¿Puede un presidente del Gobierno intervenir en decisiones que afectan directamente a empresas con vínculos económicos y personales con su cónyuge?
Corrupción10 de abril de 2025
Impacto España Noticias
El rescate de 475 millones de euros a Air Europa ya no es solo un episodio de apoyo estatal a una aerolínea estratégica en plena pandemia. Es, cada vez más, el retrato de un sistema paralelo de favores, influencias políticas y oscuras gestiones donde lo institucional se entremezcló peligrosamente con lo personal.
La última revelación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no deja lugar a dudas: una llamada del CEO de Globalia, Javier Hidalgo, a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, marcó un antes y un después en una operación que no avanzaba.
Apenas siete días después, el 9 de septiembre de 2020, Globalia recibía una carta de la SEPI considerada el primer borrador del rescate. El documento, sin ser vinculante, fue utilizado para calmar a acreedores y reforzar las negociaciones con Iberia. El resto es historia… y también, potencial materia penal.
La llamada que desbloqueó 475 millones
El 3 de septiembre de 2020, Víctor de Aldama –el "conseguidor" de la trama– alertó a Koldo García: «Éste (Hidalgo) se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña». Las prisas se dispararon. Lo que hasta ese momento era una operación congelada por la burocracia se convirtió, de pronto, en prioridad política.
¿Quién es Begoña Gómez en esta historia? ¿Por qué una llamada a la esposa del presidente del Gobierno puede desencadenar una reacción institucional? ¿Y por qué la SEPI reaccionó tan rápido?
Globalia había reconocido reuniones previas entre Hidalgo y Gómez durante el verano, alegando motivos “empresariales”. Pero el contexto ya no deja espacio para la ingenuidad: la empresa estaba al borde del colapso, presionaba por un rescate millonario, y su CEO no llamó al ministro de Hacienda ni al director del ICO. Llamó a Begoña.
La carta de la SEPI: aval político disfrazado de trámite
La carta enviada por la SEPI a Globalia el 9 de septiembre no confirmaba el rescate, pero dejaba entrever todos los detalles: préstamos participativos, montantes, sociedades beneficiarias y plazos de análisis. Era, en esencia, un mensaje claro: “El dinero viene en camino”. Esa fue la interpretación de la propia empresa, que usó el documento como prueba de respaldo estatal para sostener sus operaciones.
La carta no salió sola. La UCO detalla cómo Koldo García, mano derecha de Ábalos, coordinó con el entonces ministro de Transportes para acelerar la elaboración del texto. Participaron altos cargos, como Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, y Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes. La trama Koldo tenía línea directa con todos.
¿Quién pidió la carta? ¿Por qué se elaboró un documento que daba a entender una aprobación que aún no existía? Y lo más inquietante: ¿por qué esa carta fue compartida con la trama antes de su envío oficial?
Una red informal que operaba desde dentro del Gobierno
El informe de la UCO desvela una estructura informal que operaba a espaldas de los cauces institucionales. Víctor de Aldama y Koldo García no eran funcionarios, pero manejaban tiempos, influían en decisiones y transmitían información confidencial. Ábalos, por su parte, se convirtió en el facilitador principal. Según el informe, llegó a recibir regalos por su implicación, como una estancia en un chalet de lujo en Marbella.
Cuando el rescate finalmente se aprueba el 3 de noviembre, la trama ya lo sabía días antes. «Que me dice (Ábalos) que el Consejo de Ministros lo aprueba el martes sí o sí», decía Koldo el 30 de octubre. Transparencia, cero.
Las cartas de Begoña Gómez a empresas que luego cobraron del Estado
Y no fue el único caso en que la esposa del presidente intercedió a favor de empresas privadas con intereses ante el Gobierno.
En abril de 2020, en plena pandemia, Begoña Gómez firmó cartas de apoyo a una UTE formada por las empresas Barrabés y The Valley, como co-directora del máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. Estas cartas servían para avalar la propuesta presentada por la UTE a una licitación pública del Ministerio de Economía... que poco después resultó adjudicada por valor de 7,7 millones de euros.
Esas cartas fueron consideradas por muchos expertos como una forma de endoso institucional informal, dada la posición de Gómez y su vínculo directo con el presidente del Gobierno. Aunque desde Moncloa se justificó como un acto académico “habitual”, lo cierto es que las empresas beneficiadas mantenían relaciones económicas con el entorno académico de Gómez. Es decir, había dinero en circulación.
