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La inmigración se ha consolidado como uno de los temas de debate público más enconados de Europa, e incluso de otros continentes. Incluso los países formados por emigrantes, que son la mayoría, creen que pueden perder una “identidad” inventada, que nunca son capaces de definir.
A otros la llegada de foráneos les genera “inseguridad” o, más bien, utilizan una entelequia como la “inseguridad” para estrechar el control sobre la llegada de emigrantes y, ante todo, sobre los emigrantes ya establecidos.
Desde la llamada “crisis de los refugiados” de 2015, los reaccionarios han levantado cabeza sobre las peores pesadillas para reforzar las tendencias previas de fascistización a ultranza. En algunos países las políticas de control han empezado por los emigrantes, pero no se van a detener ahí. Es sólo el primer paso porque, en efecto, no alcanza sólo a los países fronterizos, como España. Es una tendencia general de los países capitalistas más avanzados.
Por ejemplo, Suecia acaba de marcar un punto de inflexión histórico en materia de política migratoria. Lo llaman “inmigración sostenible”. Por primera vez en medio siglo, el país nórdico se prepara para registrar un saldo migratorio negativo. Esto marca una clara ruptura con la tradición de acogida que hasta entonces caracterizaba al país escandinavo.
Desde la década de los noventa, Suecia ha presumido de su generosidad hacia los emigrantes y solicitantes de asilo, acogiendo masivamente a los refugiados que han huido de las guerras en la antigua Yugoslavia, Siria, Afganistán, Somalia, Irán e Irak.
El cambio de rumbo lo impuso una coalición reaccionaria que llegó al gobierno en 2022. Durante la campaña electoral, Ulf Kristersson, el actual primer ministro, se comprometió a restringir la inmigración y los datos avalan que ha cumplido su promesa: durante los primeros cinco meses de este año el número de salidas ha superado al de llegadas.
Al mismo tiempo, las solicitudes de asilo han alcanzado su nivel más bajo desde 1997. Para el gobierno, estas cifras son la prueba de que su política es un éxito. La “inmigración sostenible” refuerza la integración y reduce la exclusión.
Naturalmente, los datos oficiales son siempre un iceberg, que esconde su parte más gruesa bajo el agua. Nada se dice de los emigrantes irregulares, es decir, nada sabemos del número de emigrantes que han pasado de los servicios sociales a los policiales, que es la tendencia que quieren imponer en Europa.
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