En los juzgados de Valladolid de cuyo nombre casi es mejor no acordarse, se encuentra la Fiscalía premiada por el entorno de Oscar Puente y su hermana, Sofia Puente.

 El Ministro Oscar Puente, gobierna de forma encubierta presuntamente, al Ministerio de Justicia,  después de colocar en el palco principal a su hermana Sofia, (antes fiscal en los juzgados de Valladolid), de llevar a Esther Pérez (otrora fiscal jefe provincial de los juzgados de Valladolid) hoy en la Dirección General de Seguridad Jurídica, de premiar a la antes fiscal de menores en los juzgados de Valladolid, hoy en la Fiscalía de Menores de la FGE: María Teresa Vicente Calvo, el juez Margareto ya en la Audiencia Provincial de Valladolid, Emilio Vega en la Audiencia Provincial de León, la mujer de éste, la jueza, Soledad Ortega también en la Audiencia Provincial de Valladolid, otra hermana del cuñado de Puente de juez en los juzgados de Valladolid……tienen haciendo cola, a otros fiscales de la misma ciudad que siguen ganando puntos gracias a la colaboración del abogado, amigo íntimo y ex compañero de bufete de Puente, César Gómez Rojo.

 España ya está viviendo altos niveles la corrupción política-judicial, pero cuando eso lo llevamos a territorios más pequeños, te encuentras con personas con nombres y apellidos, personas con discapacidad, vulnerables, desprotegidos de la justicia, y sobre todo, de la Fiscalía de Valladolid, que obviando su labor fundamental ganan puntos en los casos que atañen al policía local de Valladolid y su abogado señor Gómez Rojo, amigo y exsocio de Oscar Puente, sin importar el daño irreversible que puedan estar causando al incapaz.

 ¿Qué labor fundamental tiene el ministerio fiscal?

Según la Ley 50/81 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: Su función es promover e impulsar la acción de la justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la justicia y la protección de los derechos de algunos colectivos, como menores, personas con discapacidad, etc.

 ¿Dónde puede acudir una persona para defenderse en España del incumplimiento del deber del Ministerio fiscal?

Resulta que a un juez se le puede revocar, pero un fiscal, que, por razón de amistad manifiesta, no renuncie a un caso, como ya denunciamos, sucedió con el fiscal marido de Sofia Puente, en los juzgados de Valladolid, Manuel Javato.

Deja indefenso, en este caso a una persona con una discapacidad de un 81% que ni fue escuchada, ni atendida por nadie en los juzgados cuando había denunciado a su propio padre por maltrato físico y psicológico, ante distintos médicos, que dieron fe en sus informes, de lo que esa persona les transmitía en el hospital.

 Si el caso que hoy nos ocupa es la interacción de lo que ya hemos denunciado en este periódico repetidas veces, la presunta corrupción de unos juzgados, de una fiscalía, que está provocando el sufrimiento una persona de Valladolid, con un 81 por ciento de discapacidad, que de forma reiterada, está sufriendo y siendo ignorada y abandonada, por quién está obligado por ley a protegerle: el Ministerio Fiscal y sus jueces.

 Si un padre, que por ser policía local de Valladolid y sentirse un protegido de la justicia a través de su abogado, amigo de Puente, puede entrar con su placa una y otra vez a las dependencias judiciales, aunque sea para un juicio de malos tratos… ¿qué no se sentirá capaz de hacer fuera de ese entorno?

 Tratar de operar a un hijo, a espaldas de su madre, y ya de forma reiterada, es una forma de utilizar a un hijo para hacer daño a la madre, es VIOLENCIA VICARIA.  Y con la acción del Ministerio Fiscal, y los juzgados de Valladolid, VIOLENCIA INSTITUCIONAL.

 No queda ahí, el ministerio fiscal ESTÁ ROBANDO el derecho a una persona con discapacidad el estar acompañado de su madre en una situación difícil, y hasta traumática como puede ser un hospital y un quirófano, los informes de los profesionales así lo atestiguan.

 Que sea la madre la que está avisando al padre de todos los problemas físicos que le están sobreviniendo al hijo, y esos mismos problemas trate el padre de utilizarlos contra la madre…sólo tiene un nombre. Repetimos: VIOLENCIA VICARIA.

 La primera vez que el padre hizo este intento, la madre fue avisada por el propio cirujano. Pero esta vez, fue el propio hospital Campo Grande de Valladolid quién informó a la madre de lo que el padre estaba pretendiendo. 

Y la madre, se vio de nuevo en los juzgados de Valladolid para defender la vida de su hijo, al que el padre pretendía operar del corazón, sin ni siquiera estar claro que las arritmias cardíacas que estaba sufriendo su hijo se las provocase el padre con la medicación que le estaba suministrando a espaldas de la madre y con los cardiólogos diciendo que el hijo tiene un corazón estructuralmente, sano, y sin cumplir con los protocolos que marca para operar la Sociedad Española de Cardiología.

 Pues bien, una vez más la fiscalía de Valladolid, interviene INCUMPLIENDO su función básica, como es la de proteger los derechos de la persona con discapacidad.

“Desconfiando de los pregoneros de una resiliencia boba”

En el juicio de jurisdicción voluntaria que la madre se vio obligada a solicitar, el Ministerio Fiscal hace sus conclusiones de una forma GENÉRICA, PARTIDISTA Y SIN UN SOLO FUNDAMENTO diciendo que se dé poder al padre para operar cuando quiera a su hijo privando de derechos fundamentales al incapaz, dejando en manos del médico forense la decisión cuando precisamente es el único que no sabe de cardiología.

 Fiscal que resulta ser. Fiscal Delegado Provincial de Valladolid nombrado por la Fiscalía General del Estado, de la que a estas alturas no hace falta dar más datos.

 Justo en este momento que desde muchas instituciones se denuncia el asfixiante intento de instrumentalización política de la Fiscalía por determinados sectores que, persiguiendo otros fines, solo consiguen debilitar la justicia y la democracia. Nosotros venimos denunciando hace tiempo, que este rincón de la justicia que es la Fiscalía de Valladolid se ha convertido, a través de fiscales con nombres y apellidos en un entorno de desprotección total hacia los más vulnerables.

  Lo que están haciendo desde la Fiscalía de Valladolid es dar poder a personas que, parece, están por encima de la legalidad. Y, que eso se aplique a alguien que, precisamente, tiene la función de velar por la legalidad no deja de ser algo extraordinariamente preocupante y abre el camino de la arbitrariedad de los poderosos, que es el cáncer de cualquier Estado democrático de Derecho.

¿Si el padre de la persona con discapacidad fuera de verdad inocente necesitaría su abogado recurrir a su amistad con la familia Puente para defenderle? 

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