Alianza Contra la Corrupción, examina en detalle el escandaloso caso de corrupción relacionado con la empresa Isofotón en Andalucía, donde se perdieron 80 millones de euros en fondos públicos. A través de un análisis crítico, se destaca la persistente impunidad y las fallas en la administración de justicia que han permitido que este y otros casos similares queden sin castigo, afectando gravemente la economía y el bienestar de la región.

La Audiencia Provincial de Sevilla, en su Sección Primera, donde ejercen jueces tan ilustres como Pedro Martín Izquierdo, quien la preside, o la excelentísima señora Patricia Franco, y el mediático juez D. Francisco de Asís Molina, ha declarado mediante resolución la caducidad del plazo de instrucción del caso Isofotón, diligencias previas 3268/2015. Esto ha desembocado en el archivo de la causa por parte de la jueza del juzgado de instrucción nº 3, Dª Yolanda Rueda Soriano.

En la causa estaban imputados políticos tan relevantes como los pertenecientes a toda la cúpula de la Consejería de Innovación, con el consejero D. Francisco Vallejo a la cabeza. Esta consejería, junto a la de Empleo, estaba al frente de toda la gestión irregular que posteriormente se ha conocido, pero que no se ha podido enjuiciar debido a los errores en todas las causas que se han archivado, afectando a decenas de miles de millones de euros.

También estaba imputado Bienvenido Martínez, el cuñado de la Directora General de la Guardia Civil, Dª María Gámez, y socio de su marido, los hermanos Ángel y Diego Serrano, quienes se encontraban en las cúpulas de la agencia IDEA y de la Consejería de Innovación.

También estaban implicados los sucesores en los cargos de los anteriores, con los consejeros Antonio Ávila Cano y Martín Soler a la cabeza, quienes continuaron con este sistema de ayudas, cuando no dispusieron de unas nuevas. Además, el caso salpica a los ministros socialistas Teresa Ribera, en la actual cartera de Medio Ambiente; Ángel Planas, en la de Agricultura; y a la actual Vicepresidenta de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En la causa de Isofotón se juzga un presunto fraude de unos 80 millones de euros, que, a juicio del juez instructor, comprendería desde 2005 hasta 2021, mediante unos avales a fondo perdido concedidos sin procedimiento administrativo alguno, que —oh, qué extrañeza— luego se perdieron sin llegar a justificarse en qué se había gastado tan cuantiosas sumas de dinero. Estos avales se concedieron cuando ya se conocía la situación ruinosa de la empresa, y encima tampoco sirvieron para pagar las nóminas y salarios devengados a los trabajadores de la firma.

En el auto de archivo se explica que la instrucción se pretendió realizar de forma extemporánea, cuando ya había expirado el plazo para poder realizar diligencias de investigación, pero no aclara quién cometió tamaño fallo que ha supuesto que al menos 80 millones de euros se hayan tirado a la basura, en una de las comunidades autónomas más pobres de España y Europa, con graves problemas estructurales y desequilibrios en la renta per cápita.

Que estas ayudas se concedieran sin procedimiento y sin estudio de viabilidad alguno, como ahora tenemos constancia de que ha sucedido en numerosas ayudas concedidas por la agencia IDEA dirigidas a empresas de amigos del régimen, contrasta con los numerosos requisitos y trámites que la administración requiere a los ciudadanos de a pie para cualquier gestión, por nimia que sea, incluso se podría decir que hasta para sellar la cartilla del paro.

Con esta decisión, los jueces permiten que esos 80 millones se queden en un destino desconocido, en poder de personas que también se desconocen, y se suma a las decenas de miles de millones de euros que se permiten que se pierdan en iguales circunstancias y que los jueces con sus fallos —o no tan fallos— han permitido que queden impunes y sin devolver.

Según fuentes consultadas por este medio, lo que resulta extraño de todos estos casos es que en ningún caso las fuerzas y cuerpos de seguridad, las diligencias de investigación de la fiscalía, o los distintos juzgados han podido hallar quién se beneficia de estos fraudes.

Esta cuestión resulta harto extraña teniendo en cuenta que se han perdido decenas de miles de millones de euros y que en ningún caso, en ninguno, se ha podido determinar que algún cargo de los que los distribuían tan descuidadamente se haya beneficiado de dicho fraude.

Cabe recordar que los encargados de estas investigaciones son la fiscalía anticorrupción, los servicios de blanqueo de capitales de la Guardia Civil, y sobre todo el grupo antiblanqueo de la Policía Nacional para Andalucía Occidental, ubicado en la avenida Blas Infante nº 6 de Sevilla.

