La investigación judicial por la gestión de la dana abre un nuevo capítulo este viernes con la primera declaración ante la jueza de los dos únicos cargos políticos imputados hasta la fecha.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que desde un principio ha apuntado a la responsabilidad del Gobierno de Carlos Mazón por el retraso en el envío de la alerta a la población, ha citado como investigados a los dos máximos responsables de Emergencias de la Generalitat: Salomé Pradas y Emilio Argüeso, entonces consejera de Interior y secretario autonómico de Emergencias, respectivamente.

La primera en declarar ha sido Pradas, que ha respondido sólo a preguntas de su abogado. Según fuentes judiciales, se ha derrumbado ante la jueza y su declaración se ha producido entre lágrimas. Ha asegurado que no tenía conocimientos ni experiencia en Emergencias pero, sobre todo, ha exculpado al presidente de la Generalitat.

Según fuentes judiciales, ha defendido que no se estuvo esperando a Mazón para enviar la alerta que la jueza ha cuestionado por ser tardía y errónea. Pradas ha explicado que el retraso se debió a los técnicos.

La ex consejera, que ha dejado claro que esa tarde habló por teléfono con el presidente Mazón y con su jefe de gabinete para trasladarles lo que ocurría, ha subrayado que el ES-Alert era un sistema que hasta ese momento estaba en pruebas, por lo que el trámite para lanzar el aviso masivo a los móviles se demoró por cuestiones técnicas. Es más, según Pradas, como se desconocía el desbordamiento del Poyo, no hubo supuesto retraso en el envío de la alerta.

Según estas fuentes judiciales, Pradas ha insistido en que ella no dirigía la emergencia, a pesar de que la jueza le atribuye el mando único. En este sentido, ha subrayado que en la gestión estaban implicados muchos técnicos que debían coordinarse no sólo con el Gobierno autonómico, sino también con el central.

De hecho, ha llegado a decir que en la reunión del CECOPI había multitud de expertos, salvo ella misma y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que eran cargos institucionales.

Según ha precisado, ella es licenciada en Derecho y en la Consejería de Interior no contaba con asesores en materia de emergencias, por lo que las medidas que se tomaron el 29 de octubre eran las que proponían los técnicos. Eso sí, ha defendido que ella estuvo al pie de cañón desde el primer minuto, según fuentes judiciales.

En este sentido, ha llegado a decir que nunca había hecho frente a una emergencia como la que significó la dana, además de que sólo llevaba tres meses al frente de la Consejería. En su caso, ha reiterado que no tenía conocimientos técnicos, aunque en la sala del CECOPI se sentaban en la mesa personas cuya experiencia sumaba 100 años. En este punto, ha apuntado que el director operativo era el responsable de bomberos, José Miguel Basset.

Sobre el auto de la jueza que situaba el mando único en la Generalitat, Pradas ha matizado que el plan de inundaciones establece que cuando se decreta el nivel 2 de la emergencia se constituye un comité de dirección, con un representante de cada administración. Esta es justamente la tesis que esgrime el Gobierno de Carlos Mazón, que atribuye parte de la responsabilidad de la gestión a la Delegación del Gobierno. Según sus palabras, esta dirección única era colegiada y coordinada.

En esta línea, también ha dicho, tal y como ha sostenido la Generalitat en un informe remitido a la jueza, que se alertó a todos los ayuntamientos de la emergencia, pidiendo además que se avisase a la población.

Y, al igual que ha argumentado el Ejecutivo de Mazón en estos meses, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) era la que debía vigilar los cauces y alertar de su crecimiento, algo que no se hizo en el caso del barranco del Poyo. Según Pradas, se actuó conforme a la información que suministraban la CHJ y la Aemet.

De hecho, Pradas ha dejado claro que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, no informó en la reunión del CECOPI sobre el desbordamiento del Poyo, lo que provocó que toda la atención estuviese puesta en la presa de Forata. Es más, ha asegurado que quien informó del desbordamiento del río Magro fue el alcalde de Utiel, el popular Ricardo Gabaldón, y no la CHJ.

