"Han anunciado que se proponen matar con una ley el único recurso con que los demócratas venezolanos contamos (...) de aquí en adelante, Maduro y sus secuaces se atribuirán la potestad de elegir a los candidatos que podrían participar en los procesos electorales, para cualquier cargo de representación política"
Opinion 08 de octubre de 2024 Miguel Henrique Otero
Mientras dentro y fuera de Venezuela están en curso una serie de iniciativas políticas y diplomáticas -que incluyen a los gobiernos de varios países: Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, España y otros-, que tienen como propósito que Nicolás Maduro reconozca el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia; mientras cada vez resultan más rotundas las evidencias de que Maduro perdió y que la victoria de González Urrutia fue abrumadora (como acaba de suscribir el Centro Carter).
Mientras hay personas analizando y debatiendo cómo podría adelantarse el proceso de transición política en Venezuela, proceso que no solo será singularísimo sino de inédita complejidad; mientras, insisto, la buena voluntad de los demócratas venezolanos y de otros países está concentrada en los preparativos y acuerdos posibles en el camino hacia el 10 de enero de 2025, fecha en que debería ocurrir la entrega del mando al presidente electo González Urrutia; de forma simultánea, en los mismos días y horas, el régimen anuncia una iniciativa cuyo objetivo es la destrucción del sistema electoral venezolano.
Han anunciado que se proponen matar con una ley el único recurso con que los demócratas venezolanos contamos para hacer posible que las cosas cambien en el país. Según ese proyecto, de aquí en adelante, Maduro y sus secuaces se atribuirán la potestad de elegir a los candidatos que podrían participar en los procesos electorales, para cualquier cargo de representación política: concejales, alcaldes, gobernadores, parlamentarios y presidente de la República.
No solo escogerán a sus propios candidatos, sino que decidirán quiénes pueden o no ser candidatos de la oposición. Esta ley convertiría el veto, el mismo veto injustificado, absurdo, ilegal e ilegítimo con que impidieron a Corina Yoris Villasana ser candidata presidencial, en ley. A la académica Yoris, que no ha hecho otra cosa en su vida que estudiar, investigar y ejercer la docencia, se le impidió ejercer sus derechos políticos, solo porque en el criterio del régimen podría resultar una candidata popular y de eficaz proyección.
Si tal adefesio se aprueba y el régimen se niega a entregar el poder el 10 de enero, el escenario de todos los procesos electorales posteriores a esa fecha, comenzando por las elecciones regionales de 2025, serán torneos electorales entre candidatos del PSUV y candidatos alacranes. En otras palabras, ellos contra ellos mismos.
Equivalente a una elección interna del partido de gobierno. No habría candidatos de la oposición democrática. No se permitiría la participación de nadie que no sea miembro nato del régimen, aliado abierto o solapado, enchufado, testaferro o socio de sus innumerables explotaciones y negocios.
Para consumar esa siniestra meta han dado un primer paso: llamar a un diálogo para debatir el asunto, que no es diálogo, sino una descarada escenificación, donde el pequeño e impotente rebaño de los alacranes escuchará la decisión de reformar las leyes electorales, y la elogiará y aplaudirá, porque de eso trata su contrato: en contribuir a la simulación de que la dictadura consulta y escucha a la sociedad. Para eso les han pagado y les continuarán pagando.
Dice la noticia: se trata de impedir que los fascistas puedan ser candidatos en las elecciones. Esto, en un país donde el fascismo no ha existido nunca, ni mucho menos ha tenido expresión en alguna organización, partido político, movimiento social, tertulia o vocero. Simplemente no ha existido. Han desempolvado un anacronismo, una etiqueta sonora, desdeñable, genérica e incierta, con la que estigmatizar a los opositores. Una etiqueta para señalar a cualquiera sin justificación alguna.
Porque de eso se trata, además: se intenta aprobar una ley que, contrariando, vulnerando enunciados esenciales de la Constitución, no solo vetaría, sino que también estigmatizaría. Se pretende, una vez más, institucionalizar la estigmatización de los demócratas. ¿O es que la Ley contra el Fascismo no es, en esencia, un instrumento de estigmatización y castigo, de falacia e infamia, que permite secuestrar, apresar y encerrar por años a los promotores de las libertades?
Quieren una ley que le permita al régimen fascistoide, creado por Chávez y Maduro, ejecutar las mismas prácticas violentas y estigmatizantes que realizaban las milicias de los camisas pardas de Benito Mussolini o los paramilitares miembros de los “escuadrones de protección” (las Schutzstaffel), en contra de quienes se les oponían en la Italia fascista y la Alemania nazi.
Se proponen dar continuidad a los modos de los promotores del Estado Legionario de Rumanía o de los militantes del Partido de la Cruz Flechada (que tiene en su expediente el haber asesinado a casi 50.000 judíos en escenas salvajes de persecución, y de haber entregado a la industria de aniquilación de Hitler a más de 80.000 judíos más).
¿Hay relación entre las prácticas políticas y sociales del fascismo europeo (décadas del veinte al cincuenta del siglo XX) con los métodos de Chávez y Maduro?
Crear milicias armadas y protegidas por el Estado; marcar las viviendas de los opositores; elaborar listas para perseguir y excluir; aprobar leyes para impedir la posibilidad de cambio en el poder; despojar a la gente de sus derechos ciudadanos y políticos; distorsionar el uso de la lengua, de modo que ella se convierta en un arma de violencia política y terror: justo lo que hace el régimen de Maduro, cuando le grita fascista a un demócrata, sin que haya justificación alguna para ello, semejante a lo que hacían los fascismos europeos del siglo XX.
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