"¿Y ahora qué? ¿Se han resuelto todos los problemas? ¿Ya no hay crisis del Estado de Derecho en España? (...) ¿El Sr. Presidente ya no quiere controlar el Poder Judicial?"
Opinion 19 de julio de 2024 Valentina Faggiani
El día 25 de junio de 2024, el PSOE y el PP, en presencia de la Comisaria Europea Věra Jourová, vicepresidenta responsable de Valores y Transparencia, pactaron después de más de cinco años y medio de bloqueo el acuerdo para la renovación inmediata del CGPJ y acordaron la tramitación por el procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar “las garantías de independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional” y mejorar “las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de la justicia”.
Los puntos más relevantes de dicho acuerdo se pueden resumir de la siguiente forma:
Se ha procedido a la elaboración de una “lista conjunta” de veinte candidatos, formada por personas “de perfil profesional e independiente”, que renovarán la composición del Consejo, a través de un reparto equilibrado: la mitad respaldada por el PSOE y la otra por el PP.
Las dos fuerzas políticas se han comprometido a activarse para reformar el sistema, devolviendo a los jueces la designación de los vocales del CGPJ de extracción judicial, mediante un modelo de participación directa, que les permitiría elegir a sus representantes. Dicha propuesta, que tendrá que ser aprobada por el CGPJ por mayoría de tres quintos, será posteriormente trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.
Se ha pactado nombrar a José María Macías Castaño para la vacante de Magistrado del TC que le corresponde al Senado.
Finalmente, se ha llegado a un acuerdo, que algunos consideran equilibrado. ¿Y ahora qué? ¿Se han resuelto todos los problemas? ¿Ya no hay crisis del Estado de Derecho en España? ¿Se ha eliminado en serio “una anomalía institucional y constitucional”, como la define el ministro Bolaños, como si fuera el único elemento que estuviera perjudicando el sistema democrático de este país? ¿El Sr. Presidente ya no quiere controlar el Poder Judicial? ¿Por qué solo ahora las fuerzas políticas han conseguido ponerse de acuerdo? ¿Quién gana y quién pierde de este acuerdo? Como se puede observar, muchas son las inquietudes que despierta.
Vamos por puntos.
Primer punto. El acuerdo en su conjunto.
El acuerdo en sí merece una evaluación positiva porque contribuye a desbloquear una situación de deterioro, que se había agravado tras la adopción de la LO 4/2021[1]. Esta medida impidió al Consejo proceder al nombramiento de los altos cargos judiciales, creando una situación inasumible, que imposibilitaba el correcto ejercicio de la función judicial.
Es suficiente pensar que ahora no hay que renovar solo los 20 vocales del CGPJ, sino que inmediatamente después el órgano entrante tendrá que proceder a la designación de un centenar de nombramientos pendientes, entre los que se encuentran 26 magistrados del Tribunal Supremo, más del 30 % de la plantilla[2]. La tarea no será sencilla, en absoluto, y los vocales tendrán que ponerse de acuerdo.
No obstante, al margen de todo ello, el acuerdo es sin duda bienvenido, puesto que por lo menos se conseguirá reactivar el sistema, favoreciendo su funcionamiento; lo cual no es poco.
Segundo punto: la lista de vocales.
A primera vista, se ha realizado un reparto equitativo que permite anular en el inmediato el intento de “captura del Poder Judicial”. Sin embargo, sustancialmente, el sistema no va a cambiar mucho, por lo menos dentro de los próximos cinco años, porque la reforma que se aprobará no se aplicaría a este mandato sino al posterior. En este sentido, hubiera sido preferible que los vocales entrantes hubieran sido designados conforme a un nuevo procedimiento, pero esto era pedir demasiado y en este momento era prioritario actuar de forma urgente.
