Los agentes corre un evidente peligro y no pueden hacer uso de su arma de fuego pues se enfrentarían a un arduo proceso de expedientes dentro de la jurisdicción militar que los podría retirar del servicio
Noticias Policiales01 de septiembre de 2024
Impacto España Noticias
Los guardias civiles han pedido al Estado que aumente la pena para las personas que atenten contra ellos en el ejercicio de sus funciones, es decir, que el viejo delito de atentado contra la autoridad sea castigado más duramente de como lo está hasta ahora. Dos recientes sucesos en Laguna de Duero y Fregenal de la Sierra han puesto en evidencia la necesidad de tomar decisiones en este aspecto.
La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) cree que «en materia de seguridad ciudadana, ya hemos llegado a un punto en el que el principio de autoridad está quebrado, el respeto hacia el uniforme se está perdiendo y los delincuentes se sienten amparados. Ante este panorama no se auguran buenos tiempos para la labor de las FFCCSE y para una convivencia más tranquila y sin sobresaltos».
Se refieren al aumento de episodios, como los vividos estas últimas semanas, en algunas localidades donde la Benemérita presta sus servicios, donde la vida de los agentes corre un evidente peligro y no pueden hacer uso de su arma de fuego pues se enfrentarían a un arduo proceso de expedientes dentro de la jurisdicción militar que los podría retirar del servicio.
«Lamentablemente cada vez con más frecuencia observamos episodios en los que guardias civiles se ven expuestos a situaciones de peligro y la ciudadanía a alarmarse, generado por una delincuencia que ha perdido el respeto a lo que suene a policial y por ende, a aquellos servidores públicos que deben representar a la Autoridad», dicen desde IGC.
Los recientes acontecimientos ocurridos en Laguna de Duero (Valladolid) y Fregenal de la Sierra (Badajoz), no dejan de ser ejemplos de que «una parte de la ciudadanía ha perdido no solo el respeto, sino el miedo a enfrentarse a los agentes de la autoridad y a lo que representan», explican y añaden que «de no revertirse la situación actual mediante revulsivos legales y mayor amparo hacia los policías.
Mcho nos tememos que no dejaran de producirse hechos de este tipo, al no ser las leyes mucho más contundentes con los delincuentes y no disponer aquellos de los medios adecuados de autoprotección y defensa, llegando incluso a generar, estos episodios, cierta alarma social, al ser muy peligrosos y ver como los agentes, ante lo anterior, pudieran transmitir “debilidad” al presentar ciertos reparos a la hora de controlar las situaciones de riesgo que se les presentan, por estar sujetos los propios funcionarios a un marco jurídico y disciplinario muy contundente a la hora de repeler este tipos de enfrentamientos, en contraposición a las ínfimas penas a las que se enfrentan los delincuentes».
MAYOR PRESENCIA POLICIAL
Es por ello que desde «IGC Nacional, instamos a las Instituciones, Organismos, Corporaciones y cualquier ente que tenga relación con asuntos de seguridad ciudadana, a solicitar también a las Autoridades competentes en la materia, que refuercen por un lado ese principio de autoridad de sus funcionarios públicos, que declaren profesión de riesgo a aquellas que aún no lo son y se enfrentan a continuas situaciones de peligro, a nutrir a sus poblaciones de mayores efectivos y a dotar a las FCSE de los elementos apropiados de autodefensa y protección para controlar adecuadamente este tipo de sucesos. En definitiva, a conseguir una mayor presencia policial y a su vez a garantizar aún más la integridad de esos efectivos», declaran.
Y desde la asociación hacen una reflexión final: «El hecho de que se disponga de un contingente de guardias civiles apropiado y adecuado para atender y garantizar las necesidades de seguridad y protección de la ciudadanía, dependerá, en parte, de que ellos estén también adecuadamente protegidos».
UN NAVAJAZO NO LLEVA A LA CÁRCEL
Los policías nacionales también han denunciado recientemente dos sucesos ocurridos con tan solo 72 horas de diferencia y que en ambos casos tienen un nexo común: «La falta del principio de autoridad», según denuncian los sindicatos Jupol y la Unión Federal de Policía. En el caso del ataque de Vigo, además, el agresor ha quedado en libertad, un hecho incomprensible tras una agresión a cuatro agentes.
A finales de julio, una agresión tuvo lugar en Madrid. Los agentes de la Policía Nacional detuvieron a trece personas en el distrito de Puente de Vallecas, acusados de tentativa de homicidio, riña tumultuaria y atentado a un agente de la autoridad.
En el transcurso de una pelea entre varias personas a palos, los agentes llegaron al lugar y fueron objetivo de los agresores. Como en los anteriores casos, de nada sirvió el intento de mediación. De hecho, una de las mujeres llegó a clavar una navaja a un agente, con suerte de que llevaba chaleco antibalas y no llegó a traspasarle.
«Estamos llegando a unos niveles insostenibles de agresiones a policías y en general a FFCCS. No vamos a manipular cifras, son fácilmente comprobables en portales estadísticos», afirman desde la Unión Federal de Policía.
«Año tras año la estadística aumenta de forma considerable», destacan, por más que otras policías autonómicas traten estos delitos de «lesiones leves», como ha propuesto el PNV en el País Vasco, para no elevar las alarmantes cifras de apuñalamientos.
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