La expresidenta del Parlament fue condenada a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y falsedad documental, delitos graves que, en cualquier democracia seria, deberían tener consecuencias efectivas
Corrupción29 de marzo de 2025
Impacto España Noticias
El anuncio de que el Gobierno no descarta indultar a Laura Borràs, tras el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), es una aberración jurídica y política que atenta contra el principio fundamental de la igualdad ante la ley.
La expresidenta del Parlament fue condenada a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y falsedad documental, delitos graves que, en cualquier democracia seria, deberían tener consecuencias efectivas.
Sin embargo, el TSJC ha considerado la pena "desproporcionada" y ha pedido un indulto parcial, permitiendo así que Borràs evite la cárcel.
Este hecho pone en evidencia, una vez más, la doble vara de medir de la justicia cuando se trata de políticos con poder e influencia. Mientras ciudadanos comúnes cumplen sentencias mucho más duras por delitos similares o incluso menores, Borràs podría librarse de pisar una celda gracias a la intervención gubernamental.
El Gobierno de Pedro Sánchez, que tantas veces ha apelado a la independencia judicial, ahora se encuentra ante la posibilidad de conceder un privilegio a una política condenada, lo que dejaría en evidencia su hipocresía y el uso descarado del poder para beneficiar a aliados estratégicos. Si se consuma el indulto, el mensaje será claro: en España, la ley no es igual para todos.
Laura Borràs no es una víctima de una conspiración política, como ella y sus defensores intentan hacer creer. La sentencia demuestra que cometió un fraude en la adjudicación de contratos públicos, algo que debería ser castigado sin contemplaciones. No estamos ante una disidencia perseguida por sus ideas, sino ante una persona que abusó de su cargo para beneficiar a conocidos, una práctica corrupta que degrada nuestras instituciones.
No sería la primera vez que un político independentista recibe un trato de favor. En 2021, el Gobierno también indultó a Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo de la Generalitat, condenada a 12 años de prisión por sedición y malversación en el marco del proceso independentista de 2017.
A pesar de la gravedad de sus delitos y el impacto de sus acciones en la estabilidad institucional del país, fue liberada en un acto que demostró, una vez más, que la justicia no se aplica de manera equitativa cuando se trata de políticos vinculados al independentismo catalán.
El hecho de que el indulto esté sobre la mesa es indignante, pero no sorprendente. En un país donde la política y la justicia a menudo se entrelazan en un baile de intereses, la posibilidad de que una condenada por corrupción salga impune no es una excepción, sino la norma.
La ciudadanía debe alzar la voz contra este atropello. Si se permite que el Gobierno anule la condena de Borràs, estaremos validando la impunidad de la clase política y destruyendo la ya frágil confianza en la justicia.
El indulto a Laura Borràs no es solo una decisión política: es un insulto a la democracia. La corrupción y el abuso de poder deben tener consecuencias reales, sin excepciones. Cualquier otra salida será una traición a los principios de justicia y equidad que deberían regir nuestro Estado de derecho.
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