Aunque Fukuyama fue demasiado optimista con su decreto sobre el “fin de la historia”, cuando aseguró tras la caída del muro que la democracia liberal era irreversible, Popper y Jefferson mostraron tener razón desde la tumba. Resumiendo sus posturas y advertencias, no hay instancias ni palabras finales, todo está abierto a la refutación y cambio, pero, sobre todas las cosas, la libertad requiere una vigilancia perpetua.
España y Estados Unidos mostraron (uno desde hace medio siglo y el otro desde hace mucho más) instituciones democráticas sólidas. Un bipartidismo republicano que, más allá de sus defectos, se mostró como un modelo superador a otras democracias más inestables.
El péndulo que históricamente iba entre una socialdemocracia y un espacio de centroderecha siguió siempre su curso, con políticas de Estado sólidas y un electorado de tres tercios: uno hacia un extremo, el otro hacia el contrario y un tercio de independientes que con sus preferencias coyunturales decidía el color político de la Moncloa o la Casa Blanca por los próximos años.
Ya sea mediante el colegio electoral del modelo presidencialista o del esquema indirecto del parlamentarismo junto a la monarquía constitucional, ambos países mostraban una estabilidad digna de admiración para muchas naciones del tercer mundo. Sin embargo, algo en los últimos años cambió radicalmente.
Los gobiernos actuales de España y Estados Unidos han resultado ser dos calamidades, mucho más allá de las opiniones políticas que uno pueda tener. El país europeo tiene un mandatario que ha cruzado todos los límites para formar gobierno, además de su pésima gestión, solamente apaciguada por las restricciones de la Unión Europea.
Las concesiones del PSOE a la izquierda dura fueron totales, y el mismo Pedro Sánchez ha cruzado todos los límites del republicanismo más básico. El retiro de la embajadora de Argentina por su entredicho con Javier Milei evidencia la decadencia total de un presidente de un país que, hasta hace poco, contaba con un reconocimiento a sus instituciones.
En Washington directamente gobierna una corporación. Nadie en su sano juicio puede creer que el anciano senil (comentario descriptivo, no despectivo) tiene alguna relación con la gestión de la potencia más importante del mundo. Como si esto fuera poco, Joe Biden, mejor dicho, su entorno, considera que es una buena idea competir por un segundo mandato.
Más allá de los desatinos de la gestión, del fuerte impacto en la economía norteamericana, que afortunadamente tiene un sólido federalismo que funciona como contrapeso al desastre del gobierno central (generando la misma externalidad positiva de la UE en el caso español), el daño institucional es serio.
El proceso judicial contra Donald Trump, de claro contexto político, ha llevado a los Estados Unidos a un nivel de politiquería barata como estábamos acostumbrados en América Latina. La utilización del poder político para arremeter contra los eventuales opositores era algo que se veía usualmente en países de baja calidad democrática y republicana.
Aunque desde las izquierdas se trata de asociar el fascismo a sus rivales políticos, lo cierto es que, hasta en las democracias más respetadas del planeta, los espacios populistas han dañado gravemente la calidad institucional.
Desafortunadamente, la democracia republicana ha demostrado que es un sistema permeable, que puede ser dañada fácilmente desde adentro. Para protegerla es necesario analizar los procesos que atentan contra las instituciones sin prejuicios ideológicos.
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