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El Gobierno ha materializado casi 30 traspasos de competencias a diferentes comunidades autónomas desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, y Euskadi es la que más ha conseguido, hasta 16, muy por delante de Cataluña, con cuatro.
El País Vasco ha sumado cinco nuevos traspasos en este 2024, acaparando casi el 60% de transferencias desde la moción de censura que aupó en 2018 al socialista al Ejecutivo.
La comunidad vasca fue precisamente la última en cerrar traspasos, ya que el presidente del Gobierno y el lehendakari, Imanol Pradales, acordaron en noviembre transferir a Euskadi dos competencias más: la gestión del litoral y la de cinematografía.
Sánchez y Pradales aprobaron un calendario por el que otras cuatro materias se transferirán antes de fin de este año y otra veintena en 2025, incluida Seguridad Social.
Además, este año el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cedido a la Ertzaintza competencias de orden público en los puertos y aeropuertos del País Vasco, aunque aseguró que no saldrá ni un agente y que Policía y Guardia Civil seguirán ocupándose de extranjería, fronteras y fraude fiscal.
Hasta ese anuncio, el País Vasco ya había asumido la gestión penitenciaria, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Cercanías, el transporte por carretera o las prestaciones sanitarias del seguro escolar, el código bibliográfico internacional ISSN o el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa, entre otras.
Cataluña, por su parte, ha obtenido la gestión del IMV y tres ampliaciones de traspasos previos en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
El Gobierno y la Generalitat siguen negociando para materializar otros traspasos como el de Rodalies, la competencia de becas o la de edificios públicos del Estado ubicados en Cataluña.
Y hace unas semanas, en la Junta de Seguridad de Cataluña se ha acordado que corresponde a los Mossos d'Esquadra la investigación de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente, en detrimento de la Guardia Civil.
IMV Y LITORAL, LOS MÁS COMUNES
Navarra es la siguiente en la lista, al haber asumido tres competencias: la sanidad penitenciaria, el IMV y la de tráfico, que el Tribunal Supremo anuló por defectos, lo que obligó a los ejecutivos central y autonómico a modificar el traspaso para blindarlo.
Le sigue la Comunidad Valenciana, a la que se le han ampliado los medios patrimoniales en materia de conservación de la naturaleza y los medios patrimoniales en materia de edificación.
Baleares y Canarias han recibido la competencia de gestión del litoral, aunque ambas comunidades han expresado su enfado con el Gobierno central al considerar que la transferencia ha sido incompleta.
Por su parte, la Xunta y el Gobierno central han cerrado un acuerdo hace unas semanas para transferir a Galicia la competencia de gestión del litoral. Una vez que se formalice, un paso que se prevé inminente, este se convertirá en el primer traspaso que recibe la comunidad desde el año 2008.
Para la Comunidad de Madrid se ha materializado una ampliación de un traspaso previo, la transferencia de medios en materia de asistencia sanitaria.
Y hay diez regiones que no han conseguido ninguna competencia desde que se puso en marcha este Ejecutivo, si bien algunas han conseguido la cesión de impuestos como el de residuos.
MÁS DE 2.000 TRASPASOS
Las cifras se extraen de los datos publicados por el Ministerio de Política Territorial, en los que se detalla que entre 1978 y 2024 ha habido un total de 2.017 traspasos a comunidades y ciudades autónomas.
Cataluña encabeza el listado histórico con 192 transferencias, seguida de Andalucía (155), Galicia (155), Comunidad Valenciana (134), Canarias (128), País Vasco (120), Castilla y León (116), Baleares (113), Aragón (112), Murcia (111), Cantabria (106), Asturias (105), Extremadura (99), Madrid (96), Castilla-La Mancha (93), La Rioja (76) y Navarra (62). Respecto a las ciudades autónomas, Melilla ha asumido 24 y Ceuta, 21.
Entre los años 2015 y 2017, con el 'popular' Mariano Rajoy en Moncloa, no se produjo ninguna transferencia a comunidades, y se retomaron con la llegada de Sánchez, con dos al País Vasco en sus primeros meses de mandato.
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