De un primero análisis de la lista, dos son los perfiles que creo merecen la pena ser puestos de relieve: la vuelta al bipartidismo y la marcada orientación política de los futuribles vocales. Desde el primer punto de vista, si bien el acuerdo entre PSOE y PP asegura una cierta estabilidad, es índice de la persistente politización de este modelo y por lo tanto también de la justicia, con un impacto importante en la independencia judicial.
Muestra de ello es que, atendiendo a lo que dispone el art. 578 LOPJ, son los presidentes del Congreso y el Senado los que debieran de haber liderado este proceso porque corresponde a dichos órganos la propuesta y aprobación de los candidatos y al contrario ha sido nada más y nada menos que un ministro del Gobierno, el Sr. Bolaños, y un representante del Partido Popular, el Sr. González Pons, los que han llegado al acuerdo, lo que no parece abonar la “apariencia” de independencia.
Y desde el segundo, se observa que esta distribución de “cuotas” no es realmente representativa de las asociaciones judiciales presentes en España sino más bien de las distintas “sensibilidades políticas”. Por ejemplo, se han designado a cinco representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la primera, y hasta tres de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (AJJpD), una asociación progresista, a la que están afiliados solo el 8% de los jueces, siendo por lo tanto su impacto a nivel nacional mínimo.
Al contrario, no aparece ningún vocal de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFR), que es la segunda en España y había presentado 6 candidaturas, ni de Foro Judicial Independiente, que sin embargo no tenía candidatos. También se ha criticado que no hay ningún representante de la Abogacía. Asimismo, la “vinculación política” reaparece con fuerza en los futuribles vocales “laicos”. No son perfiles políticos puros, pero es conocida la orientación política.
En definitiva, y al margen de las críticas, también en este caso el juicio en su conjunto es positivo pero mejorable. Es positivo básicamente porque nos esperábamos un reparto mucho más partidario. En este sentido, no se puede olvidar que el objetivo final del Gobierno es anular el Poder Judicial para controlarlo y someterlo al Ejecutivo. Para ello, los nombramientos eran clave; por eso el PP ha intentado no ceder a las presiones recibidas durante mucho tiempo, pues de esta forma se estaba intentando salvar el último baluarte del Estado de Derecho.
En cambio, se comparte plenamente la propuesta de José María Macias Castaño para cubrir la vacante de Magistrado del TC, que le corresponde al Senado. Macías Castaño contribuirá a atenuar “la mayoría capturada” en el seno del Tribunal Constitucional, restableciendo un cierto equilibrio y orden interno. También es interesante poner de relieve que hasta ahora esa vacante no había sido una prioridad para el Gobierno, que ha intentado posponerla por razones obvias.
Tercer punto. ¿Por qué ahora?
Pero ¿por qué el Gobierno ha cedido justo en este momento? Hace una semana Sumar presentó una Proposición de Ley Orgánica sobre la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial[3], proponiendo eliminar las oposiciones, y por lo tanto la necesidad de demostrar el mérito y la capacidad, y sustituirlo por un sistema de formación continua para que “el estudiantado con expedientes académicos con altas calificaciones pued[a] acceder a la Escuela Judicial” y así a la Carrera Judicial previa superación del correspondiente proceso selectivo.
En definitiva, superarían las pruebas quienes “reún[an] unos requisitos académicos previos” y aprueben “las pruebas de conocimiento y práctica jurídica establecidas por la propia Escuela Judicial”.
De esta forma, se pretenden trasformar oposiciones tan importantes en un cursillo de postgrado, con todos los límites que estos cursos tienen, impidiendo al estudiante lograr una verdadera preparación basada en un método y habito de estudio.
Aunque se puede discutir el método de estudio que en España se impone a quienes están opositando a judicatura, la solución no pasa por rebajar los niveles de estudio y aprendizaje, simplificándolos de forma excesiva. De esta forma, se pretende crear una clase de jueces mediocres, afines al poder político y por eso controlables.