Por otro lado, lo que se sabe del caso Isofotón y llama extraordinariamente la atención es que las ayudas a la firma llegaron cuando la situación era radicalmente ruinosa y recaía sobre ella causa de disolución.

Es un supuesto extraño, completamente ajeno a lo que la gente está acostumbrada en los casos de corrupción de los que se nos informa, pues lo “normal” en estos casos es que se infle una empresa que se hallaba en buena situación y después se produzca la mala gestión y despilfarro que lleva al fin de la compañía. Pero en este caso es al revés, ya que la empresa estaba ya quebrada cuando llegó el dinero.

¿No podría ser que algún político o responsable público, en connivencia con otros de dentro de la empresa y despachos de abogados de confianza, haya vaciado una firma y, luego, para tapar los agujeros, se la haya inflado con las subvenciones públicas? En ese caso, sería necesaria la connivencia de los juzgados de lo mercantil y los administradores concursales que nombran, para ocultar el fraude cometido antes de que se abra el concurso y lleguen los avales de la agencia IDEA para enjuagar la situación.

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Dada la cantidad de casos en las ayudas de la agencia IDEA que han tenido lugar bajo el mismo modus operandi, se podría preguntar si la fiscalía o fuerzas y cuerpos de seguridad han barajado dicha hipótesis en algún momento.

Por otro lado, no se entiende cómo los jueces y la fiscalía no han tomado medidas para que esta situación, que se está dando delante de las narices de todos los andaluces e incluso de ciudadanos de otras comunidades autónomas que siguen esta realidad de forma muy intensa, se corrija en algo.

Y no se entiende cómo esto no es así, dadas las evidentes consecuencias que provoca en la economía de la región, donde se empobrece y no cumple los criterios de convergencia a pesar de toda la solidaridad y ayudas recibidas de otras regiones que esperan que esto se emplee adecuadamente. Además, esto provoca mala prensa y reputación para la generalidad de la Comunidad, incluso estigmatización por parte de ciudadanos de otras regiones.

El resultado probable es que unos cuantos se aprovechen de los recursos públicos y se enriquezcan provocando graves desequilibrios, mientras que, por otro lado, la mayoría de la población ve truncadas sus esperanzas de un futuro mejor y quitados millones de euros que iban para su desarrollo. También ven empobrecidas sus economías domésticas, tanto la generalidad de personas a las que se sustraen estas ayudas como, supuestamente, la generalidad de la que forman parte los jueces y fiscales que dejan impunes estas conductas.

¿Los jueces y fiscales no entienden que así se empobrece toda la región, mientras solo se enriquecen de forma desaforada unos cuantos (porque evidentemente esos 80 millones han desaparecido, no se sabe quién los tiene o no se quiere saber, pero quemados no han sido), y también ellos, como parte de la masa, se han empobrecido? ¿O los jueces y fiscales, cuando realizan estos archivos, no sufren este empobrecimiento como los demás? ¿Habrá alguna causa, oculta o ajena a la visión, que haga que los jueces, con estos archivos, no tengan sensación de empobrecerse?

Existen estudios que analizan cómo afecta la corrupción a la riqueza de una región y también cómo aumenta la brecha entre los políticos y sus amigos y el resto de personas de la ciudadanía.

Pero no creemos que haya estudios sobre si este empobrecimiento afecta también a los jueces y fiscales y sus familias como miembros, supuestamente, de esa masa que sale perjudicada por la impunidad, o si por el contrario, por mecanismos que aún no se han estudiado, también se ven reforzados en su peculio, y la brecha se produce no entre políticos y resto de ciudadanos más jueces y fiscales, sino entre políticos, jueces y fiscales de un lado, y resto de ciudadanía del otro.

No puede haber tales estudios porque, primero, para que los hubiera sería condición necesaria que los jueces, fiscales y sus familias, como parte del poder judicial, tuvieran que suscribir declaraciones de bienes, como hacen los políticos miembros del poder ejecutivo y legislativo, herramienta básica para luchar contra la corrupción y conflictos de interés. Y no lo hacen, lo que constituye una de las lagunas más oscuras y groseras de nuestra llamada democracia.

Muchos nos tememos que en Andalucía la gente no se percata de la gran guasa que hay dentro del sacrosanto Poder Judicial, que nunca da ni ha dado explicaciones de nada.

 Antecedentes del archivo judicial

Se ha decretado el archivo judicial de esta macrocausa de corrupción que afectaba al régimen en el poder, y van tantos que se ha perdido la cuenta (y los que quedarán mientras haya este tipo de Judicatura y Fiscalía).

