Tramas cada vez mejor organizadas que convierten la comercialización fraudulenta de los hidrocarburos en un negocio y en un severo perjuicio para las arcas de la Agencia Tributaria. El escándalo era sobradamente conocido en el sector, no tanto para la ciudadanía.

En las últimas semanas la implicación del ‘conseguidor’ del ‘caso Koldo', Víctor de Aldama, y de su socio, Claudio Rivas, ambos en prisión, lo ha situado en el foco de la corrupción de nuestro país. Estimar el impacto de este tipo de fraude no es sencillo.

Menos aún por la velocidad a la que aumenta de año en año. El informe de la Unidad Central Operativa que desenmaraña la trama que implica a Rivas llega a aportar la cifra de 300 millones de euros, citada en la memoria de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

Pero esa estimación referida por la UCO se ha quedado desfasada. Mucho. Se remonta a 2016. La propia AOP eleva en su memoria de 2023 hasta los 588 millones el fraude por IVA en este tipo de entramados delictivos, “es uno de los desafíos más grandes para nuestro sector”, señala.

Según datos de KPMG y que recuerda la AOP estas tramas de fraude habrían gestionado un volumen de ventas de hasta 26.000 millones de euros en el periodo 2013 a 2022. Pero otro organismo relevante del sector, la Unión de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI), que agrupa a operadores al por mayor de productores petrolíferos, llega a disparar hasta los 2.000 millones el volumen de fraude por impago de IVA al año en nuestro país.  

Muestra del impacto de este tipo de tramas es la última desarticulada por la guardia civil en una operación coordinada por la Agencia Tributaria y que se remonta a hace apenas unos días. El 16 de octubre se informó de una operación por la que se desarticuló una organización criminal que habría estafado a la Hacienda pública un importe de 133 millones por impago de IVA en la comercialización de hidrocarburos en 2020 y 2021.

El entramado aflorado es muy similar al que la UCO describe en el informe que llevó a prisión el pasado día 10 al socio de Aldama, Claudio Rivas, y por el que también está encarcelado de modo provisional el ‘conseguido’ del ‘caso Koldo’.

La acusación que pesa sobre él y el resto de la docena de investigados es por un montante incluso superior: 182,5 millones de euros. Supone apenas una pequeña parte del volumen de fraude en torno a la compraventa de hidrocarburos que estima el sector. El juez Santiago Pedraz ve además indicios suficientes de otro de los delitos que habitualmente acompaña a este tipo de fraude: el blanqueo de capitales.  

Socavar la competencia
Hasta el momento en la Audiencia Nacional se han llevado a cabo alrededor de una decena de procedimientos judiciales contra entramados de este tipo en los que se ha constatado que el fraude cometido responde a mecanismos muy similares.

Ya en 2020 una investigación, en la que figura Rivas, esta unidad de la Guardia Civil describía cómo las estructuras fraudulentas se soportan sobre empresas instrumentales, en las que recae la responsabilidad del impago del IVA, equivalente al 21% del precio del carburante. Gracias a ello, los operadores emplean ese 21% no abonado a Hacienda como margen comercial para bajar sus precios, incluso “a pérdida, en la venta a las estaciones de servicio “acaparando el mercado, socavando la competencia y obteniendo millonarios ingresos en tan sólo unos meses”, señala la UCO.

En este caso, la trama descrita por los investigadores recurría a operadoras al por mayor de hidrocarburos “que permanecían en una supuesta legalidad” pero valiéndose después de una serie de sociedades mercantiles a las que se remitía las cantidades del “fraude masivo de IVA” no abonadas y que eran sustituidas “cuando acaparaban grandes cantidades”.

La UCO asegura en su investigación que en los últimos años se ha detectado una proliferación e implantación de muchas organizaciones criminales que “se han dedicado a la defraudación de millonarias cantidades de IVA y al ulterior blanqueamiento de esos fondos utilizando para ello complejas estructuras instrumentales”. Estas tramas han ido alcanzando “altas cotas de sofisticación”, señalan.

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Acceder al mercado de los hidrocarburos no es sencillo. Es el Ministerio para la Transición Ecológica el que debe autorizar poder operar en este mercado. Es ahí donde ‘el conseguidor’ Aldama podría haber intervenido presuntamente para que el empresario Rivas obtuviera la correspondiente licencia de operador de hidrocarburos al por mayor.

Una operación en la que se investiga que también podría haber mediado Koldo García. Una mediación que se habría producido en 2020, en plena pandemia.

