El escándalo silencioso: cómo Moncloa financió la agenda privada de Begoña Gómez con dinero público

Mientras el ciudadano de a pie hace malabares para llegar a fin de mes, en los pasillos alfombrados de La Moncloa se gestaba otro episodio de lo que ya parece una serie infinita de impunidad y privilegios. El caso de Cristina Álvarez, asistente personal de Begoña Gómez —esposa del presidente Pedro Sánchez—, no es una anécdota: es un síntoma del desprecio absoluto por la legalidad y la ética pública que ha infectado las más altas esferas del poder.

32.606 euros de "productividad"... ¿para servir a quién?
Entre 2020 y 2024, el Ministerio de la Presidencia pagó más de 32.600 euros en pluses a Álvarez por "productividad". ¿Qué tipo de productividad justifica ese pago? ¿Coordinar reuniones, redactar informes institucionales, asesorar en políticas públicas?

Nada de eso. Lo que hizo esta funcionaria fue encargarse del día a día de una cátedra privada, la de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense, dirigida por la propia Begoña Gómez. Es decir: una trabajadora pública fue pagada con fondos públicos para ejecutar tareas privadas. Así de claro. Así de escandaloso.

¿Puede una funcionaria de Moncloa hacer negocios privados por encargo de la mujer del presidente?
La pregunta es brutal, pero necesaria: ¿puede una funcionaria del Palacio de la Moncloa dedicarse a gestionar asuntos privados de la esposa del presidente, contactar con empresas que reciben dinero público y, además, pedirles financiación para actividades que subvencionan a la propia Begoña Gómez?

Porque eso es exactamente lo que ocurrió. Cristina Álvarez no solo coordinaba su agenda: gestionaba fondos, enviaba correos a patrocinadores, organizaba actos privados y hasta solicitaba apoyo económico a compañías que, a su vez, recibían contratos y subvenciones públicas. Un bucle de intereses cruzados que huele a clientelismo, tráfico de influencias y malversación.

Dinero público que circula en círculos privados
El asunto se agrava aún más al comprobar que el Africa Center y la cátedra de Begoña Gómez recibieron financiación directa de empresas que habían sido subvencionadas por el propio Gobierno que presidía su marido. Algunas de estas empresas, según consta en la causa judicial, recibieron cartas de recomendación firmadas por la propia Begoña Gómez, en su calidad de directora de la cátedra, para acceder a fondos europeos o adjudicaciones públicas.

Es decir: una estructura académica dirigida por la esposa del presidente intercedía ante el Gobierno del presidente para beneficiar a empresas privadas, que luego devolvían el favor financiando sus actividades. Un circuito opaco donde los roles público y privado se entrelazan de forma inaceptable.

“Confianza”, “afinidad”… y una red de favores
Para justificar lo injustificable, Moncloa redacta informes cargados de palabrería hueca: que Álvarez fue contratada por su "afinidad", que su labor requería "confianza"... Lo que realmente hace falta para cobrar un sueldo público en España, al parecer, no es un mérito profesional, sino una amistad con la esposa del presidente.

Los correos incorporados a la causa judicial lo dejan claro. En uno de ellos, dirigido a una directiva de Reale Seguros, Álvarez escribe: “Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior”. ¿Esto es trabajo institucional? ¿O es tráfico de favores?

“Las presiones mediáticas y políticas amenazan la independencia judicial” – Ex juez del TEDH Javier Borrego

Silencio, evasivas y un gobierno que se esconde
Hoy, tanto Álvarez como Gómez están imputadas. Pero en lugar de explicaciones, el Gobierno responde con evasivas. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, dice no saber nada. Todo apunta a Raúl Díaz Silva, uno de los hombres fuertes del presidente. Nadie se hace responsable, pero todos cobraban.

Mientras tanto, se ignoran las preguntas, y los medios afines barren el asunto bajo la alfombra. Pero el hedor es inconfundible.

 ¿Hasta cuándo?
Este no es un caso aislado. Es parte de una cultura política que desprecia la transparencia, el mérito y la rendición de cuentas, y que opera bajo la lógica del "todo vale si estás con los míos". Si una asesora cobra por hacer de secretaria de la esposa del presidente, si se usan correos oficiales para pedir dinero a empresas privadas con contratos públicos, y si se firman cartas de recomendación para beneficiarlas desde la universidad... entonces el problema no es solo de personas, es del sistema.

Y lo peor: lo estamos pagando todos.

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