Pedro Sánchez no legisla, sentencia. Su último golpe no va dirigido solo contra organizaciones como Hazte Oír, Disenso o la Fundación Francisco Franco.
Va contra todo aquel que ose pensar diferente. Lo que se presenta como una reforma democrática o una reinterpretación de la memoria histórica es, en realidad, una maniobra brutal para aniquilar la disidencia, eliminar la acción ciudadana en los tribunales y blindar al Gobierno frente a la crítica social.
Lo que se está gestando en Moncloa no es otra cosa que una ley mordaza de guante blanco, disfrazada de progreso, envuelta en papel reciclado de memoria democrática.
El objetivo no es solo reescribir la historia a gusto del Ejecutivo, sino borrar del presente a quienes no comulgan con su relato oficial. ¿Acusaciones populares? Fuera. ¿Fundaciones incómodas? Fuera. ¿Placas que no glorifiquen la versión autorizada del pasado? Fuera.
Y mientras tanto, el pueblo español, ese que Sánchez dice defender, se ve empujado a elegir entre el silencio y la sospecha. Porque hoy censuran una asociación, mañana prohíben un libro, y pasado mañana, como bien señala Hazte Oír, será delito pensar distinto.
La memoria como arma política
Resulta escalofriante ver cómo la Ley de Memoria Democrática se convierte en una herramienta de venganza ideológica. Madrid, epicentro del nuevo revisionismo obligatorio, verá placas en recuerdo de los torturados por el franquismo —que claro que existieron—, pero no una sola mención a las checas republicanas, a las víctimas de la izquierda radical, o al otro medio país que sufrió durante la guerra civil.
Es un relato unilateral, inquisitorial y excluyente. La historia se convierte en un tribunal sin defensa. Lo que no entra en el guion de Moncloa, se borra. ¿Quién decide qué memoria es democrática? ¿Qué verdad es oficial?
Censura judicial y manipulación institucional
La reciente reforma para restringir la acusación popular no busca otra cosa que acallar causas judiciales incómodas como la que salpica a Begoña Gómez, esposa del presidente.
¿Coincidencia? Nadie lo cree. Se trata de un blindaje legislativo para convertir al Gobierno en una casta intocable. Las asociaciones que fiscalizan, que denuncian, que destapan corrupción, serán excluidas por ley.
Y como si eso fuera poco, ahora también el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, es señalado por presunta prevaricación. Querellas, conflictos de interés, vínculos personales con los implicados… Y aún así, no se aparta hasta después de haber tomado decisiones clave. El árbitro juega con el equipo del Gobierno, y encima pita penalti.
Un Gobierno con miedo a la libertad
La libertad asusta a Sánchez. Lo dijo Hazte Oír y lo demuestra cada semana el Consejo de Ministros. Le aterra un pueblo organizado, participativo, crítico. Por eso no legisla para servir, sino para imponer. Por eso no gobierna para todos, sino para los suyos. Y por eso pretende sustituir la Constitución por su propio catecismo ideológico.
Hoy, el deber de la sociedad civil no es callar. Es resistir. Porque cuando desde el poder se censura, se persigue y se legisla contra los que piensan diferente, ya no estamos ante un Gobierno democrático. Estamos ante un régimen.
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