El socio minoritario del Gobierno quiere que el parque público de vivienda alcance el 10% del total en dos años
Politica17 de abril de 2025
Impacto España Noticias
Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso proponiendo que las viviendas amenazadas con desahucio pasen a formar parte del parque público de viviendas para ofrecerlas en régimen de alquiler, así como "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.
Son dos propuestas que el grupo plurinacional ha incorporado a su proposición no de ley relativa al parque público de vivienda y que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja.
En esta propuesta, Sumar asevera que la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales de la actualidad, principalmente por la falta de casas asequibles y el desajuste entre salarios y lo precios del mercado inmobiliario.
La coalición de partidos liderada por Yolanda Díaz apunta que este escenario empeora si se tiene en cuenta la acaparación de viviendas por parte de fondos de inversión y corporaciones inmobiliarias y la baja tasa en España de viviendas destinadas al alquiler social. En concreto, Sumar dice que en España hay 320.000 viviendas públicas de carácter social y asequible, cuando la cifra debería rondar los 1,8 millones para situarse en el promedio europeo.
Con todo ello, Sumar ha lanzado una batería de propuestas orientadas a hacer crecer el parque público de vivienda. La primera de ellas es pedir al Gobierno que se alcance el 10% en 2027 y el 20% en 2035 del porcentaje de vivienda pública social y asequible, incluida la vivienda pública en régimen de alquiler y dedicar, al menos, el 2% del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el 2035, con el objetivo final de cuadruplicar el porcentaje actual.
ASÍ SE ERRADICAN LOS DESAHUCIOS
A renglón seguido, Sumar plantea "erradicar los desahucios" incorporando la vivienda amenazada con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler, garantizando que la renta no supera el 30% de los ingresos del hogar, o garantizando una renta mínima o una moratoria en casos de vulnerabilidad, dependiendo de las condiciones particulares que deberán ser debidamente justificadas.
A tal efecto, el grupo plurinacional propone al Ejecutivo dotar la partida presupuestaria correspondiente, pudiéndose articular a través de la futura empresa estatal de vivienda.
Por otro lado, se plantea la "posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de bancos y fondos, así como sobre el suelo en desuso y viviendas vacías en zonas rurales, para su posterior incorporación al parque público.
En este escenario, Sumar propone que el Gobierno presente un proyecto de ley que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de la función social de la propiedad, en especial de los suelos urbanos y urbanizables de uso residencial. También se plantea un programa de adquisición de viviendas privadas, mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, por parte de todas las administraciones, para dedicarlas al parque público y así poder alcanzar más rápidamente el objetivo marcado en el punto anterior.
CONSTRUIR 150.000 VIVIENDAS AL AÑO
Otra de las propuestas de Sumar es impulsar a través de las empresas municipales y autonómicas de vivienda o la empresa estatal de vivienda, la construcción anual de 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles, para lo que Sumar considera "imprescindible" que se materialice, con la mayor celeridad posible, el traspaso al SEPES de los activos de suelo y viviendas de la Sareb.
Por último, Sumar urge a asegurar que las viviendas del parque público se gestionan, exclusiva y directamente, desde las administraciones públicas como garantía de que, en el presente y en el futuro, el objetivo de estas sea su uso como vivienda y no la extracción de rentas.
No obstante, el grupo plantea que la gestión de estas viviendas "únicamente" se pueda ceder a entidades sin ánimo de lucro cuando la administración competente acredite la imposibilidad de gestión directa, a través de convenios en lo que, entre otras cuestiones, se mantenga la calificación de las viviendas durante el tiempo de cesión de la gestión
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