Impacto España Noticias
La Audiencia de Valencia está a punto de corregir la decisión de la juez de Catarroja en el sumario de la DANA y anular la imputación de Salomé Prada como principal responsable del caso.
La clave de esta decisión radica en la determinación de la responsabilidad civil subsidiaria, que no recae en la Generalitat Valenciana sino en el Estado, debido a que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) es la entidad competente para la gestión del barranco del Poyo.
Un error de imputación
Salomé Prada, quien en el momento de los hechos ocupaba el cargo de Consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana y presidía el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada), había sido señalada como responsable por el desbordamiento del barranco.
Sin embargo, la normativa establece que la CHJ, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es la entidad responsable de la gestión y control de los cauces hídricos, lo que traslada la responsabilidad al Estado.
Este escenario no es nuevo en la jurisprudencia española. Un caso similar ocurrió con la rotura de la presa de Tous, cuyo sumario fue anulado varias veces hasta que el Tribunal Supremo se pronunció, señalando la dificultad de encontrar un responsable penal que permitiera la aplicación de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, tal como exige el Código Penal.
La Ley de Aguas y la responsabilidad del Estado
Para despejar dudas sobre la gestión de los recursos hídricos, la Ley de Aguas 29/985, de 8 de agosto, establece que las Confederaciones Hidrográficas son las responsables de la gestión de los cauces y ríos.
En este caso, el barranco del Poyo está bajo la competencia de la CHJ, entidad adscrita a la Administración del Estado a través del Ministerio para la Transición Ecológica, que el 29 de octubre de 2024 tenía como titular a Teresa Ribera.
El papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar
La CHJ es la entidad responsable de monitorear los sensores instalados en los cauces y de advertir sobre posibles avenidas. Miguel Polo Cebellán, máximo responsable de esta confederación, no ha sido incluido en la investigación del sumario de la DANA, a pesar de que su organismo es el encargado de prevenir y gestionar situaciones como la ocurrida en el barranco del Poyo.
La Ley de la Huerta y su impacto en la prevención de desastres
Un factor adicional que ha influido en la gestión de los cauces y ramblas es la denominada "Ley de la Huerta", impulsada por Compromís y el PSOE.
Esta normativa estableció restricciones para la limpieza de ríos y ramblas con el objetivo de preservar el entorno natural, lo que, según diversas críticas, ha podido contribuir al aumento del riesgo de desbordamientos. La falta de mantenimiento y limpieza de los cauces ha sido un problema recurrente en la Comunidad Valenciana, dificultando la capacidad de los ríos y barrancos para canalizar grandes avenidas de agua en episodios de lluvias intensas.
La necesidad de una correcta imputación
La decisión de la Audiencia de Valencia de anular la imputación de Salomé Prada es un paso necesario para encaminar el caso hacia los verdaderos responsables.
Mientras no se dirija el procedimiento contra alguna autoridad o funcionario de la administración central, no se podrá aplicar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, según lo estipula el artículo 121 del Código Penal.
Esta corrección judicial refuerza la importancia de determinar con precisión las competencias en la gestión de emergencias, evitando errores de imputación que puedan desviar la responsabilidad de las instituciones realmente encargadas del manejo de los recursos hídricos y la prevención de desastres naturales.
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