A Emo también le pidieron que enarbolara una “bandera arcoíris LGBTQ2 durante una semana de su elección”
Internacional29 de noviembre de 2024
Impacto España Noticias
Una ciudad de Canadá ha sido multada por no celebrar el “Mes del Orgullo” LGBT.
Los funcionarios de Emo, Ontario, han sido acusados de “violar los derechos humanos” y se les ha impuesto una multa de 10.000 dólares.
Emo es un municipio de aproximadamente 1.300 habitantes ubicado en el extremo oeste de Ontario, a lo largo de la frontera con Minnesota.
Un tribunal de “derechos humanos” ordenó a la ciudad pagar 10.000 dólares a un grupo activista LGBT por no celebrar las opciones de estilo de vida alternativas que se promueven.
La multa incluyó 5.000 dólares de la cuenta bancaria personal del alcalde.
La ciudad también fue citada por no izar “una bandera arcoíris LGBTQ2”.
Sin embargo, la ciudad no tiene un asta de bandera oficial.
Un informe de Not the Bee explicó que los miembros LGBT de Borderland Pride les habían dicho a los funcionarios emo que proclamaran junio de 2020 como el “Mes del Orgullo”.
En una carta a los funcionarios, el grupo LGBT exigió que la ciudad ondeara una bandera del arco iris durante una semana.
Junto a la carta se adjuntó un borrador de proclamación que incluía cláusulas como “el orgullo es necesario para mostrar apoyo comunitario y pertenencia a las personas LGBTQ2”.
“La diversidad de orientación sexual, identidad de género y expresión de género representa una contribución positiva a la sociedad”, declaró la proclamación.
A Emo también le pidieron que enarbolara una “bandera arcoíris LGBTQ2 durante una semana de su elección”.
Borderland Pride luego le pidió a Emo que “nos envíe por correo electrónico una copia de su proclamación o resolución una vez adoptada y firmada”.
Sin embargo, el ayuntamiento y el alcalde no retomaron la campaña.
En respuesta, la organización presentó una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de Ontario.
Informaron que los miembros de Borderland Pride se sintieron “heridos” por la falta de cooperación de la ciudad.
“El tribunal, cuyas decisiones son legalmente vinculantes, ha determinado que el municipio debe pagar a Borderland Pride 10.000 dólares y el alcalde emo Harold McQuaker tiene que proporcionar al grupo 5.000 dólares de sus finanzas personales”, señala el informe.
El informe continuó:
“El Tribunal de Derechos Humanos de Ontario (un grupo que suena orwelliano si alguna vez hubo uno) cree que las personas LGBT tienen el derecho humano a un mes entero para celebrar su vida sexual, y si una pequeña ciudad no está de acuerdo, tiene que pagar una multa a un grupo de derechos LGBT y extorsionar a su alcalde para que pague la mitad”.
Los activistas LGBT afirmaron que la acción de la ciudad era discriminatoria.
La denuncia por discriminación finalmente se basó en una sola línea pronunciada por el alcalde emo Harold McQuaker.
Cuando se presentó la proclamación para su consideración, se escuchó a McQuaker decir en una grabación de la reunión:
“No se ondea ninguna bandera que represente al otro lado de la moneda… no se ondean banderas que representen a la gente heterosexual”.
Como escribió la vicepresidenta del Tribunal de Derechos Humanos, Karen Dawson, en su decisión:
“Considero que este comentario fue degradante y despectivo hacia la comunidad LGBTQ2 de la que Borderland Pride es miembro y, por lo tanto, constituyó discriminación según el Código”.
Dawson también dictaminó que, dada la “estrecha proximidad” del comentario de McQuaker a su voto negativo, eso también “constituía discriminación bajo el Código”.
Los cinco días de audiencias sobre el caso también incluirían a Emily Saewyc.
Saewyc, profesor de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Columbia Británica, fue citado como “un experto en la comunidad LGBTQ2”.
“El Dr. Saewyc testificó que una de las formas en que el discurso negativo contribuye a causar daños es al alentar tácitamente a otros a imitar ese discurso discriminatorio”, se lee en la decisión.
La decisión citó la afirmación de Saewyc de que el presidente Donald Trump inspira “odio y violencia” contra la comunidad LGBTQ.
Los miembros del grupo exigieron:
“Tenemos derecho a un trato sin discriminación cuando intentamos solicitar servicios a nuestro gobierno local”.
A los funcionarios municipales también se les ordenó participar en un curso de adoctrinamiento LGBT.
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