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El Tribunal Supremo ha ratificado la condena contra Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña, por un delito de prevaricación y falsedad documental, derivado de la adjudicación irregular de contratos públicos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
Además, el alto tribunal ha rechazado la posibilidad de que Borràs pueda acogerse a la Ley de Amnistía, argumentando que su caso no está relacionado con el procés independentista, sino con corrupción.
Esta decisión supone un duro golpe para la dirigente independentista, que ha denunciado en reiteradas ocasiones ser víctima de una persecución política.
La Condena Ratificada por el Supremo
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya condenó a Borràs en 2023 a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por fragmentar contratos públicos para beneficiar a un conocido suyo, evitando así los concursos públicos. Sin embargo, la pena de prisión fue suspendida con la condición de que no reincidiera en delitos similares.
Ahora, con la decisión del Supremo de ratificar la condena, su inhabilitación sigue en pie, lo que impide su regreso a un cargo público en los próximos años.
El Rechazo a la Amnistía
Borràs y su partido, Junts, han intentado enmarcar su caso dentro de los beneficiados por la Ley de Amnistía, aprobada recientemente en el Congreso. Sin embargo, el Supremo ha sido contundente al afirmar que su condena no tiene relación con el independentismo, sino con corrupción administrativa, lo que la excluye de la medida de gracia.
La negativa del Supremo a incluirla en la amnistía refuerza la postura de la Fiscalía y de sectores judiciales que han advertido de los límites de la ley, que no está diseñada para casos de malversación o prevaricación ajenos al procés.
Reacciones Políticas
Laura Borràs ha calificado la sentencia como una "caza de brujas" contra el independentismo y ha insistido en que se trata de una condena con motivaciones políticas.
Junts per Catalunya ha expresado su rechazo a la decisión y ha acusado al Supremo de "criminalizar a los líderes soberanistas".
El PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez han evitado pronunciarse directamente, pero han recordado que la amnistía no es aplicable a delitos de corrupción.
El PP y Vox han celebrado la sentencia como una prueba de que la amnistía no puede ser utilizada para blanquear la corrupción en el independentismo.
Consecuencias para Borràs y el Independentismo
Con esta decisión, Borràs queda apartada de la política institucional durante más de una década, lo que merma la capacidad de liderazgo de Junts y podría reconfigurar el escenario independentista en Cataluña.
Además, el rechazo de la amnistía en su caso marca un precedente importante sobre los límites de esta ley y refuerza la tesis de que la Justicia española no permitirá su aplicación en casos de corrupción.
En definitiva, el Supremo cierra la puerta a la impunidad para Borràs, lo que supone un revés para el independentismo en su intento de utilizar la amnistía como una herramienta para exonerar a sus líderes más polémicos.
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