 La proliferación de este tipo de organizaciones se ha intensificado en últimos años amparada en el repunte vivido en el sector. En el año 2012 se produjeron 32 nuevas altas como operadores de productos petrolíferos, 32 en 2016 y sólo 2 en 2020. Fue en 2017 cuando el Ministerio inhabilitó a un gran número de estas licencias, 27, muchas de ellas bajo la sospecha de tratarse de entramados fraudulentos.

Desde entonces, el número de agentes autorizados para operar en el mercado de los hidrocarburos ronda el centenar en nuestro país -94 en 2021-, lejos de los hasta 150 que existían en 2016.

Acabar con la exención de IVA
El modelo de entramados que describe la Guardia Civil no requiere de grandes medios técnicos “pues hacen de meros intermediarios entre los depósitos fiscales y los minoristas”. Lo que sí necesita es de personal que conozca el sector, por lo que es habitual encontrar profesionales de la comercialización de hidrocarburos implicados en este tipo de entramados, en muchos casos reincidentes.

Al frente de las estructuras, señala la UCO, se sitúa en muchos casos a testaferros, de modo que la identidad de quien realmente domina la organización queda velada. “Hombres de paja”, señala la Guardia Civil, que suelen participar del negocio gestionando administrativamente.

 Una vez obtenida la licencia para poder operar en el mercado, el proceso de comercialización de los hidrocarburos se inicia con la adquisición del producto en un depósito o 'depósito fiscal' operado por un operador logístico. En España el principal operador logístico por volumen es CLH.

Esta operación, considerada el primer eslabón de la cadena de comercialización, está exenta de IVA, no así de los impuestos especiales que deben ser abonados antes de retirar el producto de los depósitos. Sólo a partir de aquí, empieza a imputarse el IVA.

Es entonces donde las tramas evitan abonar a la Hacienda pública el IVA generado, que sí cobran a sus clientes minoristas y a los que ofertan precios por debajo del precio real de mercado gracias al margen comercial que les permite el impago de IVA.

Para ello se hacen valer de un entramado de sociedades instrumentales buscando perfeccionar “el velo” sobre quienes realmente se esconden detrás de la dirección de las tramas. Además, esta maraña de entidades permite salvaguardar de la inhabilitación a las operadoras de hidrocarburos y les otorgan un primer eslabón de legitimidad en todo el proceso.

 El negocio es millonario. La venta de hidrocarburos no ha dejado de crecer. En España cada año se constituyen entre 200 y 250 nuevas estaciones de servicio. Ese crecimiento no esconde el cierre de cada vez más gasolineras víctimas de la competencia desleal por parte de las estaciones que compran combustibles a precios bajos y procedente de este tipo de organizaciones.

Pese a que las estaciones de servicio sí abonan el IVA, éste luego no siempre es repercutido ante la Hacienda por parte de quien se lo ha vendido. Competir con rebajas de precio por litro de entre 40 y hasta 50 céntimos es una realidad que viene denunciando desde hace años el sector.

Fraude, tras el 25% de los carburantes vendidos
Las principales asociaciones reclaman más medidas que pongan freno a estas prácticas. Estiman que alrededor del 25% de los carburantes que se venden en España están relacionados con este tipo de organizaciones. La principal medida que reclaman es que el cobro del IVA no esté exento en ninguno de los tramos por los que pasa la comercialización.

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Actualmente, la exención afecta al primer eslabón, el de la extracción desde los depósitos de almacenaje. Organizaciones como la Asociación de Operadores de Productos Petroleros (AOP), la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles, (AEVECAR) o la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI) piden a la Administración que elimine ese régimen suspensivo. Recuerdan que en Italia se hizo y el fraude cayó al 1% o 2%.

 Pese a que supone un impacto negativo menor, fuentes del sector también apuntan a otro tipo de prácticas cuestionables y que salpican a organizaciones implicadas en el sector de los hidrocarburos. Consistirían en movimientos para obtener hidrocarburos a un coste inferior y valiéndose para ello de la compra a países sometidos a sanciones o empleando mecanismos que no siempre cumplen con el marco legal requerido. Hidrocarburos a los que se busca “blanquear su origen”, señalan fuentes del sector.

De este modo, hidrocarburos procedentes de un país, como pudiera ser Rusia, podrían llevarse a otro país como Turquía o Marruecos para ser descargados y sometidos “a un proceso mínimo de transformación, pero otras veces ni eso”. En otros casos simplemente se descarga y se vuelve a cargar con un simple cambio de papeles.

Fuentes de la Agencia Tributaria restan importancia a un posible fraude por procedencia de los hidrocarburos. Señalan que se trata de una cuestión que ya se investigó y que el problema en el sector “no es aduanero” sino de impago de IVA.

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