La cruzada que lleva adelante Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contra la forzada ideología de raza y de género va más allá de las fronteras del país norteamericano. Así queda demostrado ante la exigencia a proveedores en España para que firmen un documento donde certifican que no aplican políticas woke en sus empresas, teniendo cinco días para responder.

En otras palabras, la actual Administración republicana no será condescendiente en términos ideológicos ni siquiera con compañías con las cuales mantiene nexos comerciales.

La agenda woke quedó desterrada de Estados Unidos desde el 20 de enero cuando Trump asumió y firmó, casi de inmediato, la orden de eliminar programas conocidos con el nombre de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI, por sus siglas en inglés), a los que el mandatario tilda de “discriminatorios, ilegales e inmorales”.

El asunto también tiene otra lectura. España es un país sumido en la agenda progresista bajo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, especialmente desde el Ministerio de Igualdad, promotor de leyes como la del “solo sí es sí” que ha beneficiado a miles de criminales sexuales.

Es decir, la decisión de Trump también puede interpretarse como un paso firme contra el progresismo de la gestión sanchista. ¿Hay dudas? La designación de Benjamín León –un exitoso empresario de origen cubano– como embajador en España es otra señal que podría confirmar esta teoría.

Empresas españolas en jaque por presiones de Sánchez
Una empresa que trabaja en la embajada estadounidense pero solo opera en España “no estaría incumpliendo la normativa”. Sin embargo, si también ofrece sus servicios en EE. UU. sí debería respetar esta exigencia. Parece un pedido claro, hasta que las cosas se complican por imposiciones que el Gobierno de Sánchez activó en el pasado.

 El gobierno socialista español, obedeciendo a la agenda progresista –cuya bandera enarbolan grupos de izquierda para ganar seguidores y votos– aprobó en 2020 decretos orientados a la “plena igualdad entre mujeres y hombres en el entorno laboral”, luego en 2024 el Consejo de Ministros dio luz verde a un reglamento contra el acoso en el trabajo del colectivo LGTBI.

En otras palabras, este tipo de leyes provocaron que las empresas cedieran ante el progresismo español.

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Como resultado, las que comercian con Estados Unidos podrían estar en jaque y con un reloj en cuenta regresiva, aunque se desconocen nombres concretos. Por lo pronto, en el país norteamericano ya se prohibió la agenda DEI en prácticamente todos los aspectos del Gobierno federal, como se lee en la orden ejecutiva de Trump, en áreas que abarcan desde la seguridad aérea hasta el ejército.

Dentro del Departamento de Defensa de EE. UU. desterraron las enseñanzas sobre teoría crítica de la raza al personal para centrar su funcionamiento “en la letalidad, la meritocracia, la responsabilidad, los estándares y la preparación”. Adicionalmente, atrás quedaron escenas como shows drags “familiares” en bases militares.

A la Administración Trump no le tiembla el pulso para tomar estas medidas dentro de EE. UU. y con la exigencia a empresas españolas demuestra que tampoco vacila para proyectar sus objetivos hacia el exterior.

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