El Congreso de los Diputados ha aprobado de manera definitiva la Ley de Amnistía. Acabado el trámite legislativo, ahora tocará a los jueces aplicar la norma una vez sea publicada en el BOE y entre en vigor.

Aunque lleva en el imaginario desde la resaca electoral de las elecciones generales del 23 de julio, el PSOE registraba el texto en el Congreso hace seis meses. Lo hacía en solitario, pero con el respaldo de todos los socios de gobierno. Ahora, quedan amnistiados unos 370 encausados por el procès y ha salido adelante con 177 votos a favor y 172 en contra. Ha habido una diputada de Podemos que se ha ausentado de la votación.

Una norma que el Ejecutivo dice aprobar "en favor de la normalización de la convivencia en Cataluña" y que fue pactada con los independentistas catalanes de ERC y de Junts a cambio de sus apoyos a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La ley ha tenido una tramitación tortuosa por la oposición frontal del PP y Vox, que han intentado frenarla tanto en el Congreso como en el Senado. En la Cámara Alta, los populares han dilatado su procedimiento hasta el máximo legal de dos meses permitido por el reglamento, que incluso modificaron para dilatarla todavía más.

Después de diversos informes de los letrados, unos a favor de tramitar la amnistía y otros en contra, y tras arduos debates y algún conflicto como el que el PP quiso plantear desde el Senado al Congreso por las atribuciones de las Cámaras y que finalmente fue retirado, la amnistía se aprueba y pasa a manos de los jueces, que serán los encargados de resolver cada caso que se plantee en un margen de dos meses.

En en hemiciclo cada grupo ha tenido siete minutos para fijar su posición. Lágrimas, gritos, cabreo, ruegos de silencio, llamadas al orden a Vox por intentos de reventar el pleno y la mirada puesta en la tribuna donde Jordi Turull y Oriol Junqueras escuchaban atentos las intervenciones. "Es un mal día para ellos y es un gran día para los independentistas. Haber mantenido la posición ha valido la pena",, indicaba en una entrevista radiofónica el primero esperando "cualquier cosa con esta cúpula judicial".

En la misma línea se inclinaba Oriol Junqueras. "No es el final de nada, sino el principio de una lucha en igualdad de condiciones para hacer posible un referéndum (...) la ultraderecha política, judicial y mediática española seguro que pondrá tantos palos en las ruedas como puedan", indicaba sobre su aplicación.

En el Pleno, tras las palabras de los líderes independentistas, tanto ERC como Junts han celebrado la aprobación de la norma anunciando que apenas es el inicio del camino por recorrer. 

Rufián, por ejemplo, proclama que este jueves es un día "histórico" y que la aprobación de la Ley de Amnistía supone "la primera derrota del régimen del 78" avanzando que la próxima parada es el referéndum.

"Hoy es un día histórico en toda la amplitud del término", coincidía al respecto la portavoz de Junts. "Hoy no se perdona, hoy se gana. Se gana una batalla del conflicto que hace siglos que existe entre la nación catalana y la española", indicaba Miriam Nogueras al respecto mientras las cámaras del congreso mostraban a Josep María Cervera, portavoz de la comisión de Justicia, y uno de los negociadores del texto.

En el otro lado, Santiago Abascal, ya de vuelta de Israel tras haber mantenido una reunión de bajo nivel con Benjamín Netanyahu, señalaba que la ley era un acto de "corrupción política". Tras su intervención, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello pedía la palabra cuando tocaba el turno del PSOE y una pequeña trifulca con insultos incluidos y acababa con llamadas al orden a los diputados de Vox Jose María Figaredo y Manuel Mariscal.

"Traidores", "corrupto" y "fachas", entre otros descalificativos, se han intercambiado los diputados de Vox y Sumar a la vez que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, trataba de poner orden: "Esto no es posible. Esta mala educación no lleva a ningún sitio.

Ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente". "Un espectáculo que la gente no se merece", indicaba. El PSOE respondía en boca de su diputado Artemi Rallo tildando de "neofascistas" y "filonazis" a los diputados de Vox.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, explicaba que este jueves se asiste al "acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español" y ha afeado que es un acto de "corrupción política", vaticinando que puede ser el fin de la legislatura dado que los independentistas no iban a necesitar más a Sánchez y que se aprobaba solo por una cuestión "personal" de Sánchez para continuar en la presidencia.

Además, ha pedido a los diputados socialistas que voten no y emulen al expresidente de Aragón, Javier Lambán, que se ausentó de su escaño en el Senado para no votarla.

La ley de amnistía se tendrá que publicar en el BOE tras su aprobación en las Cortes pero no hay garantía de que sea mañana viernes, tal como apuntan algunas fuentes del Ejecutivo.

Otras fuentes socialistas del Gobierno también reconocen cierta preocupación por la aplicación de la ley que hagan los jueces, sobre todo tras el envío de una guía elaborada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial con indicaciones para elevar cuestiones prejudiciales sobre esta norma a la justicia europea, lo que forzaría su suspensión.

Feijóo ve en la "corrupción" de la amnistía el "acta de defunción" de PSOE y llama "cobarde" a Sánchez

Al respecto, estas fuentes confían en que no haya ninguna doctrina ni interpretaciones interesadas por parte de los jueces.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que el Gobierno apoya a los jueces y cree que deberán aplicarla "con independencia, con rigor, con profesionalidad y con excelencia técnica" mientras que desde Sumar se avisa de que podrían incurrir en un delito de prevaricación.

El PP mientras tanto se prepara para dar la batalla en todas las vías para tumbarla, incluida la vía jurisdiccional y el recurso ante el Tribunal Constitucional. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, se ha vuelto a adelantar a su partido y a Feijóo, que ni siquiera había hablado en la tribuna del Congreso, y ha anunciado que presentará un recurso de constitucionalidad.

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