Impacto España Noticias
Mientras millones de españoles sufrían las consecuencias de un apagón nacional que paralizó hogares, hospitales y servicios esenciales, la presidenta de Red Eléctrica (ahora Redeia), Beatriz Corredor, permanecía en un silencio clamoroso. Ni una comparecencia pública, ni una explicación técnica, ni una rendición de cuentas a la ciudadanía. Solo silencio. Un apagón eléctrico, sí, pero también un apagón informativo.
La gestión opaca de una infraestructura crítica
Corredor dirige la empresa encargada de garantizar el transporte eléctrico en toda España. Su responsabilidad no es menor: hablamos de una infraestructura crítica nacional, un servicio esencial que afecta directamente al funcionamiento de todo el país. Red Eléctrica es, además, una empresa con participación estatal (20% pertenece a SEPI) y, por tanto, financiada en parte con dinero público.
Que en una situación de emergencia nacional la presidenta de esta entidad no haya dado la cara públicamente ya es, en sí, un escándalo. Pero el problema va mucho más allá de la ausencia: se trata de un nombramiento político sin justificación técnica, rodeado de sombras, favores cruzados y vínculos personales con el poder.
Una presidenta sin formación técnica en energía
Beatriz Corredor no tiene formación académica ni experiencia profesional en el sector energético. Su carrera se ha desarrollado en el ámbito inmobiliario y político, habiendo sido ministra de Vivienda entre 2007 y 2008 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien sigue siendo una persona de confianza.
Su designación al frente de Redeia no se basó en méritos técnicos sino en criterios políticos, como se denuncia desde distintos sectores. Y ahora, ante una crisis eléctrica sin precedentes, esa carencia de competencias se hace evidente. Fuentes internas de la empresa han señalado “falta de liderazgo técnico” y una gestión marcada por el “desconcierto y la descoordinación”.
Red Eléctrica y su alianza con la esposa del presidente
El silencio de Corredor durante el apagón se vuelve aún más escandaloso al observar sus prioridades públicas recientes. Lejos de centrarse en la mejora del servicio eléctrico, Corredor ha estado colaborando activamente con la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirige Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense.
Red Eléctrica no solo aparece como “empresa colaboradora fija” de esta cátedra en su publicidad institucional, sino que también ha impulsado sus actividades a través de notas de prensa y participación directa de su presidenta en actos públicos. Incluso Corredor agradeció públicamente, hace apenas dos meses, la oportunidad de intervenir en una jornada con los alumnos del máster que dirige Gómez.
Una cátedra politizada y opaca
La cátedra en cuestión promueve un concepto llamado “transformación social competitiva”, un término acuñado por la propia Begoña Gómez y adoptado por la presidenta de Red Eléctrica como parte de su discurso. Este marco ideológico, sin ningún respaldo académico sólido ni trayectoria reconocida en el ámbito empresarial, encaja con los postulados ideológicos de la izquierda y busca legitimar un modelo en el que las empresas públicas se alinean con agendas políticas y personales.
El problema no es solo conceptual. La colaboración entre Red Eléctrica y la cátedra de la esposa del presidente carece de transparencia: se desconoce el importe económico de la participación, la naturaleza contractual de esa relación, y si hubo concurrencia competitiva u otros criterios de asignación objetiva. La empresa se ha negado a ofrecer esta información a la prensa, lo que agrava aún más la percepción de opacidad y favoritismo.
Una red clientelar en plena imputación judicial
La situación se vuelve todavía más grave si se tiene en cuenta que Begoña Gómez está actualmente imputada por un juzgado de Madrid. Se le investiga por haber usado su posición para favorecer empresas mediante cartas de recomendación en procesos de contratación pública. La implicación de Corredor en actividades promocionales o formativas ligadas a esta cátedra, financiadas con recursos de una empresa semipública, podría tener derivadas judiciales si se demuestra un uso instrumental de los recursos públicos para beneficio de un entorno personal y político.
Una empresa estratégica al servicio del poder
El caso de Red Eléctrica es el reflejo más nítido de cómo los tentáculos del poder político han colonizado instituciones clave del Estado. Con beneficios de 690 millones de euros en 2023 gracias a su posición monopolística, la empresa debería estar centrada en garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y mejorar la resiliencia ante emergencias. En cambio, su dirección se dedica a hacer “match” ideológico con cátedras del entorno presidencial.
En un país serio, una presidenta que no responde ante un apagón y cuya gestión está contaminada por la sospecha de clientelismo político debería dimitir de inmediato o ser cesada. Sin embargo, en España, su continuidad parece garantizada mientras se mantenga fiel al relato oficial y útil a los intereses del poder.
¿Demasiados “enchufes”? El chispazo final de un sistema saturado por el PSOE
Quizá la causa del apagón no haya sido técnica, sino simbólica. Porque cuando una infraestructura nacional como Red Eléctrica está tan plagada de “enchufes” políticos, llega un punto en que el sistema se sobrecarga. Y cuando todos los puestos clave responden más al carnet del partido que a la capacitación técnica, lo inevitable ocurre: salta la luz, pero también salta la verdad.
No faltan quienes ironizan que el apagón no fue producto de una avería, sino del exceso de enchufes socialistas conectados a una red pública que ya no aguanta más. Si cada nombramiento se convierte en una recompensa, cada colaboración institucional en un favor, y cada cargo directivo en una prolongación del poder político, lo extraño no es que ocurra una crisis, sino que no ocurra todos los días.
Al final, el cortocircuito no fue solo eléctrico: fue institucional, ético y democrático.
Cuando el enchufe es más importante que la electricidad
La ciudadanía tiene derecho a exigir que las empresas públicas no sean utilizadas como plataformas de propaganda ideológica ni como moneda de cambio en las redes de favores del poder político. El caso de Beatriz Corredor, la Cátedra de Begoña Gómez y el apagón nacional no es solo una anécdota de mal gobierno. Es un símbolo de una decadencia institucional que amenaza con erosionar la credibilidad del Estado y la confianza de los ciudadanos.
Porque en este apagón, lo que más preocupa no es que faltara la luz. Es que sobraban los enchufes.
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