En resumen, García Ortiz ha tomado medidas para evitar que los magistrados previamente críticos con su actuación decidan sobre su continuidad como fiscal general, lo que añade tensión a la relación entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo
Nacional08 de mayo de 2024
Impacto España Noticias
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado apartar a cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo que deben estudiar el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación y decidir si continúa o no en el cargo. Estos magistrados son los mismos que previamente habían señalado que García Ortiz había actuado con “desviación de poder” al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada.
La recusación presentada por García Ortiz se resolverá en la llamada Sala del 61 del Supremo, compuesta por los cinco presidentes de sala y los magistrados más antiguo y más nuevo de cada una de ellas. Este episodio de tensión entre el fiscal general y el Supremo se ha dado a conocer justo cuando el Senado está debatiendo su reprobación y un día después de que el alto tribunal anulara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática.
Los magistrados recusados son Pablo Lucas, Luis Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero, integrantes de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. García Ortiz considera que, tras la primera sentencia sobre Delgado, estos magistrados no son imparciales para pronunciarse sobre su nombramiento como fiscal general.
En el caso de Requero, además de considerarle contaminado como el resto de sus compañeros por la sentencia sobre Delgado, García Ortiz cita un artículo publicado en La Razón en el que este juez, de conocida tendencia conservadora, escribió que el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General están "apesebrados".
En resumen, García Ortiz ha tomado medidas para evitar que los magistrados previamente críticos con su actuación decidan sobre su continuidad como fiscal general, lo que añade tensión a la relación entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo.
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