En estos mismos días, por su parte Sánchez amenazó con aprobar el denominado “plan de regeneración”, promoviendo una ley para sustraer al Poder Judicial el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo ante el bloqueo del PP. Todo ello contribuyó a tensionar aún más las negociaciones para la renovación del CGPJ, alejando las expectativas de ponerse de acuerdo. Sin contar que ahora más que nunca el Gobierno necesita controlar el Poder Judicial por las investigaciones que involucran a sus familiares y a su círculo más cercano de políticos.
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿Por qué ahora? puede ser más sencilla de lo que parece. Muy probablemente el Gobierno ha recibido presiones desde la UE, que actualmente está vigilando España no solo por la no renovación del Consejo sino también por los peligrosos efectos que lleva consigo la Ley Orgánica de Amnistía[4]. Además, en el mes de julio, se publicará, con un poco más de retraso respecto a los años anteriores por el cambio de mandato en la Comisión Europea, el Informe sobre el Estado de Derecho y España podría verse incluida entre los Estados rebeldes en términos democráticos y constitucionales, en el mismo plano que Hungría, Polonia y Rumanía.
En este sentido, solo la UE, junto al pueblo español, cuando se convoquen otra vez elecciones generales, puede conseguir limitar las “aspiraciones” de este Gobierno. Ahora bien, aunque pacta sunt servanda, ¿el acuerdo se cumplirá? Bolaños ya ha hecho algunas declaraciones en las que ha afirmado que el pacto no es vinculante en relación con el modelo para elegir a los nuevos vocales[5], que no habría quedado cerrado, y que le corresponde al CGPJ entrante elaborar una propuesta, basándose en el Derecho comparado[6]. Evidentemente, esto no es lo que se deduce de los testimonios de las negociaciones.
En definitiva, todo dependerá al final de lo que quiera el Sr. Presidente, pero es cierto que si el acuerdo se cumpliera nos dejaría respirar un poco, en un momento en el que ya estábamos todos al borde del abismo, pues la situación está degenerando a una velocidad increíble. No obstante, no podemos pensar que la democracia en España esté a salvo. El sistema se ha debilitado tanto que necesita un cambio y una nueva regeneración política e institucional, que no sea solo aparente.
Cuarto punto. ¿Quién gana y quién pierde?
Por último, para finalizar, en este do ut des que caracteriza todo tipo de negocio siempre hay alguien que cede más y, por lo tanto, se puede considerar el perdedor. En este caso, es evidente que la parte que ha tenido que ceder más ha sido el PSOE en representación del Gobierno, a pesar de lo que pueda decir. Por lo pronto, todos los intentos llevados a cabo en estos últimos años de modificar mayorías para la designación de los vocales, de controlar, manipular e imponerse en los nombramientos, las acciones de descrédito y el llamamiento al lawfare de momento de poco le han servido.
Los jueces han resistido hasta ahora de forma encomiable a estas presiones y no se han plegado al poder, demostrando su independencia e integridad moral. Falta solo que también la ciudadanía se dé cuenta de lo que está ocurriendo y que cuando finalmente haya elecciones generales manifieste su disconformidad y opte por el cambio.
[1] BOE, n. 76, de 30 de marzo de 2021.
[2] Comunicación Poder Judicial, El Tribunal Supremo solicita al Ministerio de Justicia la ampliación del plan de refuerzo extraordinario para paliar la situación creada por la falta de cobertura de las vacantes de magistrados, lunes, https://www.poderjudicial.es, 8 de abril de 2024
[3] BOCG, n. 121-1 122/000109.
[4] BOE, n. 141, de 11.06.2024.
[5] www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Bolanos-apunta-que-la-propuesta-den-CGPJ-para-su-reforma-podria-no-ser-vinculante-y-Feijoo-le-recuerda-lo-pactado-2-2682951733--20240627044432.html.
[6] De forma parecida, https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/bolanos-insiste-que-acuerdo-cgpj-compromete-cambiar-modelo-hago-mas-que-explicar-que-dice-texto_20240627667d5bca0930520001116bd6.html.
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