Vox, que ejerce de acusación popular en la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, solicita para ella tres años y medio de prisión por ocultar los abusos de su entonces marido a una menor y la acusa de prevaricación, abandono de menores, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento. 

La formación ha registrado ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia su escrito de acusación tras la reapertura de la causa contra Oltra por ocultar los abusos a una menor por parte de su exmarido, trabajador de un centro de menores tutelados por la Consejería, y para quien la formación solicita tres años y medio de prisión entre otras penas, ha informado Vox.

La coordinadora Nacional de Vox, Marta Castro, que ha dirigido la acusación popular de la formación junto con el equipo jurídico provincial, ha formulado la solicitud de apertura de juicio oral contra Oltra y los funcionarios que colaboraron con la entonces consellera de Igualdad, bien para proteger al marido de Oltra o la propia carrera política de la exvicepresidenta. 

Ello llevó a dejar desprotegida a una menor por parte, incide Castro, "de quienes tenía la obligación de hacerlo, colocándola en una situación de riesgo, al estar el autor de los abusos sexuales reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida". 

Prevaricación administrativa
Y a esta situación de desamparo de la menor se llegó después de que "los acusados, de común acuerdo y con el ánimo de encubrir los abusos sexuales cometidos por el entonces marido de Oltra a una menor tutelada, no denunciaron, a pesar de tener obligación para ello, unos hechos tan graves como unos abusos sexuales a una menor tutelada".  

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 Por ello, Vox acusa tanto a Oltra como al resto de funcionarios que encubrieron los hechos de un delito de prevaricación administrativa, artículo 404 del Código Penal y que implicaría la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 12 años. 

Igualmente, la acusan de abandono de menores, penado con seis meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena; de omisión del deber de perseguir delitos, con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 2 años; y de encubrimiento, penado con 3 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años.

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