, diez o doce hijos en edad escolar: los Lejarreta, los Clavería, los Aguilar como botón de muestra, para no cansar.
La prudente estimación de 200.000 no se ajusta a la realidad si atendemos a las familias de todos aquellos que salieron de las Vascongadas –como muy bien dice Otegi– en su más tierna infancia y que echaron raíces en otras partes de España.
Otro dato relevante: la actividad terrorista de ETA eliminó a todos sus oponentes políticos de referencia, que desde altas instancias del «confesional» PNV se encargaban de señalar. Arzallus, allí donde esté, asentirá a la denuncia de esta dolorosa realidad. Los miembros de Unión de Centro Democrático (UCD), partido esencial en la Transición a la Democracia, fueron exterminados por ETA, con la única excepción de Jaime Mayor Oreja y del vitoriano Chus Viana, que falleció de un infarto (motivos no le faltaron).
Cuando alguien destacaba por su liderazgo, capacidad de diálogo y de servicio y era querido por los ciudadanos, ETA se encargaba de liquidarlo. De esta forma los ciudadanos constitucionalistas se fueron quedando sin referencias políticas, que es urgente recuperar.
Pensemos sólo en dos políticos entrañables: Fernando Buesa, socialista –por supuesto, no un socialista al estilo de Patxi López, ni del mismísimo Pedro Sánchez– vicelehendakari querido y respetado por todos, asesinado en Vitoria con su escolta el adorable ertzaina Jorge Diez Elorza; y Goyo Ordóñez del Partido Popular con agallas, el liderado por el presidente Aznar.
Goyo era teniente-alcalde de San Sebastián cuando fue asesinado por un tiro en la nuca en presencia de su eficaz María San Gil. En aquel entonces, todas las encuestas le señalaban como el próximo alcalde sustituyendo al socialista Odón Elorza, que tenía demasiado miedo y complejos para liderar algo serio en Guipúzcoa.
Era evidente que el tándem Buesa-Ordóñez era una apuesta constitucionalista ganadora, que años después intentarían Jaime Mayor y Nico Redondo (elecciones de mayo de 2001), pero el PSOE-PSE se desanimó al primer intento:
era más seguro, menos arriesgado, el camino de entenderse con ETA que proponía el insigne negociador socialista, Jesús Eguiguren, al que tres años más tarde, el recién llegado a Moncloa tras los atentados del 11M de 2004, Rodríguez Zapatero le encomendó las más inconfesables tareas, logrando rehabilitar a los ilegalizados partidos de ETA que con otras signas (Amaiur, Sortu, … después Bildu), pero con las mismas caras e idéntico discurso, volvieron a las instituciones.
Eso sí, con la siempre inefable contribución del entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que de «cándido» no tiene nada.
He hecho un simplificado recorrido, dejando muchos cabos sueltos. Tantos que esta Tribuna reclama una segunda parte, para intentar arrojar un poco de luz sobre ese «apabullante ejercicio de ingeniería social y de violencia» en feliz expresión de Luis Ventoso que acabamos de presenciar donde el afán de independentismo que sólo afecta –según datos del Gobierno Vasco– al 23% de la población ha provocado que los dos partidos independentistas arrasen en las elecciones vascas.
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