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La Mesa de contratación de Muface ha propuesto la adjudicación del Concierto de Asistencia Sanitaria Nacional a las compañías de seguros Asisa y SegurCaixa Adeslas para dar cobertura a los más de un millón de mutualistas, entre titulares y beneficiarios. De esta forma lo ha anunciado Muface a través del siguiente comunicado:
"Tal y como se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la propuesta de adjudicar a estas aseguradoras la cobertura sanitaria durante los años 2025, 2026 y 2027 obedece, por un lado, a la comprobación de que las ofertas se ajustan a los requisitos mínimos y, por otro, al cumplimiento de los requerimientos establecidos en el pliego.
Es decir, tras las comprobaciones oportunas se concluye que Adeslas y Asisa cumplen los requerimientos económicos y técnicos exigidos para dar cobertura a más de un millón de mutualistas, entre titulares y beneficiarios."
"A partir de ahora, las empresas tendrán un plazo de una semana para presentar toda la documentación que les sea solicitada (estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y con Hacienda, depósito de garantías, etcétera) antes de la adjudicación definitiva por el órgano de contratación."
"Todos los mutualistas de MUFACE, tanto los titulares como los beneficiarios, continuarán recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales, en virtud de las órdenes de continuidad del servicio."
Así pues, Muface propone que sean Adeslas y Asisa las aseguradoras encargadas de proporcionar cobertura sanitaria a los mutualistas durante los años 2025, 2026 y 2027, teniendo un coste de 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras haber anunciado el Gobierno que subiría la prima de los seguros hasta el 41,5%. De esta manera, estaría más cerca de llegar el final del "culebrón Muface"
En resumidas cuentas, los funcionarios y sus familiares adscritos a Muface podrán seguir disfrutando de la sanidad privada mientras que esta es costeada por todos los contribuyentes a razón de casi 5.000 millones de euros, a repartir en tres años.
Unos contribuyentes que, en la mayoría de los casos, no sólo no pueden disfrutar de la sanidad privada sino que tienen que costeársela a estos funcionarios a través de los impuestos.
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