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Era la crónica de una 'amnistía' anunciada. Las sentencias con las que, durante dos semanas, el Constitucional (TC) dejaba sin efecto las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo a los responsables políticos del fraude de los ERE de Andalucía, servirán para consumar la desjudicialización de los Gobiernos autonómicos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dejando impunes más de diez años de corrupción.
No en vano, el Pleno de la Corte de Garantías tendrá que sentarse a deliberar una nueva ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del órgano que, propone el borrado penal de toda la malversación por la que se condenó al expresidente Griñán en el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, con cargo a los fondos autonómicos.
Cabe recordar que, precisamente, Griñán condecoró a quien, ahora, es la encargada de redactar el fallo absolutorio, de acuerdo con una doctrina construida ad hoc para otros miembros de la cúpula del PSOE andaluz de la época, gracias a varias resoluciones dictadas en los últimos días y avaladas por los siete votos del bloque izquierdista del TC.
Contra esta maniobra se han dictado ya más de una veintena de votos particulares a cargo de los cuatro magistrados conservadores que combaten esta suerte de «indultos encubiertos» a los delitos de prevaricación y malversación cometidos por históricos socialistas, como la ex ministrad Magdalena Álvarez por ejemplo.
Griñán fue condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación como autor de dos delitos de prevaricación y malversación, aunque su ingreso en prisión quedó suspendido por decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla, debido al pronóstico del cáncer que padece.
Así las cosas, todo apunta a que, una vez más, la mayoría del TC se imponga por pura aritmética en el próximo Pleno para avalar la ponencia de Montalbán y exonerar de malversación al expresidente andaluz que, por lo tanto, eludiría la cárcel sin haber cumplido, entre rejas, ni un solo día de la pena impuesta.
El Constitucional estudiará el recurso de Griñán después de haberse pronunciado sobre los de otros siete condenados por el macrocaso.
Un balance que se ha saldado con la puesta en libertad inmediata de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y número dos de Griñán, que ya gozaba del tercer grado penitenciario; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; y, el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.
De acuerdo con el criterio seguido para todos ellos, el delito de prevaricación queda eliminado en el borrador de Montalbán, de acuerdo con el modelo establecido para encajar, en el marco previsto, los ilícitos de diferentes responsables políticos que, sin embargo, tuvieron distintos cargos y responsabilidades y durante períodos variables.
El fondo común ideado para beneficiarlos: que la elaboración de los anteproyectos de ley, que nacen de decisiones del Ejecutivo de turno y, por lo tanto, de decisiones políticas, posteriormente aprobados como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía, no pueden ser constitutivos de castigo penal.
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