Ábalos pide al Supremo la nulidad de la causa en su contra por la presunta investigación ilegal de la UCO

La nulidad es una medida excepcional que es posible solicitar cuando una de las dos partes demuestre que se han cometido irregularidades o violaciones de los derechos fundamentales en el desarrollo del proceso

Noticias21 de diciembre de 2024Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
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José Luis Ábalos

La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado un escrito ante el juez del Tribunal Supremo que le ha abierto causa por su presunto papel en el ‘caso Koldo’ por el que recurre la decisión de elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados para la suspensión de su inmunidad. Insiste en subrayar que ha habido una investigación ilegal contra su persona.

 En el recurso de reforma,  pide la nulidad de las actuaciones «por entender que se han vulnerado tanto las garantías procesales (…) como los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución» y avanza que si el magistrado Leopoldo Puente no atiende esta petición llevará su recurso al Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo por vulneración de los derechos fundamentales.

 Ábalos incluye en este escrito el textual de la denuncia presentada esta misma semana ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que recogía que fue investigado ilegalmente siendo aforado por la Unidad Central Operativa (UCO) dado que se accedió a su correspondencia privada violando así el secreto de las comunicaciones.

La posibilidad de que esto ocurriera era algo que ya preocupaba a las acusaciones populares del ‘caso Koldo’, que consideran que la decisión del Tribunal Supremo de unificarlas bajo la dirección letrada del PP maniata su actuación.

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En su opinión, la «insólita» resolución del magistrado, ante la que presentarán recursos, puede llevar a la nulidad del procedimiento.

La nulidad es una medida excepcional que es posible solicitar cuando una de las dos partes demuestre que se han cometido irregularidades o violaciones de los derechos fundamentales en el desarrollo del proceso. En este caso, la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución.

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