Impacto España Noticias
Begoña Gómez ha aportado al juez Juan Carlos Peinado una serie de correos electrónicos para intentar demostrar que ella solo firmó "el pliego de prescripciones técnicas" del software que se desarrolló para su máster en la Complutense porque "así se lo indicó expresamente" la universidad.
El problema para su defensa radica en que los mensajes, también prueban que utilizó a la directora de programas de Presidencia del Gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez, para estas gestiones de carácter privado.
El correo electrónico de la asesora de Moncloa figura entre los destinatarios de todos los mensajes que ha aportado su defensa. De hecho, en uno de ellos, la responsable de la oficina de transferencia de resultados de investigación de la Complutense, María Jesús Morillo, se dirige de forma directa a ella para que se encargue de realizar las gestiones necesarias en nombre de Begoña Gómez.
"Estimada Cristina: perdona, que me ha hecho un renuncio el ordenador. El contrato de cesión de derechos válido es este que se acompaña ahora".
Cristina Álvarez entró en Presidencia del Gobierno el 16 de julio de 2018 con el puesto de directora de programas, pero, desde el primer día estuvo ejerciendo de secretaria personal de la pareja del líder socialista.
Entre los correos electrónicos que obran en el sumario, destaca también uno que envió ella misma el pasado 8 de febrero a una directiva de Reale Seguros. "PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", le decía en el mismo.
El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el exvicerrector Juan Carlos Doadrio también confirmaron ante el juez que Álvarez se implicó de forma directa en el máster, pero la propia defensa de Gómez se ha encargado ahora de despejar cualquier posible duda que quedara.
Como informó este diario, distintas fuentes jurídicas consideraban que los anteriores correos ya constituían un indicio de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos del que serían coautores tanto la persona beneficiada —es decir, la propia Gómez— como aquella que ordenara que la asesora quedara a su disposición para asuntos ajenos a su función institucional.
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