Ribera es la principal responsable

La reciente DANA que azotó el Levante español ha sacado a la luz un problema que lleva años gestándose: la falta de mantenimiento de los cauces fluviales y el consiguiente riesgo de inundaciones.

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y máxima responsable de las confederaciones hidrográficas, enfrenta a numerosas críticas por su gestión y por las consecuencias catastróficas derivadas de la ausencia de medidas preventivas. Más allá de las posibles repercusiones legales, muchos consideran que Ribera debería dimitir de todos sus cargos.

Jurisprudencia y responsabilidad: Teresa Ribera en la mira de la Audiencia Nacional
La jurisprudencia española es clara en estos casos. Tal y como recoge TO, según la Audiencia Nacional, el Estado y sus representantes son responsables patrimoniales de los daños causados por inundaciones si se prueba que la falta de mantenimiento fue un factor clave.

En el caso de la DANA del Levante, el Ministerio de Transición Ecológica, bajo el mando de Teresa Ribera, es la institución última a cargo de la limpieza y conservación de los ríos y cauces de la región.

En ocasiones anteriores, la Audiencia Nacional ya condenó al Estado a indemnizar a particulares afectados por riadas. En 2018, por ejemplo, se ordenó una indemnización de 42.081 euros a un agricultor de Zaragoza por daños en sus tierras.

La falta de limpieza y de control de sedimentos en los ríos fue un factor determinante en esa sentencia. Esta jurisprudencia demuestra que la Administración, incluyendo a las confederaciones hidrográficas dependientes de Ribera, tiene una responsabilidad directa en casos de desastres por riadas.

Fallo en la gestión y las consecuencias para el Levante
El impacto de la DANA en Valencia y otras zonas del Levante no fue un fenómeno inesperado. La falta de medidas preventivas y de mantenimiento ha sido un problema recurrente.

Según diversos informes periciales, la acumulación de grava, maleza y sedimentos en los cauces de los ríos contribuyó al desbordamiento de las aguas. Estos factores no solo aumentaron el caudal, sino que también dificultaron el flujo natural de los ríos, creando situaciones de riesgo elevado para la población.

Este descuido, como ya se ha mencionado, recae en la gestión de Teresa Ribera y su Ministerio. “La ausencia de inversiones en infraestructuras fluviales y la falta de previsión han dejado a miles de familias en situación de vulnerabilidad,” han comentado analistas y expertos en gestión de riesgos hídricos.

Un proyecto paralizado que pudo cambiarlo todo
La hemeroteca revela un detalle preocupante, señala TO. En 2011, cuando Ribera era secretaria de Estado de Cambio Climático, dio luz verde a un proyecto que pretendía reducir el impacto de las riadas en el Levante. Sin embargo, seis años después de asumir su cargo actual, ese proyecto sigue sin ejecutarse.

Fuentes cercanas al Ministerio señalan que, debido a su falta de implementación, el plan podría ser ahora modificado en su totalidad, eliminando incluso medidas claves que habrían reducido la vulnerabilidad del Levante español ante desastres naturales.

Este fallo en la gestión y ejecución de proyectos de gran relevancia abre la puerta a nuevas demandas. Según el Tribunal Supremo, para que se considere responsabilidad patrimonial de la Administración debe existir “un hecho imputable a la Administración, una lesión antijurídica y una relación de causalidad clara”. En el caso de Ribera y la DANA, existen evidencias que podrían cumplirse estas condiciones.

Consecuencias legales y éticas
Ante este panorama, la presión sobre Teresa Ribera aumenta. Las familias afectadas y los colectivos de la región exigen que se asuman responsabilidades. La ministra, que aspira a un cargo de comisaria en la Unión Europea, está bajo el escrutinio de la opinión pública, que señala su falta de respuesta y acción en momentos cruciales.

La Audiencia Nacional ya ha condenado a la Administración en casos similares, como sucedió en mayo de 2017, cuando un agricultor de Quinto recibió una compensación de 208.609 euros debido a los daños en sus tierras causados por una riada.

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En aquel fallo, el tribunal subrayó que la falta de mantenimiento de los cauces y la dejadez de la Confederación Hidrográfica del Ebro fueron determinantes. Estos antecedentes no juegan a favor de Ribera, cuya gestión podría derivar en consecuencias judiciales.

Además de las posibles repercusiones legales, muchos sectores consideran que Ribera debería dimitir. Las confederaciones hidrográficas, las entidades encargadas de supervisar y mantener los cauces de los ríos, dependen directamente de su Ministerio.

La gravedad de los daños y las vidas afectadas demandan que la responsabilidad se asuma con total transparencia y que los cargos públicos actúen en favor de la población. Para los afectados por la DANA y para el público en general, una dimisión sería la manera adecuada de responder a una gestión que, en su opinión, falló en proteger a la ciudadanía.

En conclusión, la DANA en el Levante español no solo dejó a su paso devastación y pérdidas materiales, sino que también puso de relieve las deficiencias en la gestión de los recursos hídricos en el país. Teresa Ribera, como máxima responsable de la Transición Ecológica, debe dimitir de ministra y como posible comisaria de la UE.

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