Pedro Sánchez cambió su teléfono y número 48h después que su fiscal general

Unos días más tarde de que el máximo responsable del ministerio público cambiase su terminal, que presuntamente contenía conversaciones con cargos de Moncloa, a la espera de que las indagaciones de la UCO de la Guardia Civil puedan determinarlo, que probarían la filtración de la investigación sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambió también su teléfono y el número que llevaba utilizando desde hacía más de seis años. 

Desde hace unas semanas ya no aparece ni su imagen de perfil, que era el logotipo de la Agenda 2030, ni tampoco la descripción que tenía en su perfil con su usuario de Twitter.

Hoy el teléfono que durante varios años usó Sánchez, para comunicarse con su entorno más cercano, personal y político, pero también con otros líderes y periodistas, parece fantasma.

Fuentes no oficiales de Moncloa, consultadas por este periódico, confirman que se produjo este cambio en esas fechas. Pero declinan dar más información. Oficialmente, no hacen ningún comentario al respecto al considerar que se trata de "una cuestión de seguridad".

Los cambios de terminal y de línea telefónica del líder del PSOE se produjeron entre mediados de noviembre y principios de diciembre. Entre dos y tres semanas después, según certificó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que Álvaro García Ortiz cambiase también su teléfono para borrar las posibles pruebas que lo incriminasen en la filtración de los datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Cuando los agentes entraron en el despacho del fiscal por orden judicial, una semana más tarde, el 29 de octubre, no encontraron ningún mensaje en los distintos terminales analizados durante las fechas en las que se produjo la filtración.

También por esas fechas, el exlíder del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, acudió al notario para dar fe de que él nunca enseñó en la Cámara madrileña el documento que le habían remitido desde Moncloa.

Lo que el Tribunal Supremo investiga, ahora, es si a presidencia llegó desde el entorno de García Ortiz o no, como defienden en el entorno de Sánchez.

Tal como reveló 'Vozpópuli',  el magistrado Ángel Hurtado, que encomendó a la Guardia Civil tratar de recuperar los mensajes borrados desaparecidos del móvil del fiscal general, también ha requerido a las compañías Movistar y Vodafone los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas desde los teléfonos vinculados a Álvaro García Ortiz desde el 8 al 14 del pasado mes de marzo.

De esta forma, el juez que investiga la presunta revelación de secretos, podrá determinar con quién habló el fiscal durante esos días y acotar así con esas conversaciones cómo se pudo filtrar el documento en manos de la fiscalía.

El FBI tenía pruebas de que el COVID se había filtrado de un laboratorio, pero no se le permitió presentarlas

Cambios en la seguridad de las comunicaciones 
En paralelo a la renovación del terminal y de la línea telefónica que usa habitualmente el presidente del Gobierno, según explicó el pasado domingo El País, Moncloa ha iniciado también una renovación de sus sistemas de cifrado y encriptación.

Según dicha información, el Ejecutivo ha optado por reforzar la seguridad en las comunicaciones del jefe del Ejecutivo tras el espionaje que sufrieron hace cerca de tres años, a través del programa israelí Pegasus, Sánchez y los ministros Luis Planas, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

El rotativo de Prisa relataba que los cambios que el Gobierno pretende realizar para proteger las llamadas y los mensajes entre el presidente, sus ministros y altos cargos del Estado se realizarán en diferentes fases. En una primera, según dicha información, se modernizará la infraestructura técnica de las comunicaciones corporativas de Moncloa.

También se prevé renovar el sistema que usan los teléfonos de los miembros del Ejecutivo para el cifrado de las llamadas de voz y vídeo y la mensajería. Dos empresas pujarán por este servicio que debe certificar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

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