Pedro Sánchez no debió votar
Y aquí se abre otra grieta institucional que pone en entredicho la ética del Ejecutivo: Pedro Sánchez participó en los Consejos de Ministros que aprobaron tanto el rescate a Air Europa como otras ayudas que afectaban a empresas vinculadas a su esposa.
Juristas y expertos en derecho público advierten que debería haberse abstenido de votar o intervenir en aquellas decisiones por un potencial conflicto de intereses, tal y como marca el artículo 23 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. Pero no lo hizo. Ni una abstención, ni una recusación, ni una mención pública al posible vínculo. El silencio como norma.
¿Puede un presidente del Gobierno intervenir en decisiones que afectan directamente a empresas con vínculos económicos y personales con su cónyuge? Legalmente puede discutirse. Éticamente, la respuesta es clara: no debe.
Un rompecabezas con demasiadas piezas encajadas
La carta de la SEPI no fue un trámite burocrático. Fue el pilar sobre el que se construyó un rescate millonario que hoy levanta sospechas por todas partes. El uso de contactos personales, la manipulación de plazos, el acceso anticipado a decisiones de Estado y la ausencia total de controles explican por qué este caso se ha convertido en un símbolo del deterioro institucional.
Mientras tanto, Air Europa continúa volando. Y la política sigue, como si nada. Pero la pregunta es inevitable:
¿Cuánto costó realmente este rescate a los ciudadanos? Y lo más grave: ¿cuántos otros rescates se han gestionado así?
Una política sin muros entre lo público y lo privado
El caso Air Europa y las cartas de Begoña Gómez son dos caras de la misma moneda: una forma de gobernar donde las líneas entre lo público y lo privado, lo personal y lo institucional, se diluyen hasta desaparecer.
Que el rescate a una aerolínea privada se acelerara tras una llamada a la esposa del presidente; que empresas con relaciones económicas con su entorno académico recibieran contratos millonarios tras cartas de recomendación; y que, en ambos casos, Pedro Sánchez participara en los Consejos que firmaban las ayudas sin abstenerse… es una anomalía democrática en toda regla.
Lo ocurrido no es solo una cuestión judicial pendiente. Es una cuestión de principios. De integridad institucional. Y de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Aunque ni Pedro Sánchez ni su entorno figuran en las operaciones societarias, la oposición considera que ha disfrutado de los beneficios derivados de la prostitucion
La denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos apunta a Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, por adjudicar contratos por 600.000 euros a una empresa sancionada. El juez de Instrucción n.º 38 de Madrid ya ha iniciado diligencias
Durante varias décadas, miembros de la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, gestionaron locales vinculados al ocio nocturno, la prostitución y los servicios sexuales en distintas zonas de España
Militantes de Majadahonda alertaron durante años sobre afiliaciones irregulares que influyeron en procesos internos clave del PSOE. Ni Pedro Sánchez ni José Luis Ábalos respondieron a las advertencias
El Servicio de Vigilancia Aduanera desmanteló en febrero una fábrica ilegal de tabaco localizada en la vivienda de la dirigente socialista en Roquetas de Mar. El padre de la responsable política fue arrestado y está siendo investigado por contrabando y delitos contra la salud pública
En 2008, Sabiniano Gómez adquirió una vivienda valorada en más de 700.000 euros en la exclusiva zona de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Poco después, cedió la propiedad a su hija, Begoña Gómez, para que viviera en ella con su marido, Pedro Sánchez
Tras su acción, David fue detenido y multado. Según denuncian asociaciones agrarias y personas cercanas, fue objeto de varias inspecciones laborales, tributarias y administrativas. Le retiraron las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), vitales para mantener a flote su pequeña explotación
El Servicio de Vigilancia Aduanera desmanteló en febrero una fábrica ilegal de tabaco localizada en la vivienda de la dirigente socialista en Roquetas de Mar. El padre de la responsable política fue arrestado y está siendo investigado por contrabando y delitos contra la salud pública
El procedimiento de custodia en el que se produjo la declaración del menor no solo ha implicado a altos funcionarios del Ministerio, sino que también ha tenido la participación del fiscal Manuel Javato, esposo de Sofía Puente y hermana del ministro Oscar Puente
Los contenidos abordan aspectos como la construcción social del género, la sensibilización en diversidad afectivo-sexual y de género, y estrategias prácticas para prevenir y abordar situaciones de discriminación y LGBTI-fobia
La denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos apunta a Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, por adjudicar contratos por 600.000 euros a una empresa sancionada. El juez de Instrucción n.º 38 de Madrid ya ha iniciado diligencias
