Impacto España Noticias
La Audiencia Provincial de Sevilla da un giro al caso de los ERE de Andalucía al considerar que la revisión de las condenas llevada a cabo por el Tribunal Constitucional el pasado verano puede "no ser del todo compatible con el derecho de la Unión Europea".
La sección primera del tribunal sevillano, que estaba llamada a emitir una sentencia definitiva con los hechos probados aceptados por la corte de garantías, ha optado por plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, tal y como reclamó el PP como acusación particular, para dilucidar si el TC se "extralimitó" al revisar las condenas de la cúpula del PSOE andaluz entre el año 2000 y 2008, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán como principales señalados.
En una providencia notificada este miércoles a las partes, la nueva sala compuesta ad hoc para culminar este proceso tras la revisión de los ERE opta por reclamar la opinión a las partes antes de plantear la cuestión prejudicial al TC.
Los implicados tienen diez días para contestar a una serie de cuestiones que plantean los cinco magistrados encabezados por Pilar Llorente, una de las tres juezas originales, junto con Encarnación Gómez Casielles y Juan Antonio Calle Peña, ya jubilado.
En la sentencia, condenaron a casi una veintena de altos cargos, algunos por los delitos de prevaricación mientras que otros sumaron el de malversación por el diseño y aplicación de un sistema de reparto de ayudas sociolaborales que resultaron en la distribución de 680 millones de euros sin los controles necesarios.
La cascada de fallos del Tribunal Constitucional que comenzaron con la revisión del caso de Magdalena Álvarez y atendieron los recursos de casi todos los condenados, derivó en un vaciamiento de la pieza política de los ERE que ahora la Audiencia de Sevilla se abre a revisar en virtud a la Justicia europea.
La providencia plantea escenarios complejos para el Tribunal Constitucional, toda vez que la sala que debe emitir una sentencia definitiva expresa dudas muy llamativas. El escrito pide a las partes que se pronuncien sobre si las sentencias del TC suponen una "extralimitación" en la "función de control" que le corresponde y, por lo tanto, si ha "invadido los ámbitos reservados" a los jueces y tribunales.
Esta cuestión abre la posibilidad de que la corte de garantías, en los pronunciamientos que salieron adelante por la prevalencia de la mayoría progresista, hizo una "interpretación alternativa" de los tipos penales de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El escrito plantea también a las partes si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuestos en las que se repartieron las ayudas "se opone a la normativa y jurisprudencia europea". Esta duda responde a la decisión del TC de exonerar a los ex altos cargos de la Junta por el hecho de diseñar y ejecutar un sistema de reparto de ayudas muy laxo al defender que la elaboración de leyes no puede ser considerada un delito, ya que esas normas después resultan avaladas por el poder legislativo.
La Audiencia Provincial de Sevilla pregunta a las partes, en concordancia con la sentencia original, si ese planteamiento de la corte de garantías no supone "dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria" desde su redacción hasta su ejecución.
El tribunal hispalense cuestiona si esa posición del TC "podría generar una situación de desprotección del patrimonio público, una merma de la actividad patrimonial del Estado y de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos".
Entre las cuestiones que deberán abordar las partes antes del planteamiento de la cuestión prejudicial está también la posibilidad de que la doctrina creada por el Constitucional sobre los ERE "incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política".
En este punto, la Audiencia alude a la posibilidad de un incumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la UE en materia de lucha contra el fraude y la actividad que afecta a los intereses financieros comunitarios. La providencia expresa también un temor por un posible prejuicio contra "la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias" en caso de que haya infracciones en esta materia.
El escrito menciona la posibilidad incluso de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del TC que interpretaron las normas legales autonómicas, en alusión a los citados presupuestos regionales, que "conducen a entender como lícitas las conductas" de los acusados en el caso de los ERE en contraposición con la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 2019, que luego fue refrendada por el Tribunal Supremo en el verano de 2022.
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