La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha entregado las obras de emergencia para la reparación de daños en la presa de Forata y en el Campo del Turia "ocasionados por la DANA" a dos empresas relacionadas con la trama Gürtel. 

Según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, pasado más de un mes de la tragedia, la presa aún no está en "plena operatividad" e incluso, podrían producirse "vertidos" descontrolados por su margen derecha.

 Las compañías implicadas en Gürtel contratadas a dedo por el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica por un montante de 20,2 millones de euros son Becsa SL y CHM Obras e Infraestructuras SA. Estas licitaciones se cerraron a través de sendos "contratos verbales" el 27 y el 28 de noviembre pasados, nada más tomar posesión la nueva vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en sustitución de Teresa Ribera.

El llamado caso Gürtel fue un caso de corrupción, con epicentro en la Comunidad Valenciana, en el que cargos del PP manipulaban adjudicaciones de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Su sentencia sirvió de excusa al PSOE para la moción de censura que sacó del poder a Mariano Rajoy y aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018. 

 Los documentos
Tal como explica el documento, la presa de Forata estuvo a punto de reventar a causa de las "intensas precipitaciones acaecidas durante el día 29 de octubre" en Valencia. Tan grave hubiera sido que el embalse del río Magro no aguantara que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de aquella tarde se centró obsesivamente en ella.

Finalmente, la estructura aguantó, pero se produjeron "daños de elevada magnitud en múltiples infraestructuras y poblaciones de las comarcas de l'Horta Sud, la Plana de Utiel-Requena, la Hoya de Buñol, la Ribera Alta, el Camp del Turia, la Ribera Baja y los Serranos" de la Comunidad Valenciana.

Según los documentos en poder de este periódico, CHM SA recibirá 6,24 millones por un trabajo de "seis meses" en la presa de Forata. Por su parte, Becsa SAU cobrará 14,4 millones de euros en el mismo plazo por las "obras de emergencia para la reparación del daños en el canal del Campo del Turia ocasionados por la DANA".

A pesar de que ambas son compañías implicadas en la sentencia de la Gürtel, de 2018, las dos sociedades han seguido contratando con las administraciones públicas.

Sólo en los ocho años de Gobierno del socialista Ximo Puig en la Generalitat Valenciana, Becsa, del Grupo Simetría, logró 64 contratos por más de 17,6 millones de euros. De ellos, sólo 14 licitaciones fueron cerradas antes de la sentencia de la Gürtel. La cincuentena restante, por un valor de 132 millones se le concedieron cuando ya la Audiencia Nacional había establecido, negro sobre blanco, sus tratos con la trama.

Por su parte, CHM, del Grupo Vallalba obtuvo 24 licitaciones entre 2015 y 2023, que le reportaron unos ingresos de 89,7 millones de euros. Apenas siete licitaciones, por algo menos de seis millones, son previas al fallo judicial. Los 84 millones restantes se le concedieron cuando Ximo Puig habría podido ser acusado de "favorecer a empresas implicadas en la corrupción", como se hace ahora con Carlos Mazón.

Los trabajos
Concretamente, según la descripción del objeto del contrato, la estructura de la presa de Forata "ha recibido y laminado una importante avenida estimada en periodos de retorno de 10.000 años, produciendo un histórico vertido por su aliviadero, que ha producido daños importantes".

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El documento oficial especifica que "en la presa de Forata se han de reponer las instalaciones a su estado original para garantizar la plena operatividad de la infraestructura". Y asimismo, se le reclama a la adjudicataria CHM SA que "es primordial resolver la situación del camino de acceso a la presa por su margen derecha para evitar completamente la posibilidad de vertidos por esa margen".

El pasado 20 de noviembre, EL ESPAÑOL desvelaba que la CHJ notificó a las 18:04 del día de la DANA que la presa de Forata tardaría "13 horas" en desbordar, pero finalmente la estructura alcanzó su aforo tope en apenas 89 minutos. 

Es decir que, según un correo electrónico enviado por su sistema automático a Emergencias de la Generalitat, la Confederación no supo predecir la magnitud del riesgo, aunque ya había centrado toda su atención en Forata y había ordenado abrir las compuertas.

El CECOPI estuvo atento a esta infraestructura, dado que los técnicos advirtieron de que el caudal que alimentaba el embalse era "mucho mayor" que la capacidad de alivio de la presa. Por este motivo, Emergencias de la Generalitat advirtió a los municipios ribereños con avisos de "grandes avenidas" con caudales de hasta 1.000 m3/s.

Todo esto, unido al "apagón informativo" de dos horas y media mientras el barranco del Poyo multiplicaba casi por 100 su caudal. Así lo desveló este periódico apenas nueve días después de la catástrofe, el 7 de noviembre, cuando se informó de que la Generalitat envió la alerta a los móviles de aquel 29-O porque temía la rotura de la presa de Forata, no por la crecida del barranco del Poyo, de la que nunca fue avisada.

El desborde de esa rambla fue el que provocó la riada trágica, causante de más de 220 muertos en la Huerta Sur de Valencia. Según fuentes consultadas tanto en la CHJ como en la Generalitat, "la catástrofe habría sido enormemente mayor" en el caso de que la presa no hubiese aguantado.

Los argumentos
Tanto Ribera en sus comparecencias del 20 de noviembre ante el Congreso y el Senado, como Sánchez, la semana pasada en la Cámara Baja, elogiaron a "los servidores públicos" que hicieron "su trabajo" durante las horas clave del 29 de octubre.

Es cierto que las medidas de alivio de Forata lograron su objetivo; pero también es verdad que si se mandó el mensaje masivo Es-Alert a las 20:10 horas fue porque "la presa había entrado en escenario 3".

Es decir, lo que en su Plan de Emergencias recibe el nombre de "Escenario límite, en el que la probabilidad de rotura es elevada, o ya ha comenzado, resultando prácticamente inevitable que se produzca la onda de avenida generada por la avería o rotura".

Pero debe decirse que la Confederación sigue sin explicar por qué incumplió hasta 15 veces sus propios protocolos en el barranco del Poyo, entre las 16:13 y las 18:43 horas, cuando no avisaron, como marca la ley que debían haber hecho, del rapidísimo crecimiento de su caudal.

Y cabe recordar que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ está externalizado, y sus trabajadores no son "servidores públicos", sino contratados por la compañía adjudicataria. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Matinsa-Ofiteco recibió la adjudicación justo un año antes de la DANA, tras hacer una oferta del 21% a la baja sobre lo calculado por el Ministerio.

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Uno de los argumentos que empleó el presidente del Gobierno el pasado miércoles para criticar en el Congreso no sólo a la Generalitat Valenciana, sino al Partido Popular en general, es que Mazón está entregando "a empresas de la Gürtel" la reconstrucción de Valencia.

Pero ese argumento, ideado para defender su gestión de la catástrofe y, a la vez, combatir el acoso judicial a su Gobierno por los casos de corrupción, se cae por su propio peso.

Para empezar, porque el Govern del Botànic, como ya se ha reseñado más arriba, concedió decenas de contratos a estas mismas compañías por un montante superior a los 533 millones de euros durante sus ocho años en la Generalitat. El PSPV gobernó la Comunidad Valenciana en coalición con Compromis de 2015 a 2023. Y en ese periodo contrató, al menos, a seis de las empresas implicadas en aquel caso de corrupción.

Para terminar, porque varias de las obras licitadas por su propio Ejecutivo en las carreteras afectadas se han concedido a algunas de estas sociedades. Y como colofón, por estas dos adjudicaciones a dedo, de emergencia y por "contrato verbal"

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