«Es inaceptable. Si esta acción se lleva a cabo (…) sería una clara violación del derecho europeo», así como de la «cooperación» y la «confianza mutua», señaló la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

El Gobierno húngaro anunció el pasado viernes que estudia vías legales contra la multa de 200 millones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le impuso el pasado junio por incumplir una sentencia anterior sobre protección a los migrantes.

Entre otras cosas, el Ejecutivo de Viktor Orbán amenazó con enviar a Bruselas autobuses llenos de migrantes que quieran solicitar el asilo en los Veintisiete.

La portavoz comunitaria de Interior señaló hoy que Bruselas está «examinando la situación» y que está «lista» para usar «todos sus poderes para asegurar que el derecho europeo se respeta».

Precisó además que las autoridades comunitarias están «en contacto» con las húngaras para «asegurar que esta acción no se lleva a cabo».

La secretaria belga de Estado para el Asilo y la Migración, Nicole de Moor, ya se pronunció el lunes sobre la amenaza de Hungría de enviar autobuses de migrantes a Bruselas, asegurando que una medida de ese tipo socavaría «la solidaridad y la cooperación» en la Unión Europea.

«Bélgica no permitirá el acceso a esos flujos migratorios políticamente instrumentalizados. Necesitamos trabajar juntos para una política migratoria justa, humana y efectiva», dijo De Moor a través de su cuenta en la red social X.

Añadió que «trasladar la responsabilidad unilateralmente a través de amenazas de este tipo socava la solidaridad y la cooperación dentro de la Unión».

En un comunicado, añadió que la amenaza de Hungría «por iniciativa propia y sin consulta, muestra una falta de respeto por las instituciones europeas y las políticas conjuntas».

«Semejante retórica no contribuye a encontrar soluciones constructivas a los complejos problemas migratorios que enfrentamos como Unión Europea», dijo De Moor, y pidió a la Comisión Europea que respondiese «con firmeza y decisión».

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El TJUE dictaminó en junio que Hungría no ejecutó deliberadamente una sentencia de diciembre de 2020 sobre protección internacional de migrantes.

Más allá de la sanción de 200 millones, el tribunal europeo también condenó al país centroeuropeo a una multa coercitiva de un millón de euros por cada día de retraso en el cumplimiento de aquella sentencia.

El fallo de diciembre de 2020 estableció que Hungría no había respetado el derecho comunitario sobre los procedimientos de concesión de protección internacional y de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

El fallo no obligaba a Hungría a dejar entrar inmigrantes en su territorio ni a abandonar sus políticas de defensa de las fronteras.

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