El Gobierno ha ofrecido al portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una nueva propuesta de distribución de los miles de menores migrantes que llegaron en cayucos a las islas y sin acompañar por familiares.

Y que saturan los centros de acogida de esta comunidad. En una reunión «técnica» que tuvieron el lunes en Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), les entregó a ambos, junto al ministro Ángel Víctor Torres (PSOE), «una propuesta» de reparto de los menores que no puede acoger Canarias. Y ahora el PP y Coalición Canaria preparan su «contraoferta» para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería.

Pero la clave no es que hubiera otra reunión, ni que se produjera la nueva oferta del Gobierno, que estaba prevista desde la comisión interministerial, sino el contenido de la misma. Y es muy novedoso.

Según ha sabido IEN, la propuesta consiste en repartir a los menores en base a un solo criterio, el de población. Cuantos más habitantes tenga una comunidad autónoma, más migrantes recibirá. Se trata de un parámetro objetivo que acabaría con las disparidades entre las comunidades que se consideran muy saturadas y las que replican que no lo están tanto por la simple razón de que tienen más plazas de acogida. 

Lo resumen así las fuentes consultadas: «Las plazas que le corresponden a cada comunidad autónoma en base a su población las tiene que pagar ella, y el resto, al superar esa cifra, sí se las financiaría el Estado».

«Si tenemos que responder como país a una crisis que no es de una autonomía, sino de todo el país, tenemos que responder cada uno según la población», asegura uno de los dirigentes políticos conocedores de los pormenores de la reunión.

Además, el Ejecutivo propone establecer con los datos de 2024 -y no de 2020- el umbral del 100% de saturación de los centros de acogida a partir del cual el Estado comenzaría a financiar el coste de los niños y adolescentes migrantes derivados a cada comunidad autónoma.

Y no sólo eso: se contabilizarían los «recursos universales» de cada comunidad. Es decir, las plazas que tienen para menores españoles y para menores extranjeros, sin distinciones. Y se establecería el umbral contabilizando tanto las plazas «ordinarias» como las «extraordinarias» habilitadas en los cuatro últimos años.

 Pero la diferencia es que, con este nuevo mecanismo, el Ministerio de Hacienda sí desbloquearía fondos para que las comunidades hagan frente a la emergencia migratoria, después de que la vicepresidenta María Jesús Montero congelase la cofinanciación que le demandaba insistentemente Clavijo:

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Las fuentes consultadas resaltan que el PP no rechazó la propuesta en la reunión, aunque la está estudiando con detenimiento porque no se «fía» de las cifras aportadas por el Ejecutivo. Lo mismo está haciendo el Gobierno canario, al que la idea le sonó proporcionada y salomónica. Posible.

¿Por qué es importante establecer umbrales de saturación migratoria que tengan que ver con la población y con el número de plazas de acogida de cada comunidad?

Por que si no la saturación sólo dependería de la inversión que hubiera hecho cada región. De manera que si en una autonomía muy poblada hay pocas camas para migrantes, su sistema colapsa enseguida, y se aduce que ya no puede acoger más, mientras que quienes hicieron a tiempo los deberes tienen que hacer un gasto extra por el hecho de contar con más infraestructuras.

En la reunión se puso sobre la mesa el ejemplo de La Rioja, una comunidad que no ha desarrollado un sistema completo de acogida, ni mucho menos. «Se le obligaría a invertir más con su financiación autonómica» hasta cumplir con su cuota poblacional. De esta forma, ninguna región sería más que otra.

Eso sí, comunidades como Andalucía podrían argüir, entonces, que el criterio poblacional debería primar también en la revisión del sistema de financiación territorial que ahora sobrevuela la actualidad política. ¿O es que ese criterio no implica acaso un sobreprecio para las comunidades con más habitantes, y que no tienen una población ni dispersa ni tan envejecida como otras autonomías sociológicamente opuestas, como Castilla y León, por ejemplo?

Ahora que Rego ha puesto sobre la mesa un método para aportar fondos extra, el acuerdo para reformar la Ley de Extranjería está más cerca. ¿Y por qué la inyección de fondos gubernamentales era la clave? Porque si la Administración General del Estado no se hace cargo de una parte del coste económico, los presidentes autonómicos del Partido Popular no aceptarán la derivación de más migrantes.

Además, el presidente de Canarias exigía ver los números, negro sobre blanco, como condición sine qua non para sentarse a negociar con el Gobierno y el PP, mesa en la que él ejerce una suerte de papel de árbitro. En la última reunión Interministerial, Rego le prometió facilitarle esos cálculos 24 horas antes de la reunión definitiva para el desbloqueo. No ocurrió eso, pero las tornas han cambiado y hay un acercamiento claro.

Clavijo ya le aseguró a la vicepresidenta Montero que el incremento presupuestario era la clave para que las 11 comunidades que preside el PP acepten a menores trasladados desde Canarias:

«Aunque sacásemos la ley con Junts, las comunidades del PP no colaborarán si no hay más fondos», le dijo. Montero contestó que la acogida a los menores migrantes es una competencia autonómica y que son las regiones las que deberían asumir el coste, según las fuentes consultadas. Pero añadió que iba a estudiar cómo podría «ayudar».

Dos semanas después, la nueva propuesta supone un gran paso. No es definitivo, pero sí, por fin, hacia adelante.

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