
La CNMV aprueba la OPA de BBVA sobre Sabadell
Así, autoriza la opa por el 100% del Sabadell al precio ya conocido de una acción de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco de Sabadell
La deuda pública, que ya representa más del 103% del PIB según estimaciones basadas en el crecimiento económico de 2024, continúa su escalada imparable
Economia22 de abril de 2025Mientras la atención pública se concentra en el reciente fallecimiento del Papa Francisco y en las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ensalzando su figura y compromiso con causas como la paz, la justicia social y, cómo no, el cambio climático, un dato económico de enorme relevancia pasa casi desapercibido: la deuda pública española ha vuelto a marcar un nuevo récord histórico.
Según los últimos datos publicados este martes por el Banco de España, el endeudamiento público cerró febrero en 1,646 billones de euros, es decir, 1.646 miles de millones de euros, un máximo nunca visto, con un incremento del 2,6% interanual y 8.194 millones más que en enero de 2025. Este récord, que supone un crecimiento de 46.100 millones respecto al cierre de 2024, está fuertemente lastrado por el creciente déficit de la Seguridad Social, cuyo «agujero» financiero sigue profundizándose.
Mientras el discurso oficial se centra en compromisos globales como la reducción de las emisiones para 2030, el anuncio de Sánchez de que España alcanzará este año el 2% del PIB en defensa, la Unión Europea, la OTAN, Ucrania, Putin o Trump, la situación económica interna revela una realidad muy preocupante. La deuda pública, que ya representa más del 103% del PIB según estimaciones basadas en el crecimiento económico de 2024, continúa su escalada imparable, impulsada en gran medida por el desequilibrio de la Seguridad Social.
A cierre de febrero de 2025, la deuda de las Administraciones de la Seguridad Social se situó en 126.173 millones de euros, un 8,6% más que en el mismo mes del año anterior. Este incremento refleja un deterioro estructural del sistema, que ha visto su pasivo duplicarse en apenas cuatro años, pasando de 55.000 millones en 2020 a los niveles actuales.
Este aumento se debe principalmente a los préstamos concedidos por el Estado para financiar el déficit presupuestario de la Seguridad Social, agravado por la revalorización de las pensiones con el IPC y el incremento del gasto en pensiones contributivas, que creció un 10,8% en 2023, sumando 16.400 millones adicionales.
El «agujero» de la Seguridad Social, que alcanzó los 103.000 millones de euros en patrimonio neto negativo en 2023, sigue creciendo a pesar de las transferencias estatales y los esfuerzos por engrosar el Fondo de Reserva de las pensiones, que cerró septiembre de 2024 con 8.400 millones.
Este fondo, sin embargo, se financia con deuda, lo que equivale a “pedir un préstamo para guardar dinero en el banco”, según analistas. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en 2018, la deuda de la Seguridad Social ha crecido un 233%, pasando de 34.888 millones a 126.173 millones, triplicando su peso relativo hasta el 7,9% del PIB.
El total de 1,646 billones de euros en deuda pública a febrero de 2025 refleja un aumento de 19.549 millones solo en el último mes, con el Estado y las comunidades autónomas como principales impulsores. El endeudamiento del Estado alcanzó 1,47 billones (90,89% del total), mientras que las comunidades autónomas sumaron 336.424 millones, un 3,4% más que en 2024.
Las corporaciones locales, por su parte, redujeron ligeramente su deuda a 22.958 millones. Sin embargo, es la Seguridad Social la que destaca por su ritmo de endeudamiento, con un incremento interanual muy superior al del resto de administraciones.
Este nuevo récord de deuda de las administraciones públicas, lastrado por el agujero de la Seguridad Social, evidencia una vulnerabilidad significativa para la economía española. Sin reformas estructurales que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones y un control más riguroso del gasto, España corre el riesgo de cargar a las generaciones futuras con una deuda insostenible, contradiciendo los ideales de justicia intergeneracional que el Ejecutivo dice defender.
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