También ha criticado que la delegada y los representantes de la Aemet y la CHJ no estuvieran presencialmente en el CECOPI, sino que se conectaron telemáticamente. Incluso ha censurado que Polo estuviese en la mañana del día 29 en unas jornadas de la Universidad Politécnica de Valencia, lo que evidenciaría en su opinión su escasa preocupación.

Pradas, además, ha aportado voluntariamente un listado de llamadas efectuadas el día de la tragedia, entre las que figuran las que hizo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que él mismo reconoció.

 Gritos de "asesinos" a la entrada
La ex consejera, que estaba citada a las 10 horas, ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia -donde se ubica temporalmente el juzgado de Catarroja- media hora antes y visiblemente nerviosa por los momentos de tensión que se han vivido. Ha hecho su entrada entre gritos de "asesinos" y mientras sonaba una sirena, pues un grupo de familiares y víctimas de la dana se ha concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia con pancartas en las que se leía "'nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia".

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Minutos después ha llegado Argüeso, que tampoco ha hecho declaraciones y ha esquivado a los periodistas, aunque su comparecencia no está prevista hasta las 12.30 horas. La declaración de Pradas ha comenzado aproximadamente a las 10.15 horas, respondiendo sólo a las preguntas de su abogado, Eduardo de Urbano.

Su comparecencia en el juzgado se produce, además, cuando la causa judicial ha dado un giro con la presentación en el juzgado de Catarroja de los mensajes de WhatsApp que Argüeso se cruzó con multitud de cargos el día 29 de octubre. De las conversaciones se desprende que la Generalitat estaba al tanto de la grave situación desde primera hora de la mañana.

Es más, el Ejecutivo autonómico estaba preparado a las 17.28 horas para una posible evacuación de la población. Es decir, a la hora en que Mazón aún estaba en el restaurante de El Ventorro y casi tres horas antes de que se decidiese enviar la alerta "tardía", según la jueza, de las 20.11 a los móviles.

 A esa hora, cuando ya había arrancado la reunión del CECOPI en la que estaba Argüeso, la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, le pregunta por los municipios a los que afectará la evacuación, preocupada por las residencias que gestiona. A las 17.34, ella misma informa en un chat con cargos de su departamento de esa medida que finalmente se descartaría: «Que no salga nadie por favor. Os contamos en un rato porque puede haber evacuaciones».

También a las 14.44, Argüeso advierte desde Carlet de que «los barrancos están a punto de colapsar». Además, hay otro chat de «Emergencias» en el que Argüeso advierte a las 7.57 horas: «Nos acaba de informar Aemet que van a emitir un aviso de nivel rojo para la zona del litoral sur de Valencia hasta las 12 horas». En este grupo estaba también el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca.

No fue la única advertencia que hizo Argüeso a primera hora del 29 de octubre. En el chat con los altos cargos de la Consejería de Servicios Sociales, el ex secretario autonómico repite que se va a declarar la alerta roja en el litoral sur, y agrega a las 7.52 de la mañana: «Si alguien vive o tiene familia en esa zona voy a decretar nivel 1, empiezan los incidentes graves».

 De hecho, la defensa de Argüeso ya se dirigió con un primer escrito a la jueza para defender que el día de la dana había actuado «con absoluta responsabilidad y diligencia». En esta línea, también Pradas ha denunciado ser una «cabeza de turco» porque se está obviando «que existía codirección con la delegada del Gobierno» en la reunión de la emergencia del CECOPI.

A pesar de que tanto PSOE como Compromís auguraron ayer que los imputados «tirarán de la manta», lo cierto es que Pradas de momento ha seguido al pie de la letra el guión del Gobierno de Mazón para implicar a Pilar Bernabé.

El presidente de la Generalitat aseguraba este jueves que los mensajes que recoge el informe pericial de Argüeso demuestran que la Generalitat actuó allí donde tenía información. Es decir, en el entorno del Magro y de la presa de Forata, pero no en el barranco del Poyo, de cuyo desbordamiento no informó la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es lo que sostiene la Generalitat en un informe remitido también esta semana a la jueza, en el que responsabiliza también a los alcaldes por su inacción.

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