Conde-Pumpido, con claros vínculos con el PSOE, se ha apresurado a bloquear esta iniciativa, protegiendo así los intereses del partido en el poder
Corrupción25 de marzo de 2025 Salvador Gimenez
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido intervenir directamente en la consulta que la Audiencia de Sevilla pretendía elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la sentencia de los ERE.
La decisión benefició directamente a figuras como Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo que alimenta la percepción de que hay intereses políticos detrás de estos movimientos judiciales.
Esta maniobra, que más bien parece un intento desesperado de blindar su propia interpretación de la justicia, plantea serias dudas sobre la independencia y el respeto al derecho europeo dentro del sistema judicial español.
La Audiencia de Sevilla, que consideró que el Tribunal Constitucional había ido más allá de sus competencias al anular las condenas de altos cargos de la Junta de Andalucía, planteó recurrir al TJUE para aclarar si esta decisión es compatible con el derecho comunitario.
Pero Conde-Pumpido, con claros vínculos con el PSOE, se ha apresurado a bloquear esta iniciativa, protegiendo así los intereses del partido en el poder.
Para ello, ha encargado un informe con el fin de determinar si la Audiencia de Sevilla tiene competencia para plantear dicha cuestión prejudicial. Esto no es más que una traba burocrática con la intención de cerrar la vía europea y evitar que el TJUE pueda poner en entredicho su actuación. Un claro caso de manipulación judicial con fines políticos.
El Constitucional al servicio del Gobierno de Sánchez
Lo que realmente subyace en esta jugada es una estrategia coordinada entre Pedro Sánchez y Conde-Pumpido para garantizar la impunidad de sus aliados políticos.
Se trata de un movimiento que sienta un precedente peligroso: si se logra impedir que los jueces españoles acudan al TJUE cuando lo consideren oportuno, se estará consolidando una visión jerárquica y autócrata de la justicia, en la que el Tribunal Constitucional queda por encima de cualquier control europeo.
Cabe recordar que la anulación de las condenas en el caso de los ERE ya despertó una fuerte controversia. No sólo supuso la exoneración de responsabilidades de figuras políticas clave, sino que también se vio como una demostración de cómo ciertos sectores del poder judicial operan en beneficio de la clase política.
Ahora, con este intento de bloquear la vía europea, Conde-Pumpido y Sánchez parecen estar elevando esa impunidad a un nivel institucionalizado.
Europa, el último obstáculo para el cierre en falso del caso ERE
El TJUE ha demostrado en el pasado ser un contrapeso importante frente a decisiones judiciales discutibles en los Estados miembros.
Si finalmente se le impide revisar la actuación del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE, España estaría enviando un mensaje claro: el derecho europeo solo se aplica cuando conviene a las estructuras de poder locales.
Conde-Pumpido y Pedro Sánchez parecen olvidar que la Unión Europea ha sido implacable con otros intentos de erosionar la independencia judicial en países como Polonia y Hungría.
De seguir por este camino, España podría encontrarse bajo una vigilancia mucho más estricta de Bruselas, lo que tendría repercusiones tanto a nivel judicial como político.
Un golpe a la credibilidad de la justicia española
Las tácticas que están empleando Pedro Sánchez y Conde-Pumpido para consolidar su control sobre el poder judicial son propias de regímenes autoritarios.
En las democracias consolidadas, la separación de poderes es un pilar fundamental, pero lo que estamos viendo en España es una degradación del Estado de Derecho que solo se observa en dictaduras donde el poder judicial es utilizado como una herramienta del gobierno para garantizar su impunidad y perpetuación en el poder.
El intento de Conde-Pumpido de bloquear la consulta al TJUE no es solo una jugada política, sino un ataque frontal a la transparencia y a la independencia judicial orquestado en connivencia con el Gobierno de Pedro Sánchez. Si se permite que el Tribunal Constitucional se erija en una fortaleza inexpugnable, la credibilidad del sistema judicial español quedará gravemente comprometida.
En democracia, la justicia no solo debe ser imparcial, sino también parecerlo. Y hoy, con maniobras como esta, Conde-Pumpido y Pedro Sánchez están dejando claro que su prioridad no es la justicia, sino la protección de ciertos intereses políticos. La pregunta ahora es si Europa permitirá que esta estrategia prospere o si, por el contrario, pondrá freno a esta deriva preocupante.
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