El juez del Supremo asegura que el fiscal general ha hecho desaparecer pruebas

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha asegurado que es una "evidencia" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles».

Así lo ha señalado el instructor en un auto en el que atiende en parte a la petición del jefe del Ministerio Público y fija que acusaciones y defensas solo podrán acceder a los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de forma presencial en el propio tribunal.

El magistrado señala que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».

En este sentido, añade explícitamente que «en el caso de la presente instrucción, es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles».

 Además, Hurtado apunta que aunque García Ortiz «ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».

Al hilo, indica que ante esa desaparición se ha acordado la práctica de determinadas diligencias de instrucción para tratar de recuperar pruebas, para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».

La decisión de restringir el acceso a los anexos de los oficios de la UCO llega tras la queja presentada por García Ortiz sobre una presunta vulneración de la normativa de protección de datos personales que figuran en dichos documentos.

El magistrado ha establecido que, en lo sucesivo, se entregará a las partes únicamente el documento que recoja la pericia oficial, mientras que los anexos complementarios quedarán disponibles para consulta exclusivamente en la secretaría del tribunal.

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En su resolución, el juez Hurtado se refiere al artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señalando que este no establece «con carácter absoluto» la supresión de datos personales en todo tipo de documentos, sino que lo condiciona a que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

«Qué duda cabe que cualquiera de las partes en el proceso puede tener un interés legítimo en conocer, íntegra, la documentación que se incorpore a él, de la que no se le debe privar en razón a esa tutela judicial efectiva», argumenta el instructor en su auto.

Asimismo, recuerda que el propio artículo mencionado indica que a las partes también les corresponde cumplir con la normativa de protección de datos en relación a la información personal que conozcan a través del proceso.

El magistrado ha confirmado que este nuevo criterio se aplicará inmediatamente a un reciente oficio de la UCO fechado el 21 de febrero, que contiene tres anexos relacionados con los cambios de móvil realizados por el fiscal general. Las partes podrán acceder al documento principal, pero deberán consultar los anexos en la secretaría del tribunal.

Asimismo, el instructor ha destacado que ha recordado a los abogados en «reiteradas ocasiones» el deber de reserva que tienen conforme al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que continuará siguiendo esta misma línea en lo sucesivo para diligencias como los oficios de la UCO y sus anexos.

García Ortiz está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos en el marco de la causa abierta tras una querella presentada por el abogado Ignacio Peláez, a raíz de la filtración de datos fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular.

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