El vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Gómez Sanz, concluye que «no se han seguido los cauces legales» en el registro que hizo a su nombre Begoña Gómez de los dominios necesarios para la web que es propiedad de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

La esposa del presidente registró a su nombre transformatsc.org, transformatsc.es y transformatsc.com. Gómez se aseguró todos los dominios posibles de la plataforma web para empresas impulsado por la cátedra en coincidencia además con el nombre de su propia compañía mercantil personal, denominada Transforma TSC Sociedad Limitada.

Según el acta de la última reunión de la llamada comisión mixta de seguimiento de la cátedra remitida por la UCM al juzgado instructor y a la que ha tenido acceso IEN.

Gómez Sanz expuso que, tras una investigación interna, los dominios de la página web elaborada con el software donado a la institución pública «nunca han pertenecido a la UCM, ni han sido nunca de su titularidad, ni han sido reservados por la Universidad a través del procedimiento administrativo empleado por los servicios informáticos de la Universidad, ni de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM». Así aparece en el acta de la reunión del pasado 30 de octubre que formalizó el cierre de la cátedra.

   
Factura de compra de dominios web realizada por Gómez
«Tales dominios nunca han pertenecido a la UCM (...) ni se han seguido los cauces legales con el fin de que fueran inscritos a nombre de la Universidad», sentenció el vicerrector sin mencionar expresamente a Gómez, según el escrito, pero consta que es ella la que los inscribió..

Gómez Sanz se enfrentó así en la reunión al que ha ejercido como director de la cátedra junto a Gómez, José Manuel Ruano.

Al no acudir ella a la cita, Ruano defendió sus intereses y, en línea con la defensa de la esposa de Pedro Sánchez, relativizó la importancia de que ella se apropiara de la marca de la página web, porque «es habitual y generalizada la existencia de dominios propios de otras cátedras que tampoco son propiedad de la Universidad y que sirven para la promoción de dichos cursos o cátedras».

Ruano aseguró, al igual que la defensa de Gómez, que «la OTRI asesoró a la directora sobre la creación de las marcas» y , que en todo caso, se ha terminado ofreciendo su renovación -después del escándalo- ya a nombre de la UCM, pero el vicerrector replicó que «no consta oficialmente en la Universidad copia del programa o software que tenía haberse desarrollado en el marco de la cátedra» y «que no se ha realizado una cesión de derechos oficial de los dominios a favor de la UCM». Por tanto, sostiene que no cabe pronunciarse sobre renovar lo que la UCM desconoce.

Por otra parte, el juez Juan Carlos Peinado que investiga si Gómez ha incurrido en, entre otros, el delito de apropiación indebida por este registro de marcas, tiene en su poder facturas de Arsys que evidencian que la esposa del presidente anotó a su nombre personal los dominios del proyecto estrella de la cátedra universitaria.

Arsys es un grupo proveedor de dominios de Internet y confirma al juez que, aunque inicialmente, en septiembre de 2022, la que compró transformatsc.org fue la leal colaboradora de Gómez, Blanca de Juan, ésta se lo traspasó a la esposa del presidente en julio de 2023.

Fue cuando estaba lista la plataforma para un primer proyecto piloto que fue presentado a decenas de pequeñas y medianas empresas como herramienta para que midieran sus objetivos sociales y medioambientales.

Arsys ha remitido facturas de De De Juan y de la propia Gómez pagando la renovación de los dominios. También figura que Gómez se aseguró a su nombre poder contar con correo profesional de transformatsc.org.

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Gómez aseguró en la cátedra que la página web con esa dirección sería de uso gratuito para las pymes, pero creó una empresa a finales de 2023 con el mismo nombre en vísperas del lanzamiento definitivo que preveía para este año y que terminó frustrado por el escándalo.

Tanto en el acta de la UCM como en el escrito remitido por el centro universitario al juez, esta institución pública hace constar que no logra toda la información que necesita tanto de Gómez como de proveedores como Deloitte para poder esclarecer lo sucedido en la cátedra.

Por tanto, insiste en que «si de la investigación judicial practicada existieran indicios conducentes a considerar que ha existido un perjuicio patrimonial a la UCM, se realice por el mencionado órgano a esta Administración pública el oportuno ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado».

En la mencionada acta de la cátedra, el representante de Gómez en la reunión admitió que ésta no entrega documentación sobre las últimas actividades de la cátedra, porque «consideró, junto con su abogado, que, por la existencia de un procedimiento judicial, convenía no entregar dicha documentación ya que pudiera afectar a su derecho de defensa». Ella sigue negando irregularidades en sus escritos al juez.

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