La gestión del desastre causado por la DANA en Valencia por los retrasos en las alertas y la atención a los damnificados llega a los tribunales, que empiezan a acumular denuncias contra responsables del Gobierno y de la Administración autonómica en el orden penal y Contencioso-Administrativo.

El partido Iustitia Europa -que ejerce de acusación particular en los casos Begoña Gómez, Koldo y contra el hermano de Pedro Sánchez- ha ampliado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la querella que interpuso inicialmente contra el presidente del Ejecutivo y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por omisión del deber de socorro, lesiones, homicidios por imprudencia y prevaricación omisiva.

Al mismo tiempo también ha incluido en su acción penal contra el presidente autonómico Carlos Mazón ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tras las informaciones respecto de su retraso en acudir al CECOPI por una comida privada.

Según los escritos de ampliación de ambas querellas, a los que ha tenido acceso este diario, a Ribera se le atribuye responsabilidad penal en relación con su responsabilidad jerárquica sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y las acciones u omisiones derivadas de dicha relación.

Apunta, adjuntando una cronología de la actuación del Ministerio el pasado 29 de octubre, día de la DANA, y diferentes informaciones periodísticas a que el día del desastre este organismo tardó 43 minutos en avisar al centro de crisis del desborde de dicho barranco.

Como contexto, añade que la CHJ reconoció en su Plan General de Riesgo de Inundación, publicado en 2023, la falta de adecuación, encauzamiento y drenaje del barranco del Poyo, identificado como una zona de alto riesgo de inundación.

Versiones discrepantes
Por otro lado, agrega que Mazón declaró que hasta las 20:00 horas no tuvo notificación alguna de la ministra Ribera sobre la emergencia, y que cualquier intento de contacto por parte de ella se produjo después de esa hora.

En cuanto a Ribera, la querella recuerda que la ministra sostuvo que intentó comunicarse con el presidente valenciano en varias ocasiones antes de las 20:00 horas sin éxito. "La discrepancia en las versiones de ambos funcionarios refleja una falta de coordinación y comunicación efectiva durante una situación de emergencia crítica", añade la querella.

Por otro lado, la ampliación de la querella inicialmente presentada ante el Tribunal Superior de Valencia contra Mazón añade ahora que el 29 de octubre "mientras la DANA causaba estragos en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón se encontraba en una comida con la periodista Maribel Vilaplana" hasta cerca de las 18.00 horas "cuando las tormentas llevaban horas descargando con fuerza sobre buena parte de la provincia de Valencia".

A juicio de esta acusación al menos desde las 18:00 horas, el caudal del barranco del Poyo se desborda y a partir de ahí y progresivamente inicia a inundar los municipios de Torrent, Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa y Catarroja, que acumulan la mayoría de las víctimas. A las 20:12, cuando miles de personas veían inundadas sus poblaciones y propiedades, la Generalitat lanzó su alerta.

Estas querellas se suman a la presentada por Manos Limpias el sindicato, que acudió a los juzgados de instrucción valencianos contra la presidenta de la Agencia Española de Meteorología (AEMET); María José Rallo del Olmo y contra el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Javier Montero. El sindicato acusa de los delitos de homicidio imprudente y daños.

 Reclamaciones contenciosas
En el orden contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite una demanda presentada por un particular por la "inactividad" del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la Agencia de Seguridad y Emergencias dependiente de su Gobierno a la hora de gestionar la alerta. Por el momento, se han reclamado los documentos administrativos sobre la gestión.

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Respecto de otra petición similar, el Tribunal Superior de Valencia se ha inhibido de conocer la demanda presentada por la asociación Liberum para que se declare la "inacción del Gobierno central en la gestión de la crisis". Tras declarar su falta de competencia, han remitido estas actuaciones ante el Supremo.

La decisión del alto tribunal valenciano obligará en todo caso al Supremo a dar una respuesta a esta demanda, que se suma a la presentada directamente ante este órgano por el abogado valenciano Curro Nicolau, quien adquirió cierta notoriedad mediática por sus recursos contra las medidas que limitaron los movimientos de los ciudadanos durante la pandemia de covid.

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