No hay constancia de que toda esta impunidad y todos estos millones perdidos de las arcas públicas hayan supuesto algún tipo de consecuencia negativa para ninguno de los causantes, ni tampoco hay constancia de que estos errores judiciales hayan provocado reacción adversa alguna para los fiscales y jueces actuantes; más bien, al contrario, luego han conseguido mejores puestos y ascensos con los gobiernos del PSOE.

El juez Pedro Martín Izquierdo saltó a la palestra cuando el Partido Popular lo tuvo que recusar para que se apartara forzosamente de las causas de corrupción que le tocaron supuestamente de forma limpia según el turno de reparto, después de haber sido durante varias legislaturas Secretario General de Justicia en los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, y, sin embargo, él no apreciaba razones para abstenerse.

Además, es un juez de los que imponen fianzas a las acusaciones populares que se quieren personar en las causas de corrupción, porque a su juicio se corre el riesgo de “judicialización” de la persecución de los delitos contra las arcas públicas, extraño razonamiento cuando la única vía para combatir la corrupción es la judicialización de la gestión pública porque hasta la fecha no se ha concebido aún otra manera de luchar contra los corruptos, a no ser que el señor Izquierdo Martín pretenda que la ciudadanía o los denunciantes contra la corrupción acudan a las oficinas públicas con un arma en la mano para obligar a políticos y funcionarios corruptos a no llevarse el dinero.

Sin embargo, no se conocen declaraciones públicas del juez Izquierdo Martín en que critique o proponga medidas para que todos estos “fallos” judiciales de los que informamos en este medio no vuelvan a ocurrir. Además, las crónicas informan también que la Sección que él preside fue la máxima responsable de que la causa sobre el fraude de los fondos de formación se archivara cuando descartó que existiera una trama o concierto entre los funcionarios para el reparto arbitrario de los fondos públicos o que se repartieran de forma organizada a una red clientelar previa, y, por otro lado, desestimó la práctica de las diligencias para comprobarlo siquiera indiciariamente por prospectivas.

Esto choca frontalmente con su actuación en otros casos, como, por ejemplo, con el trato que les otorgan a los denunciantes de corrupción.

Otro juez de la misma sección que ahora archiva el caso Isofotón es el magistrado D. Francisco de Asís Molina Crespo, el togado que se hizo mediático por ser el juez que instruyó el caso Marta del Castillo. De la instrucción que realizó el juez Molina Crespo en dicho caso, solo se tradujo en la condena del autor confeso Miguel Carcaño.

Mucho se analizó por qué en su momento de todos los acusados, al único que no decretó de forma inmediata libertad provisional sin fianza fue a Dª María García Mendaro, hija de un alto cargo provincial dentro del PSOE y miembro del Foro Campoamor con otras insignes integrantes socialistas como Susana Díaz, Amparo Rubiales o Carmen Hermosín. Para que luego se diga que la Justicia es ciega.

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Sorprende que los mismos juzgados y fiscales tengan estos “fallos” tan graves y groseros en las causas de corrupción y, por otro lado, tengan ese trato tan antijurídico e inmoral con los denunciantes de corrupción.

Recuperación del dinero

Aparte de toda esta impunidad que causa asombro, también llama la atención que de las decenas de miles de millones sustraídos no se informe en ningún momento a la ciudadanía del dinero recuperado, y mucho nos tememos que en realidad las autoridades no informan porque no se está recuperando ni un euro del dinero sustraído.

Esto es así debido a todos los archivos de causas penales ejecutadas por jueces y fiscales y porque en los pocos casos que sí han prosperado, la Junta de Andalucía no se personó para recuperar el dinero, cuando dispone de todo un Gabinete Jurídico con multitud de abogados que cobran mensualmente un salario público para hacerlo; actuación extraña cuando supuestamente todo fueron errores y los políticos que mandan sobre el Gabinete Jurídico nunca se aprovecharon de estos desfalcos.

¿Algún día el pueblo andaluz sabrá toda la verdad del dinero sustraído y de lo que pasó —y mucho nos tememos que sigue pasando— en la agencia IDEA y filiales? ¿Algún día el pueblo andaluz recuperará la dignidad y podrá excluir a toda la golfería y pillaje? ¿Algún día podrá darse paso a otros jueces y fiscales en Andalucía que tengan otro concepto de justicia que no favorezca siempre a los poderosos?

Lo cierto es que la impunidad induce al abuso y a cometer de nuevo el delito, lo que nos arriesgamos a aventurar que pasará (y que entonces habrá los mismos «fallos» judiciales).

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