Este lunes, los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Partido Socialista y los comunistas de Sumar han registrado la Proposición de Ley para la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, que hará obligatoria la acogida de menores extranjeros no acompañados por las distintas comunidades autónomas que hasta ahora era voluntaria.

Este paso llega tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebró el pasado miércoles.

Así, los portavoces de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Cristina Valido; del PSOE, Patxi López, y de Sumar, el comunista Íñigo Errejón, han registrado esta propuesta en el Congreso de los Diputados.

Instan al Partido Popular para que la apoye
La ministra de Juventud e Infancia, la comunista Sira Rego,  ha instado al cómplice Partido Popular a que facilite la aprobación de la modificación de la norma. Hasta ahora, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha tratado de evitar el tema.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración,  Ángel Víctor Torres, ha detallado que los inmigrantes ilegales menores no acompañados que llegasen a Canarias “serían derivados en un plazo de 15 días al resto de comunidades autónomas” de manera obligatoria ya que, actualmente, la región se encuentra en una situación extrema con “el doble de la ocupación” para la que está preparada.

Es obviamente una consecuencia lógica: Si potencias y promocionas la inmigración masiva ilegal, la consecuencia es el desbordamiento de las capacidades de acogida. De esta manera, los 4.000 menores no acompañados que están en las islas Canarias, y que sobrepasan la capacidad de la región, serán trasladados a las comunidades autónomas de destino en un plazo de 12 meses.

El problema es que con esta política que tendrá un efecto llamada, hoy son 4.000 Menas, y pasado mañana serán muchos miles más.

Los puntos clave de la reforma de la Ley
La idea principal del Gobierno es el traslado de estos menores en caso de que la primera comunidad autónoma a la que llegan haya sobrepasado el límite máximo de ocupación, algo que se ha podido ver en Canarias, y también en Ceuta y Melilla.

Saber ser y saber estar

El máximo número de plazas disponibles en las islas sería de 2.000, mientras que en el caso de Ceuta sería de 88 y en Melilla de 166.

La Proposición de Ley también recoge que “los órganos competentes de las Comunidades Autónomas deberán realizar las actuaciones necesarias para garantizar la atención a los menores que deban ubicarse en su territorio en los plazos previstos por los criterios de aplicación aprobados en el seno de la Conferencia Sectorial” y, en caso de no hacerlo, “dará lugar a responsabilidades disciplinarias como infracción muy grave”.

No al decreto ley pero sí a una proposición de ley
En primera instancia, el Gobierno se inclinaba por la fórmula del real decreto ley, más rápida porque entra en vigor en cuanto sale publicada en el BOE y solo requiere de la convalidación del Congreso en el plazo de un mes. Pero el Ejecutivo de Sánchez no acaba de ver esa vía, por una cuestión de seguridad jurídica, porque podría suceder que una vez en vigor se interpusiera un recurso de inconstitucionalidad por parte de alguna comunidad autónoma y entonces la reforma correría peligro.

El Gobierno no tiene claro que se pueda resolver por decreto ley una cuestión tan relevante como sustraer competencias a las comunidades autónomas. Es decir, que aprecia «dificultades jurídicas«.

Así, los socialistas han creído que la vía idónea, más segura, sería la que se ha hecho, la de una proposición de ley impulsada por los grupos. De paso, si naufraga, el carácter de la derrota parlamentaria sería muy diferente: no es lo mismo que el Ejecutivo vea tumbado un decreto ley a que se estrelle una iniciativa de los grupos políticos.

"Quién tiene el poder: la odisea de los giles"

¿Y qué hará el PP?
A efectos prácticos, la posición del PP no es tan importante. Bastaría con que el PP se abstuviera, porque el artículo 35 de la Ley de Extranjería no tiene carácter orgánico, y por tanto para cambiarlo no se requiere de mayoría absoluta.

Pero a efectos políticos sí es importante. Demostraría que ambos partidos son globalistas y que tienen la misma hoja de ruta de promoción la inmigración masiva i legal, y por tanto, que están de acuerdo para acoger más y más inmigrantes, que es lo que quieren conseguir las élites globalistas a través de sus títeres PP y PSOE.

Pedirán alguna cosa de maquillaje para su electorado pero al final votarán que sí.

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